El cruce entre el argentino Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior en la máxima competencia europea no solo derivó en una sanción provisional de la UEFA, sino que generó una fuerte reacción política en Brasil. El incidente volvió a encender las alarmas en el país vecino, donde la Cámara de Diputados retomó con fuerza el proyecto conocido como "Ley Vinicius". Desde el partido Socialismo y Libertad (PSOL) exigen ahora que el trámite parlamentario se acelere para que la normativa tenga alcance nacional y aplicación inmediata, transformando el protocolo contra el racismo en una obligación estatal y no solo en una sugerencia deportiva.
El texto de la iniciativa propone facultar a los árbitros para frenar o suspender definitivamente un encuentro ante cualquier denuncia de ataque racista que se produzca en las tribunas o dentro del campo de juego. Lejos de limitarse a la mera interrupción del juego, el proyecto contempla un abordaje integral que incluye capacitaciones obligatorias para todos los profesionales involucrados, campañas de educación permanente en los estadios y la creación de un protocolo unificado que permita identificar y sancionar con rigor a los agresores. Como sostuvo el diputado Chico Alencar, impulsor original de la medida, ”una campaña que dice ‘basta de racismo’ no puede quedarse solo en el marketing”, remarcando la necesidad de acciones que trasciendan los eslóganes publicitarios.
La presión legislativa creció en las últimas horas tras las declaraciones de la diputada Sâmia Bomfim, quien enfatizó que “es un delito y debe combatirse eficazmente”, subrayando que nadie debería atravesar situaciones como las que enfrentan el delantero del Real Madrid y tantos otros futbolistas casi a diario. La intención de los parlamentarios es nacionalizar reglamentaciones que ya funcionan con éxito en estados como Río de Janeiro y Río Grande do Sul, donde los protocolos de detención de partidos ya están vigentes para los torneos regionales y han servido para visibilizar la problemática de forma inmediata.
Actualmente, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ya permite aplicar sanciones deportivas severas, incluida la quita de puntos para los clubes cuyos hinchas o integrantes se vean implicados en episodios discriminatorios. Sin embargo, la Ley Vinicius busca darle un marco jurídico mucho más robusto a estas medidas, asegurando que el combate contra el racismo sea una política de Estado que proteja a los deportistas en todas las categorías. Con el caso Prestianni como detonante global, Brasil busca liderar un cambio reglamentario que podría servir de espejo para otras ligas del mundo que aún lidian con la falta de protocolos claros.