La Justicia Federal ultima detalles para uno de los pasos procesales más importantes en el marco de la investigación de un posible tráfico de influencias en el ámbito de la Cámara de Apelaciones. A pedido del fiscal federal Agustín Chit, el juez federal subrogante José Manuel Díaz Vélez, al frente del juzgado n° 2, deberá decidir esta semana cuándo declarará como imputado el abogado Luis Alejandro Ontiveros. La causa se inició el 29 de abril de 2025, cuando Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, jefe de investigación en la actual ARCA (ex AFIP), se presentó ante la fiscalía para relatar un presunto intento de venta de sentencias. Acusó a Ontiveros, señalado como “sobrino” del camarista Mario Leal, quien habría ofrecido un fallo favorable para el hijo del denunciante, Jerónimo Martínez Parada -procesado por lavado de activos en Catamarca-, a cambio de una suma que oscilaba entre los 80.000 y 100.000 dólares.

Ontiveros, a través de una extensa declaración espontánea por escrito, sostuvo que su imputación no es el resultado de un acto de corrupción, sino el daño colateral de una maniobra diseñada para destruir la carrera de su esposa, la abogada y relatora Solana Casella. Según el escrito, el avance de la causa coincide con el proceso de selección donde Casella integra la terna para ser jueza Federal N° 1 de Tucumán, con competencia electoral. Pero además intentó refutar las pruebas que hasta aquí colectó el fiscal. En su presentación se concentró en desarmar los presuntos encuentros en bares de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena donde, según Martínez Salazar Pérez, se habrían reunido para negociar los pagos. El abogado sostiene que el denunciante construyó una “ficción narrativa” basada en hechos reales pero distorsionados para sustentar la acusación. Para ello, Ontiveros aporta un análisis de las antenas de telefonía que, según su versión, demuestran que el 10 de marzo de 2023 -fecha del primer supuesto encuentro en un bar- el denunciante nunca salió de su oficina en la sede de ARCA, situada a más de un kilómetro del lugar.

El descargo aborda además la segunda reunión del 15 de abril de 2025, donde el funcionario afirmó haberse reunido con Ontiveros quien había llegado, según la denuncia, en un Toyota Corolla Cross blanco. Aquí, la defensa, representada por Miguel Ángel Pierri, señala lo que considera un “error de principiante” en el armado de la causa: la patente aportada por el testigo (AF397CU) pertenece a una persona llamada Solana Caínzo, quien no tiene vinculación alguna con los protagonistas. “Tomaron los datos de un vehículo similar creyendo que era el de mi esposa, pero la prueba técnica los desmiente”, afirma Ontiveros. Para el abogado, esta confusión de identidades vehiculares es la prueba máxima de que el relato fue “premeditadamente fabricado” para involucrar a su grupo familiar en un esquema delictivo inexistente.

Respecto al único encuentro que Ontiveros admite haber tenido el 21 de abril, el abogado ofrece una explicación estrictamente profesional. Sostiene que la charla giró en torno a honorarios por un posible asesoramiento legal y que la mención de “trabajar a resultado” se refería al éxito de una estrategia jurídica legítima y no a la compra de una voluntad judicial. “Si yo hubiera tenido las influencias que él dice, ¿para qué me consultaría mi opinión técnica sobre la causa?”, se pregunta Ontiveros en el texto, intentando demostrar que el denunciante lo buscó como abogado y no como un gestor de influencias en las sombras de la Cámara Federal.

La fiscalía de Agustín Chit, sin embargo, mantiene una postura firme basada en los hallazgos del teléfono de Ontiveros. El Ministerio Público pone el foco en las anotaciones encontradas que detallan movimientos internos de la Cámara y el seguimiento de expedientes ajenos a la labor profesional del imputado. Durante el peritaje al teléfono celular de Ontiveros, se detectó una imagen. Según el requerimiento del fiscal, la fotografía mostraba un documento oficial donde figuraba la imputación de Jerónimo Martínez Parada y otros acusados en la causa. De acuerdo con el informe técnico, se trataba de la resolución de auto de mérito dictada el 10 de marzo de 2023 por el Juzgado Federal de Catamarca. Los metadatos de la imagen indicaron que fue creada cuando el expediente se encontraba bajo revisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Los peritos observaron que, en la parte superior de la captura, aparecía visible la barra de marcadores con la leyenda: “Zimbra:: Inbox (977)”. Según destacó el fiscal, esa referencia corresponde a la casilla de correo oficial del Poder Judicial de la Nación, utilizada exclusivamente por magistrados, funcionarios y empleados judiciales. Para el Ministerio Público, este elemento permite inferir que la captura no fue tomada desde un dispositivo personal común, requirió acceso a una computadora del PJN, y debió haber sido obtenida por un tercero con credenciales habilitadas, que luego la facilitó a Ontiveros.

Además, el fiscal ha remarcado la actitud de Ontiveros previa al secuestro de su móvil, alegando que borró sus cuentas de WhatsApp y Telegram para ocultar evidencia. El abogado se defiende de esta acusación alegando una ruptura en la cadena de custodia: afirma que el teléfono fue secuestrado a las 9.30 y el borrado figura a las 11.03, momento en el cual el dispositivo ya estaba bajo custodia de la fuerza de seguridad, sugiriendo una manipulación externa.

La relación con el camarista Mario Leal vuelve a aparecer en este tramo de la defensa como un escudo. Ontiveros justifica el uso de las tarjetas de crédito y los vehículos del magistrado como parte de una “economía familiar compartida” debido a su estrecho vínculo, rechazando que estos beneficios fueran una contraprestación por servicios ilegales dentro del tribunal. El letrado argumenta que la fiscalía intenta transformar una relación de afecto en un esquema de corrupción institucional, sin considerar que compartir bienes o gastos no está tipificado como delito en el código penal. Para la defensa, el fiscal realiza una interpretación sesgada de la realidad para forzar una imputación que no resiste un análisis técnico serio. El fiscal, en tanto, advierte que la relación es tan estrecha que la casa donde viven Ontiveros y Casella “figura con una titularidad del camarista Mario Leal y anteriormente era titular la esposa del investigado, la Dra. Solana Casella”, dice el requerimiento de indagatoria, y el abogado posee extensiones de tarjetas de crédito del magistrado,

Actualmente, el proceso se encuentra a la espera de que Díaz Vélez resuelva el día de la indagatoria. La querella, encabezada por Juan Andrés Robles, insiste en que las pruebas de geolocalización y los chats son “abrumadores” y que la declaración espontánea de Ontiveros es solo un intento desesperado por dilatar la indagatoria. Mientras tanto, el clima de sospecha no se disipa en los pasillos de la Cámara Federal, cuyos miembros se excusaron de intervenir por la mención a Leal, pero que esperan que la causa avance y finalmente se determine qué fue lo que realmente pasó.