Ante lo que consideran una respuesta insuficiente de las conducciones nacionales (Cpacf y FACA), un frente de casi 30 colegios de abogados de todo el país inició una fuerte embestida judicial contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.
La presentación, que ingresó al fuero Contencioso Administrativo Federal, busca suspender los artículos de la ley que afectan el ejercicio profesional y la naturaleza alimentaria de sus ingresos.
El núcleo del reclamo: honorarios y federalismo
Bajo el patrocinio de Alberto Spota, la demanda solicitó la inconstitucionalidad de los artículos 20 y 227 de la Ley de Contrato de Trabajo, recientemente modificados. Los puntos de conflicto son dos:
1- Honorarios en cuotas: los letrados argumentan que sus emolumentos tienen carácter alimentario y que el pago fraccionado vulnera el derecho de propiedad.
2- Costas judiciales: denuncian una "utilización desviada" de las normas procesales. Sostuvieron que la regulación de costas es una facultad de las provincias no delegada a la Nación, por lo que la ley nacional estaría invadiendo jurisdicciones locales.
Estrategia legal para evitar dilaciones
A diferencia de otras presentaciones, esta acción colectiva incluyó un pedido preventivo para evitar las tácticas dilatorias del Estado. Los colegios solicitaron que no se aplique el traslado previo al Poder Ejecutivo (previsto en la Ley de Medidas Cautelares) y que una eventual apelación oficial no suspenda los efectos del freno judicial que buscan obtener en primera instancia.
El movimiento, motorizado inicialmente por el Colegio de Abogados de Villa María (Córdoba), logró una adhesión masiva que abarca desde Jujuy hasta Ushuaia. Entidades de Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Salta, Neuquén y Chubut, entre otras, firmaron la demanda, que expuso una fractura interna en la representación gremial de los abogados frente a la política de "sesiones extraordinarias" del oficialismo.