La investigación para determinar quién es el verdadero dueño de la fastuosa quinta en Pilar, atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, sumó un capítulo clave este viernes. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dispuso un operativo en un hangar del aeropuerto de San Fernando con un objetivo claro: ponerle nombre y apellido a los pasajeros que llegaban en helicóptero a la propiedad investigada.

Según adelanta una invesitación realizada por el medio La Nación, la Justicia intenta corroborar la hipótesis de que el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte, son en realidad testaferros y no los genuinos propietarios del lugar. En esa línea, el helipuerto de la quinta se convirtió en una pista fundamental: los investigadores creen que la identidad de los viajeros frecuentes podría revelar quién habita realmente la mansión.

La "amnesia" de los pilotos 

La medida ordenada a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) busca llenar los vacíos (y las inconsistencias) que dejaron las declaraciones testimoniales de los dos pilotos de la aeronave matriculada LV-FKY. Según fuentes del expediente, el helicóptero realizó más de 60 viajes a la quinta entre abril del año pasado y enero de este año.

Sin embargo, al ser interrogados, los pilotos ofrecieron versiones que generaron sospechas en los tribunales. Ambos dijeron trabajar para la empresa Flyzar, de Gustavo Carmona, pero alegaron una llamativa falta de memoria: uno afirmó no recordar quiénes eran sus pasajeros ni tener constancias sobre ellos, mientras que el otro sostuvo que los vuelos eran simplemente de “práctica”. Ante la pregunta de quién los recibía al aterrizar en Pilar, la respuesta fue unánime: "Nadie". Según sus dichos, los pasajeros abrían la puerta y bajaban por sus propios medios sin asistencia.

En busca de los registros 

Ante este escenario, González Charvay ordenó requerir a Flyzar información que la empresa no había contestado anteriormente o que resulta nueva para la causa. La Justicia exige saber cómo se pagaron esos servicios aéreos, si la nave contaba con cobertura para siniestros y, fundamentalmente, si existía una identificación previa de los pasajeros.

Cambio de manos y aceleración 

El operativo se da apenas días después de que la causa cambiara de jurisdicción. El pasado martes, la Cámara de San Martín hizo lugar al pedido de la defensa de los presuntos testaferros y envió el expediente al juzgado de Zárate-Campana. Lejos de dilatar la investigación, el juez González Charvay activó rápidamente una batería de medidas para evitar que se pierda prueba, apuntando directamente a desentrañar la trama de los vuelos privados.