El Senado de la Nación ingresa en una semana de definiciones institucionales y políticas de alto impacto. El próximo 2 de febrero marcará el inicio formal de un nuevo período de sesiones extraordinarias, el cual se extenderá hasta el 27 del mismo mes. Esta ventana temporal será el escenario donde el oficialismo buscará dar luz verde a las reformas estructurales que impulsa el Ejecutivo.

En el centro de la escena no solo se encuentra el debate legislativo, sino también la resolución de cuestiones administrativas de peso. Durante este período, se llevará a cabo la sesión preparatoria para definir a las autoridades de la Cámara alta. Además, las negociaciones incluyen un botón estratégico: la designación de los auditores que representarán al cuerpo en la Auditoría General de la Nación (AGN) durante los próximos ocho años.

Bajo este telón de fondo, el equipo técnico de la Comisión de Trabajo, liderado por la abogada Josefina Tajes y el secretario parlamentario de La Libertad Avanza, Cristian Larsen, ha intensificado su labor. Durante la última semana, mantuvieron reuniones clave con diversas entidades, senadores y asesores con el fin de pulir el texto de la reforma laboral y evaluar la viabilidad de las modificaciones sugeridas.

Si bien las mesas de trabajo comenzarán activas desde este martes con el objetivo de recibir propuestas y analizar su factibilidad técnica, el peso de la decisión final es estrictamente política. La última palabra en la Comisión de Trabajo y Previsión Social quedará en manos de su titular, Patricia Bullrich, quien deberá conducir la estrategia para dictaminar el proyecto oficialista.

Desde el sector aliado, la senadora Carmen Álvarez Rivero ha defendido con énfasis la iniciativa, asegurando que la norma establecerá reglas claras y eliminará privilegios para fomentar la creación de empleo genuino. Según la legisladora, la ley es una herramienta de incentivo para las inversiones, subrayando que su relevancia trasciende la figura de Javier Milei.

En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene una agenda federal intensa para garantizar los votos necesarios. Su recorrido lo llevará a Corrientes para reunirse con el gobernador Juan Pablo Valdés. El objetivo es asegurar el respaldo de los radicales Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela, pero también atraer al peronista Eduardo Espínola, integrante del bloque Provincias Unidas, quien podría sumarse a la voluntad oficialista. Sin embargo, el camino no está exento de obstáculos fiscales que preocupan a los mandatarios. El principal punto de fricción radica en la pérdida de recaudación que sufrirían las provincias debido a la reducción de impuestos coparticipables, como Ganancias, contemplada en el capítulo laboral. Los gobernadores exigen una compensación económica.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se muestra reticente a ceder en el esquema de compensaciones.

Contrapropuesta

Mientras la Casa Rosada busca blindar a su mayoría, la oposición peronista ha decidido mover sus propias fichas. Unión por la Patria (UxP) presentó en la Cámara de Diputados una propuesta laboral independiente, elaborada por la ex ministra Kelly Olmos. El proyecto ya está en manos de los senadores que lidera José Mayans y cuenta con un sólido respaldo de diversos sectores gremiales.

La iniciativa opositora propone una modernización del esquema laboral desde una perspectiva diferente a la del oficialismo, incluyendo la reducción de la jornada laboral y una legislación específica para trabajadores de plataformas digitales.

Entre sus puntos más destacados, busca simplificar la negociación colectiva para que los acuerdos salariales y productivos entren en vigencia automáticamente tras su publicación, sin requerir el trámite de homologación estatal.