En el marco de la causa conocida como $Libra, la Cámara Federal avaló avaló embargos, pidió ampliarlos y apuró la investigación por la presunta estafa cripto.

El cuerpo respaldó el reemplazo de la prohibición de innovar sobre los bienes de los imputados por embargos patrimoniales, aunque advirtió que dichas medidas deberán ser readecuadas o incrementadas antes de su eventual levantamiento definitivo. 

Al mismo tiempo, el tribunal exhortó al juez a imprimir mayor celeridad a la investigación de la presunta estafa con criptomonedas, consignó el diario "Ámbito".

La Sala I confirmó los embargos dispuestos sobre bienes y dinero de varios imputados por un monto inicial de $36.875.000 y por el plazo de 90 días, pero señaló que, dada la complejidad de la maniobra investigada y el estado incipiente de la causa, el alcance de la medida deberá ser revisado y, eventualmente, ampliado.

De esa manera, los camaristas ratificaron la resolución del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que alcanzó a Hayden Mark Davis, Sergio Daniel Morales, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Favio Camilo Rodríguez Blanco de Orlando, Rodolfo Mellino, Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy, en función del perjuicio económico denunciado por los presuntos damnificados.

Embargos y advertencias

En su fallo, la Cámara indicó que, antes de levantar la prohibición de innovar, el juez deberá fijar “un prudente aval patrimonial ajustado a esa realidad, que tutele las metas del proceso”, teniendo en cuenta la entidad de los hechos investigados, la magnitud del daño y el grado de participación atribuido a cada imputado.

“Se habrá de encomendar al juez a que, con carácter previo al levantamiento de la medida de no innovar, fije un prudente aval patrimonial ajustado a esa realidad”, señala uno de los pasajes de la resolución. Para ello, agregaron, deberá evaluarse en cada caso una suma acorde a la gravedad de los hechos y al perjuicio económico involucrado.

El tribunal consideró que las medidas cautelares patrimoniales resultan procedentes, al verificarse los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, aunque remarcó que su aplicación debe ser excepcional y proporcional. En ese sentido, advirtió que la inmovilización total de los bienes no puede prolongarse indefinidamente, ya que afecta de manera severa la libertad patrimonial de las personas involucradas.

Asimismo, la Cámara puso el acento en la necesidad de que la investigación avance de manera efectiva. Por ello, instó al juez a arbitrar los medios necesarios para producir la prueba relevante, con el fin de esclarecer la situación procesal de los imputados y evitar que las cautelares se transformen en una sanción anticipada.

Según el fallo, si la instrucción no progresa de forma simultánea, los presupuestos que justifican las medidas —verosimilitud del derecho y peligro en la demora— podrían desvirtuarse y alterar la naturaleza de las cautelares dispuestas en esta etapa preliminar.

Finalmente, la Sala I confirmó la resolución apelada, pero dispuso que, una vez vencido el plazo establecido, el magistrado deberá reevaluar la necesidad de prorrogar, modificar o aumentar los embargos, en función de la evolución de la causa y de la eventual aparición de nuevas víctimas o mayores perjuicios económicos.

En ese sentido, la querella informó como hecho nuevo que, con posterioridad a la resolución cuestionada, se solicitó la incorporación de dos nuevas personas como querellantes, quienes habrían sufrido un perjuicio cercano a los dos millones de dólares.

La causa incluye una denuncia contra el presidente Javier Milei, a raíz de la promoción de la criptomoneda realizada en su cuenta de X el pasado 14 de febrero.