La crisis en el sistema de atención a personas con discapacidad sumará esta semana un nuevo capítulo. Instituciones terapéuticas y educativas de Tucumán confirmaron un cese de actividades durante tres jornadas en reclamo por la falta de pagos y los fuertes atrasos en las prestaciones.
La medida fue anunciada por la Cámara de Instituciones Terapéuticas y Educativas de Discapacidad de Tucumán, que advirtió sobre una situación financiera “grave” que compromete la continuidad de los tratamientos.
El paro se realizará el viernes 13, miércoles 18 y jueves 19 de marzo, días en los que se suspenderán terapias y prestaciones destinadas a niños, adolescentes y adultos con discapacidad.
Según informaron desde la entidad, el reclamo apunta a la falta de pagos por parte de PAMI, Incluir Salud y diversas obras sociales nacionales, una situación que —afirman— se arrastra desde hace meses y que afecta a todo el sistema de atención.
“Ante la falta de respuesta del Gobierno nacional convocamos a este cese de actividades para visibilizar una crisis que pone en riesgo la continuidad de las prestaciones”, señalaron desde la Cámara.
Impacto en las familias
Tras el anuncio institucional, distintos centros terapéuticos enviaron comunicados a las familias informando la suspensión temporal de los servicios.
En esos mensajes explicaron que la medida forma parte de un reclamo de alcance nacional frente a los atrasos en los pagos de las obras sociales, lo que genera una situación “muy difícil y asfixiante” para todo el sector.
Las instituciones remarcaron que el problema afecta no solo a los centros de atención, sino también a profesionales, transportistas y prestadores que trabajan diariamente en el acompañamiento de personas con discapacidad.
“Sabemos que estas interrupciones pueden generar inconvenientes en la organización de las familias y agradecemos profundamente su comprensión y acompañamiento en este momento”, señalaron en los comunicados.
Riesgo para los tratamientos
Durante los tres días de paro niños, adolescentes y adultos quedarán sin terapias ni tratamientos, una situación que preocupa tanto a prestadores como a familias.
Desde el sector sostienen que la medida busca visibilizar la gravedad del problema y presionar para que se encuentren soluciones que garanticen la continuidad y calidad de las prestaciones.
Mientras tanto, advierten que si no se regularizan los pagos, la sostenibilidad de muchas instituciones podría verse comprometida, lo que pondría en riesgo la atención de cientos de personas con discapacidad en la provincia.