Cerca de las 11 empezó el movimiento en los tribunales federales de avenida de los Inmigrantes 1950. Comenzó como un pequeño revuelo que fue creciendo a medida que más cámaras y micrófonos se acomodaban frente a la entrada. “¿Hacemos la gran Estudiantes de La Plata?”, se escuchó decir entre los periodistas mientras se armaba el pasillo improvisado que permitiría el ingreso de Claudio “Chiqui” Tapia.

Había expectativa. Su presencia era obligatoria, declarara o no declarara. Además, todavía estaba fresca una frase que había dejado el lunes durante la presentación de LPF Play. Tapia había sido provocador al referirse a la causa judicial. “Muchos van a transpirar, pero de vergüenza. La verdad va a salir a la luz”, expresó ese día.

La indagatoria originalmente estaba prevista para el jueves 5 de marzo. Sin embargo, Tapia consiguió postergarla tras pedir el cambio de abogado. Ahora lo representa Luis Charro y ese movimiento le permitió extender los plazos.

El presidente de la AFA llegó acompañado por su custodia en una camioneta Toyota SW4 blanca, con patente. Un detalle que no pasó inadvertido entre quienes seguimos el caso, sobre todo porque el día anterior Pablo Toviggino había arribado en un vehículo sin patente. Tapia venía sentado en el asiento del acompañante.

Cuando se bajó, lo hizo con una sonrisa. Frente a él había un pequeño malón de periodistas. Las preguntas empezaron a caer de inmediato, una tras otra, pero el dirigente no respondió. Apenas se alcanzó a escuchar un breve “Permiso” mientras se abría paso entre la multitud. Subió las escaleras principales e ingresó al edificio.

La gran pregunta era si declararía dentro de los tribunales. Finalmente no lo hizo.

Tapia permaneció cerca de una hora y media en el interior del edificio. Siguiendo el mismo patrón que ya habían utilizado los otros imputados, presentó un escrito que ahora deberá ser analizado por el juez en los próximos días.

El presidente de la AFA está imputado junto a varios dirigentes de la entidad. Entre ellos aparecen Toviggino, tesorero de la asociación, Víctor Blanco, ex secretario general y presidente de Racing, y Cristian Malaspina, actual secretario general y presidente de Argentinos Juniors.

La causa investiga la presunta retención indebida de $19.300 millones correspondientes a impuestos y aportes previsionales por parte de la AFA entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. La denuncia fue presentada por ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que actúa como querellante.

La defensa de los dirigentes pidió el cierre de la causa al considerar que no existe delito penal en los hechos investigados.

El miércoles había sido el turno de Toviggino, que también presentó un escrito en el que habría solicitado el sobreseimiento. Allí sostuvo que lo ocurrido no constituye un delito penal.

La AFA, en su defensa, no niega la existencia de la deuda. Argumenta que las demoras en los pagos se deben a un malentendido técnico. Según esa postura, una resolución oficial del Ministerio de Economía suspendía las ejecuciones fiscales de esas deudas hasta el 31 de julio de 2026, por lo que la asociación entendía que todavía estaba dentro del plazo para regularizar la situación.

La semana anterior también habían pasado por tribunales Blanco y Malaspina. Ambos negaron responsabilidad. Afirmaron no tener clave fiscal ni acceso a la generación de VEP y señalaron que esas tareas corresponden al área de tesorería.

A las 11.30 volvió a registrarse movimiento. Esta vez, de adentro hacia afuera. Sin embargo, Tapia no salió inmediatamente. Recién pasadas las 12.30 apareció nuevamente, aunque de una manera distinta a la que había ingresado.

En lugar de bajar por las escaleras principales eligió la rampa lateral. Era un camino más largo. Pero Tapia es vivo, vivaracho. Entre la rampa y los periodistas que esperaban abajo había una separación con arbustos en el medio. Eso complicaba el trabajo de todos los que buscaban una declaración, pero para él resultaba ideal. Le facilitaba esquivar preguntas.

Evitar a la prensa no fue del todo posible. En el medio de los gritos y las consultas que llegaban desde distintos huecos, Tapia fue cauteloso. “Cumplí con la Justicia”, dijo.

Después agregó otra frase, con un tono irónico que rápidamente generó comentarios entre los presentes. “Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y nosotros queremos que se juegue en el Monumental”, dijo. Esto a raíz de que en las últimas horas había trascendido el interés de España por organizar el partido en el Santiago Bernabéu.

El juez Diego Amarante tiene ahora diez días para decidir cómo continúa la causa. Por el momento, los imputados no pueden salir del país.

La hecatombe duró apenas unos segundos. Se subió rápidamente a la camioneta y partió rumbo, según pudo saber LA GACETA, al predio de Ezeiza.

Y bueno, será que a trabajar con España.