Irán atraviesa una de las crisis sociales más violentas de su historia reciente y los jóvenes están en el centro de la escena. Menores de 30 años, muchos de ellos adolescentes, encabezan las protestas que desde fines de diciembre sacuden Teherán y decenas de ciudades del país, enfrentando una represión que deja miles de detenidos y un alto costo en vidas humanas.
El estallido comenzó el 28 de diciembre, impulsado por la hiperinflación, el desempleo y la falta de perspectivas económicas. Sin embargo, con el correr de los días, las consignas viraron hacia reclamos abiertamente políticos que exigen la caída del régimen de la República Islámica. Universidades, barrios populares y pequeñas ciudades se convirtieron en focos de protesta diaria.
Según datos de la organización Iran Human Rights, al menos 648 manifestantes fueron asesinados, aunque medios opositores elevan la cifra hasta 12.000 muertes, concentradas principalmente durante operativos nocturnos a comienzos de enero. A esto se suman más de 10.700 personas detenidas, en un contexto de apagón casi total de internet y fuertes restricciones a las comunicaciones.
Jóvenes y adolescentes, en la primera línea
El rostro más visible del movimiento es el de jóvenes y menores de edad. En redes sociales comenzaron a circular imágenes y nombres de adolescentes detenidos o desaparecidos, difundidos por periodistas iraníes exiliados. Entre ellos figuran chicos y chicas de 13, 14, 16 y 17 años, arrestados durante manifestaciones o heridos por disparos de las fuerzas de seguridad.
Desde París, la periodista Nazila Maroufian, refugiada desde 2023 tras haber sido detenida por cubrir el caso de Mahsa Amini, se convirtió en una de las principales voceras del movimiento. A través de Instagram, documenta casos de jóvenes desaparecidos y denuncia la falta de información oficial sobre su paradero y estado de salud.
Con un alto nivel de desempleo juvenil y un horizonte cada vez más cerrado, miles de jóvenes iraníes continúan saliendo a las calles pese al riesgo. En un país marcado por la censura y el control estatal, son ellos quienes hoy encarnan el desafío más directo al régimen, pagando el precio más alto en una protesta que, lejos de apagarse, sigue encendiendo a Irán.
Represión, detenciones y denuncias internacionales
Organizaciones de derechos humanos alertan por la situación de los detenidos, especialmente menores, alojados en cárceles como Isfahán y Qom, donde se registraron heridos graves y casos de adolescentes que perdieron el conocimiento tras golpizas o disparos. Según los informes, algunos fueron trasladados a enfermerías sin garantías de atención médica adecuada.
La represión incluyó el uso de fusiles AK-47 y armamento pesado, especialmente en regiones kurdas del oeste del país. Videos difundidos en redes sociales muestran enfrentamientos directos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, escenas de desarme a milicianos y actos de protesta pacífica que, en muchos casos, terminaron con detenciones violentas.
Las protestas ya alcanzan al menos 25 de las 31 provincias iraníes y más de 45 ciudades, principalmente pequeñas y medianas. Aunque en cada manifestación participan decenas o cientos de personas, analistas coinciden en que el movimiento crece, se extiende y se radicaliza, desafiando abiertamente al aparato represivo del Estado.
Mientras tanto, el líder supremo Alí Jamenei reconoció que los reclamos económicos son “justos”, pero calificó a los manifestantes como “alborotadores” que deben ser “puestos en su sitio”. Para las ONG, esas declaraciones habilitan una nueva escalada de violencia.