El secretario de Energía de Tucumán, Martín Viola, deberá presentarse a prestar declaración indagatoria ante la Justicia Federal luego de que el juez subrogante Guillermo Díaz Martínez hiciera lugar al requerimiento formulado por el Ministerio Público Fiscal. La citación se produce en calidad de imputado, en el marco de una causa penal en la que se investiga el uso ilegítimo del Documento Nacional de Identidad de un tercero para la creación de una cuenta digital y la publicación de comentarios injuriantes en un medio de comunicación.

La decisión judicial es el resultado de una investigación llevada adelante por el fiscal federal Agustín Chit, quien reunió una serie de elementos técnicos, documentales y periciales que permitieron reconstruir la maniobra denunciada. Según el requerimiento fiscal, la operatoria incluyó la utilización de datos personales ajenos para dar de alta una suscripción digital paga, desde la cual se realizaron publicaciones ofensivas atribuidas falsamente a la víctima.

El caso se originó a partir de una denuncia presentada en agosto de 2025 por la apoderada legal de Julián Echazú Toneatti, quien advirtió que su identidad estaba siendo utilizada sin autorización. El denunciante explicó que había extraviado su DNI meses antes y que tomó conocimiento del uso irregular de sus datos cuando el subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán Alejandro Sangenis lo contactó para consultarle por comentarios publicados bajo su nombre y número de documento, hechos que él negó de manera categórica.

A partir de allí, la Fiscalía impulsó medidas probatorias. Entre ellas, se solicitaron los datos de registración de la cuenta digital desde la cual se efectuaron los comentarios investigados. Los informes técnicos permitieron establecer la fecha de alta de la cuenta, la modificación posterior de los datos personales y, especialmente, que la suscripción había sido abonada con una tarjeta de crédito cuyo titular resultó ser el propio Viola, circunstancia que el fiscal consideró determinante para vincularlo con la maniobra.

La investigación también incorporó información proveniente de organismos nacionales y registros oficiales, como el Renaper y bases de datos crediticias, que arrojaron un dato importante: el imputado y el denunciante residían en el mismo edificio. Para el Ministerio Público Fiscal, esta coincidencia resultó significativa a la hora de explicar el acceso al documento extraviado y reforzó la hipótesis de una suplantación de identidad deliberada.

En su análisis jurídico, el fiscal Chit sostuvo que la conducta atribuida encuadra, en esta etapa del proceso, en el delito de uso ilegítimo de documento nacional de identidad previsto en la Ley 20.974. Remarcó que el uso del DNI no se limita a su portación física, sino que comprende su utilización para generar efectos jurídicos, como ocurrió al crear una cuenta digital paga y realizar publicaciones bajo una identidad ajena, lo que -según afirmó- se habría hecho con dolo directo.

En paralelo, la parte denunciante rechazó de manera expresa cualquier posibilidad de conciliación y solicitó que se mantenga la audiencia de indagatoria ya fijada. En una presentación formal ante el juzgado, la representante legal de la víctima, Stella Belén Salas, dejó en claro que no presta su consentimiento para una salida alternativa y que su interés es que la instrucción avance hasta el esclarecimiento pleno de los hechos y la determinación de responsabilidades penales, postura que fue valorada en el trámite de la causa y que refuerza el avance hacia la declaración del imputado ante el juez federal. La defensora de Viola, Celeste Salas, en tanto, dijo a LA GACETA que su representado “está a Derecho” y que “aún no recibieron ninguna notificación formal respecto a la indagatoria”.