Esta semana será decisiva para la creación del “Instituto José Gabriel del Rosario Brochero-Benjamín Paz”, el pabellón especial que se está preparando en la Penitenciaría instalada en Benjamín Paz, para albergar a los menores acusados o condenados por homicidio. La decisión política ya fue tomada por el gobernador Osvaldo Jaldo, que ha dado instrucciones a sus colaboradores para preparar toda la documentación legal que sustente la nueva dependencia que, en principio, complementará al Centro de recepción y clasificación de menores Julio Argentino Roca.
La idea del mandatario es que, esta misma semana, comience el traslado de menores en conflicto con la ley a la nueva unidad que será remodelada en la localidad del municipio de Trancas, ubicada a poco más de 50 kilómetros de la capital tucumana.
La iniciativa llega en momentos en que, a nivel nacional, se debate la baja de la edad de imputabilidad, impulsada por la administración del presidente Javier Milei, como parte de la reforma del Código Penal que, según el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, será tratada en el transcurso de este año. Según el parlamentario, esto se inscribe en aquel lema que popularizó la ahora presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que reza que “el que las hace, las paga”.
En el caso tucumano, la propuesta de Jaldo se corporizó tras el asesinato de Rodrigo Joaquín Ibarra, ocurrido en la ciudad de Alderetes, cuando la víctima ingresaba a su vivienda, y que fue protagonizado por menores. “Es una discusión nacional el tema de los menores que delinquen. Muchos mayores utilizan a los menores para que cometan los delitos. Como los menores, en tema de juzgamiento, tienen más posibilidades de quedar libres, nosotros estamos trabajando en un proyecto que por ahí a algunos les gustará y a otros no. Pero vamos a avanzar, porque muchas veces son menores cuando se los quiere juzgar, pero para matar no hay edad”, afirmó el mandatario. De esa manera, el Poder Ejecutivo intenta endurecer las penas para los delitos que atenten contra la vida de las personas en la que los menores sean protagonistas.
“Hoy a los menores los estamos enviando al Instituto Roca, el centro de clasificación de menores, donde llevan a cabo actividades recreativas. Es decir, parecería que la condena no la sienten”, expuso, en aquella oportunidad, el titular del Poder Ejecutivo.
El flamante Instituto Cura Brochero será un complejo de alojamiento de jóvenes en conflicto con la ley, con la perspectiva de que modifiquen su conducta para la reinserción en la sociedad. El equipo multidisciplinario creado en la estructura del Poder Ejecutivo irá junto con los constructores del predio de 130 hectáreas, con el fin de acondicionar el pabellón que aún no ha sido ocupado y que será la base del flamante instituto. El alojamiento de los jóvenes en conflicto con la ley contemplará todas las disposiciones internacionales, nacionales y provinciales de protección personal y de expectativas para su reinserción en la sociedad con otra conducta. Se trata de una suerte de fueros especiales.
La normativa
La elección del nombre del nuevo instituto tiene que ver con la labor en las cárceles del Cura Brochero, el único santo que nació y murió en la Argentina. El 16 de octubre de 2016 el papa Francisco lo canonizó.
Según pudo establecer LA GACETA, el anexo del decreto gubernamental prevé la adecuación de un pabellón de la cárcel de Benjamín Paz para que el alojamiento de esos jóvenes se realice en condiciones de absoluta separación del resto de la población carcelaria, con vigilancia especial, a través de preceptores y cuidadores, pero no agentes penitenciarios. Tendrá cocina propia y consultorios. Asimismo, se establecerá un equipo de médicos, psicólogos y docentes que hará el seguimiento de los alojados. El acceso al predio será especial, sin contacto con el establecimiento penitenciario de mayores. En principio, el pabellón reconvertido tendrá una capacidad para albergar a 20 personas. El Instituto Cura Brochero, al igual que otras entidades, estará bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.
En diálogo con LA GACETA, el mandatario remarcó que el establecimiento de Benjamín Paz fue pensado “para alojar a todas aquellas personas en conflicto con la ley y que, en el camino, dejaron muchas familias que sufren la pérdida de seres queridos por un accionar delictivo. “Nada puede reparar semejante daño, pero sí que haya un Estado presente, que tome decisiones”, indicó el jefe del Poder Ejecutivo. La iniciativa ya ha causado conmoción en el ámbito judicial, que se encuentra de feria hasta el 31 de este mes. Jueces de menores y defensores intentan establecer la mecánica del proyecto, para saber si no colisiona con normas internacionales y nacionales. Jaldo, en tanto, reafirmó que su intención política es que los menores en conflicto con la ley, por delitos graves, sean trasladados a la nueva unidad de alojamiento.