El juez en lo Penal Económico Diego Amarante rechazó el pedido presentado por Claudio “Chiqui” Tapia para salir del país durante 60 días, en el marco de la causa en la que se investiga a la AFA por presuntas irregularidades tributarias.

El expediente apunta a una supuesta apropiación indebida de aportes previsionales y otros incumplimientos fiscales que superarían los $19.000 millones. En ese contexto, el magistrado ya tomó declaración indagatoria al presidente de la AFA, al tesorero Pablo Toviggino y a otros dirigentes, y ahora debe resolver la situación procesal de los imputados.

Según se desprende de la resolución, Amarante consideró que el pedido de Tapia carecía de precisión. Y entre los puntos observados, el juez mencionó la falta de un itinerario claro, documentación desactualizada y antecedentes que no resultaron favorables a la hora de evaluar la solicitud.

Un plan genérico que dificulta el proceso judicial 

El fallo remarca que, a diferencia de autorizaciones anteriores (en las que fueron otorgadas para viajes puntuales), en esta ocasión se trataba de un planteo genérico, sin destinos definidos ni una agenda concreta, lo que dificultaba garantizar la sujeción del dirigente al proceso judicial.

Además, el magistrado llamó la atención sobre la frecuencia de los viajes al exterior en relación con su rol en la CEAMSE, en donde percibe un salario elevado. En ese sentido, consideró inusual que una persona con responsabilidades públicas declare pasar una parte significativa de su tiempo fuera del país.

No es la primera vez que la Justicia limita los movimientos de "Chiqui". En un episodio previo, Tapia había intentado modificar de manera unilateral un itinerario ya autorizado, lo que también fue tenido en cuenta al momento de analizar este nuevo pedido.

La causa judicial se centra en determinar si existió delito en el manejo de fondos vinculados a impuestos y aportes. Si bien la defensa sostiene que parte de la deuda fue regularizada y que existían normas que suspendían la ejecución fiscal, la investigación continúa para establecer si hubo apropiación indebida, un delito que contempla penas de prisión.