La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó hoy dos testimonios clave. Durante más de dos horas, Graciela Molina y Victoria Cancio -las dos policías que figuran como acreedoras de un préstamo hipotecario a favor del funcionario- declararon ante el fiscal Gerardo Pollicita en los tribunales de Comodoro Py.

El origen de los fondos y la operatoria

Las testigos explicaron que el préstamo de U$S100.000 se originó en una herencia obtenida tras juicios sucesorios. El dato más llamativo de la declaración fue la falta de vínculo personal. Ambas negaron conocer a Adorni fuera de su rol público y señalaron que la transacción se gestionó íntegramente a través de la escribana Adriana Nechevenko.

El dinero fue entregado en efectivo en la escribanía. Según detallaron, el acuerdo establece cuotas mensuales de aproximadamente 900 dólares, con un interés anual del 11%. Las mujeres aportaron sus teléfonos móviles, chats con la escribana y recibos que documentan los pagos. Indicaron que Adorni o sus colaboradores depositan el dinero en la escribanía, donde ellas pasan a retirarlo.

Inconsistencias y sospechas

Aunque el cumplimiento de las cuotas y el pago de intereses al 11% restan suspicacias sobre este crédito en particular, la fiscalía mantiene el foco en la "trazabilidad de los fondos" y la capacidad económica de las prestamistas. La investigación busca determinar si el patrimonio declarado por las oficiales de policía es consistente con la posibilidad de desprenderse de una suma de tal magnitud.

El horizonte judicial de Adorni se complica hacia el final del año: el acuerdo vence en noviembre y el funcionario debe afrontar un pago final de 70.000 dólares.

El "crédito a tasa cero" en Caballito

La agenda judicial continuará el miércoles con una comparecencia clave: las vendedoras de un departamento en Caballito. A diferencia del préstamo de hoy, aquella operación involucró un saldo de *U$S200.000 financiado a un año y, llamativamente, sin intereses, un esquema que la Justicia considera inusual para el mercado inmobiliario actual y que constituye el núcleo de la sospecha por enriquecimiento ilícito.