“Mi vida ya no es normal”. La frase, enviada por WhatsApp a las 23.17 del 15 de diciembre pasado, sintetiza el estado de desesperación de Rodrigo Andrés Gómez, el soldado voluntario de 21 años que horas después se suicidó mientras cumplía funciones de guardia en la Quinta de Olivos.
Entre cuatro y cinco horas después de ese mensaje, el joven se arrodilló en el interior del puesto 9, ubicado en la esquina de la avenida Maipú y Malaver, dentro del predio presidencial, apoyó su fusil sobre la frente y efectuó un disparo a boca de jarro. Murió en el acto. En ese momento se desempeñaba como Soldado Voluntario del Ejército Nacional y estaba afectado a la vigilancia de la seguridad personal del Presidente de la Nación.
Gómez estaba convencido de que quien lo extorsionaba era un integrante de una fuerza de seguridad que le exigía dinero para “cajonear” una supuesta denuncia radicada por la presunta madre de una adolescente de 17 años a la que había conocido en la aplicación de citas Evermatch. Antes de tomar la decisión de quitarse la vida, sacó préstamos, pidió dinero a camaradas e intentó conseguir fondos a través de aplicaciones y sitios de otorgamiento de créditos. Hizo varias transferencias que totalizaron 1.413.000 pesos a distintas cuentas.
Pero no eran policías. Según determinó la investigación judicial, se trataba de presos alojados en cárceles bonaerenses que habían creado un perfil falso de una joven en esa app para tender la trampa.
En una reciente resolución, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado procesó con prisión preventiva a siete integrantes de la organización criminal. Cuando extorsionaron a Gómez, los dos sindicados como jefes de la banda, Tomás Francavilla y Mauricio Duarte Areco, estaban detenidos en la cárcel de Magdalena. Un tercer cómplice, Kevin Sandoval, se encontraba alojado en la Unidad 26 de Olmos, en La Plata. Ambos establecimientos dependen del Servicio Penitenciario Bonaerense. Todo el plan fue ejecutado desde las celdas mediante el uso de teléfonos celulares, consignó el diario La Nación.
En su resolución, la magistrada sostuvo que, ante la imposibilidad de conseguir el dinero y el temor de que los extorsionadores concretaran la amenaza de exponer públicamente su vida privada o provocar su detención, Gómez tomó la drástica decisión de suicidarse entre las 4 y las 5 del 16 de diciembre.
Además de los procesamientos, la jueza envió un oficio al ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, para que arbitre las medidas necesarias a fin de que los internos de cárceles provinciales dejen de tener acceso a dispositivos móviles.
“Tal como surge de las constancias del expediente en el que me dirijo, como así también de otros sustanciados ante esta misma sede judicial a mi cargo y, según entiendo, de muchos más instruidos no solo en el ámbito de la Justicia federal sino también, y fundamentalmente, de la Justicia provincial, el uso de teléfonos celulares en el ámbito carcelario bonaerense es principalmente una herramienta de trabajo imprescindible y esencial para que personas que se encuentran detenidas de manera preventiva por delitos graves o ya condenadas continúen con su empresa criminal o incursionen en otras posibles dadas las limitaciones derivadas de su privación de libertad física”, sostuvo Arroyo Salgado.
La magistrada agregó que la persistencia del uso de celulares en el ámbito carcelario, habilitada en un contexto de emergencia ya concluido como la pandemia de coronavirus, generó un espacio de vulnerabilidad institucional que ha sido aprovechado para organizar y ejecutar delitos de distinta naturaleza y gravedad desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
En su carácter de jueza federal con asiento en la provincia de Buenos Aires, le solicitó a Mena que, en ejercicio de sus competencias de supervisión y diseño de políticas de prevención penal, disponga el cese de la práctica penitenciaria instaurada de facto relativa al uso de dispositivos de comunicación móvil intramuros y que adopte las medidas necesarias para prevenir su utilización.
La reconstrucción de los chats incorporados al expediente expone la angustia creciente del joven. A las 11.42 del 15 de diciembre recibió el primer mensaje de quien se presentó como la madre de la adolescente: “Ya estoy llegando a la comisaría, tengo las fotos que le mandaste y las conversaciones”. Luego llegó un audio de un supuesto subteniente del “Servicio de Investigaciones contra la Pedofilia Infantil Cibernética y Trata de Personas” que le pedía que se comunicara de inmediato.
Más tarde recibió la fotografía de un supuesto policía en su puesto de trabajo y una serie de llamadas. Entre las 16.53 y las 17.11 escribió: “No quiero tener problemas. ¿Qué puedo hacer? Sé que esto es muy grave. Ya sé que estoy en muchos problemas. Quiero solucionarlo todo”.
A las 17.33 envió el comprobante de una primera transferencia por 213.000 pesos. Minutos después informó que había conseguido otros 400.000 y a las 17.51 preguntó: “¿Con esto es suficiente?”. Las exigencias continuaron. A las 18.32 transfirió 291.000 pesos y a las 18.38 envió otros 500.000.
“He podido conseguir unos 300.000 más y de ahí ya no puedo pedir más préstamo. No puedo pedir más préstamo a nadie. No sé si con eso suma con lo que ya le he pasado. Si me puede servir o me puede ayudar con eso porque ya estoy en la quiebra, literalmente”, escribió a las 18.44.
Luego agregó: “Listo, eso es todo lo que tengo. Ya no tengo más nada. Ni un peso. Nada más. Ya no tengo más. Estoy en la pobreza máxima ahora. Ya ni tengo para comer con esto”. Y concluyó: “Ya aprendí la lección”.
A las 23.17 envió el mensaje que anticipaba el desenlace: “No pude conseguir nada. Ya estoy jodido”. Minutos después escribió: “Mi vida ya no es más normal. Estoy mal, ya no sé qué hacer, estoy cansado y desesperado. Y de dónde sacaré la plata a estas horas de la noche. Yo ya estoy perdido”.
El último WhatsApp fue a las 23.59. Respondió: “Bueno, hoy lo tendrás”, cuando su extorsionador le pidió que enviara el comprobante de una nueva transferencia.
La investigación que permitió desbaratar la maniobra contó con la intervención de detectives de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina y del fiscal federal de San Isidro Federico Iuspa. Francavilla y Duarte Areco fueron procesados no solo por extorsión y por integrar una asociación ilícita, como los otros cinco imputados, sino también por instigación al suicidio del soldado Gómez.