El empresario Juan Ignacio Suris fue condenado a dos años de prisión de cumplimiento efectivo por haber pagado sobornos para recibir un trato privilegiado mientras estaba detenido. La pena se suma a los siete años de cárcel que ya cumplía por una condena por narcotráfico.

Suris, conocido por su relación con la vedette Mónica Farro y por haber sido socio del llamado “valijero” Leonardo Fariña, protagonizó un escándalo por las condiciones de privilegio de las que gozaba durante su detención en la Delegación Unidad Operativa Federal (DUOF) de Santa Fe.

La sentencia fue firmada el 25 de marzo por el juez José María Escobar Cello, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe. La Justicia determinó que el empresario cometió el delito de cohecho al pagar sobornos a altos mandos policiales para obtener un régimen carcelario diferencial y comodidades inusuales para un detenido.

El fallo también alcanzó al subcomisario Leonardo Rafael Benítez y al comisario Guillermo Gabriel Gallo, quienes fueron señalados como los principales responsables de recibir los pagos y garantizarle a Suris condiciones de detención propias de un “preso VIP”.

De acuerdo con la investigación, el empresario tenía acceso irrestricto a teléfonos celulares, recibía visitas sin controles, utilizaba electrodomésticos y contaba con comidas especiales. Además, podía permanecer durante largas horas en el casino de oficiales de la dependencia.

La causa se inició a partir de una denuncia anónima recibida en enero de 2024. Desde entonces, la investigación reunió diversas pruebas, entre ellas testimonios de otros internos y de agentes policiales, registros de libros oficiales y escuchas telefónicas.

Ese material permitió confirmar el pago sistemático de coimas por parte de Suris, muchas veces a través de allegadas. Entre ellas fue mencionada Mariana Martínez, quien también resultó imputada en la causa.

Las pruebas describen un esquema de corrupción institucional dentro de la dependencia policial, donde la administración del lugar quedaba condicionada por el poder económico y las influencias del empresario.

Según relataron testigos durante el proceso, Suris era mencionado dentro de la dependencia como “el tercer comandante”, una forma de describir el nivel de poder y las libertades que tenía dentro del lugar de detención.

Varios policías declararon que era habitual verlo compartir café, mate, asados y picadas con el subcomisario Benítez. También indicaron que el detenido se movía con libertad por las instalaciones y que realizaba compras por altos montos de dinero, gestionadas por el propio personal policial, tanto para él como en ocasiones para otros reclusos.

El circuito de pagos y favores quedó asentado en documentos oficiales y en libros contables que se habrían habilitado especialmente para registrar el dinero y los pedidos de Suris, algo que no ocurría con el resto de los internos.

Los registros también indican que el empresario recibía visitas de familiares, amigos, parejas y socios comerciales, a quienes se les permitía ingresar sin restricciones, incluso en horarios nocturnos y sin controles.

En uno de los episodios mencionados en el expediente, una mujer identificada como “socia” de Suris habría entregado un millón de pesos en efectivo al subcomisario Benítez dentro del casino de oficiales, de acuerdo con la denuncia inicial y los testimonios incorporados a la causa.

En la sentencia, el tribunal consideró probado que tanto Benítez como Gallo “percibieron, de manera sistemática y en reiteradas oportunidades, sumas de dinero de parte del encartado Juan Ignacio Suris”, con el objetivo de garantizarle “una serie de prerrogativas indebidas” y un régimen de privilegio incompatible con el principio de igualdad ante la ley.

Suris, que anteriormente había sido condenado por tráfico de estupefacientes agravado, deberá ahora cumplir una pena total de nueve años de prisión tras la unificación de las condenas.

Por su parte, Benítez y Gallo fueron condenados a tres y dos años de prisión respectivamente. En el caso del subcomisario, la pena es de cumplimiento efectivo. Ambos también recibieron la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos.