Una compleja ingeniería judicial quedó al descubierto este martes en el marco de la investigación que envuelve a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la fastuosa mansión de Pilar. Según fuentes judiciales, la defensa de los acusados habría orquestado una maniobra de dilación para lograr que la decisión sobre la inhibitoria del juez en lo penal económico, Marcelo Aguinsky, recayera en un magistrado afín a la estrategia judicial del kirchnerismo.

El eje de la controversia gira en torno a Luciano Pantano, monotributista y presunto testaferro de Pablo Toviggino —mano derecha de Claudio "Chiqui" Tapia—. Su defensa, con el respaldo de operadores vinculados al sector K, planteó el conflicto de competencia ante la Cámara Federal de San Martín, evitando así la Cámara en lo Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires, que sería el fuero natural para este tipo de delitos.

El factor tiempo y el cambio de guardia

La estrategia, según trascendió en los pasillos de tribunales, dependía del calendario de la feria judicial. El objetivo era evitar que el juez Juan Pablo Salas, quien estaba de turno durante la primera quincena de enero en el tribunal de San Martín, resolviera la cuestión. Salas es considerado por sus pares como un magistrado "profesional y equilibrado".

En lugar de una resolución rápida para un planteo técnico sencillo, se esperó. El fiscal de cámara, Alberto Gentile, dictaminó que el asunto debía definirse recién después de la feria de enero. Así, se consumieron los 15 días del turno de Salas y se abrió paso al segundo turno, encabezado por Alberto Lugones.

El perfil de Lugones y un argumento polémico

La entrada en escena de Alberto Lugones fue clave. El camarista integra la "Lista Celeste" —el ala más cercana al peronismo en la Asociación de Magistrados— y suele votar en sintonía con el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura.

Para fundamentar su decisión, Lugones utilizó un argumento que sorprendió a los especialistas: dio por hecho que la sede legal de la AFA ya funciona en Pilar. Esto contradice la situación administrativa real, dado que es de dominio público que la Inspección General de Justicia (IGJ) aún no ha aprobado el traslado de la histórica sede de la calle Viamonte.

El objetivo de fondo de esta movida sería que la causa termine en manos de Adrián González Charvay, juez federal de Zárate-Campana. Si bien Charvay tiene un perfil duro contra el narcotráfico, también cuenta con antecedentes de fallos favorables al intendente kirchnerista de Pilar, Federico de Achával.

Antecedentes políticos

Lugones no es una figura ajena a la controversia política. En 2019, fue denunciado por diputados de la Coalición Cívica (CC-ARI) —Paula Oliveto, Juan Manuel López y Elisa Carrió— por presunto mal desempeño al intervenir como consejero instructor en una denuncia contra el juez Ariel Lijo. Cabe destacar que es la misma fuerza política que impulsó la denuncia original por la mansión de Pilar.

Además, Lugones presidió la Magistratura en 2020, desde donde criticó el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la reforma del organismo impulsada por Cristina Kirchner. También se alineó con el discurso del entonces presidente Alberto Fernández al calificar de "abuso" las prisiones preventivas durante el macrismo —en referencia a ex funcionarios como Julio De Vido— y cuestionó los traslados de los jueces Bruglia y Bertuzzi.

Lo que comenzó como una investigación sobre una propiedad de 17 millones de dólares atribuida a un monotributista, ha mutado. La causa ya no solo apunta a los dueños de la mansión, sino que se ha ampliado a presuntas maniobras de lavado de dinero que orbitan alrededor de la AFA, adquiriendo una dimensión internacional que excede la jurisdicción de Pilar.