El conflicto legal por la expropiación de YPF sumó un capítulo de alta tensión en los tribunales de Nueva York. Los abogados de los fondos Petersen y Eton Park, con el respaldo financiero de Burford Capital, presentaron un escrito ante la jueza Loretta Preska solicitando que se declare a la Argentina en desacato y se le impongan severas sanciones por considerar que el país incumplió las órdenes judiciales de entregar información sensible.

El reclamo se enmarca en la etapa de discovery (descubrimiento de pruebas), donde los acreedores buscan activos para cobrar parte de la sentencia que condenó al país a pagar U$S16.100 millones más intereses. El objetivo central de los demandantes es que la Justicia declare la figura de "alter ego" para organismos como el Banco Central (BCRA), el Banco Nación, la propia YPF y Aerolíneas Argentinas.

Si logran probar que estas entidades son "lo mismo" que el Estado, podrían avanzar sobre sus bienes para ejecutar la sentencia.

Para sustentar su tesis, los fondos exigen el acceso a comunicaciones no oficiales, como mensajes de WhatsApp y correos electrónicos personales, de un grupo de funcionarios y ex funcionarios, entre los que figuran nombres de la gestión actual y anterior, como Luis Caputo, Sergio Massa y el canciller Pablo Quirno.

Según los demandantes, el Estado ha incumplido deliberadamente la orden de entregar estos registros.

Ante esto, solicitaron un menú de sanciones drásticas. El pedido incluye declarar a la Argentina en desacato y aplicar una multa coercitiva de al menos un millón de dólares por día, pagadera al tribunal mientras persista el incumplimiento.

Además, reclamaron que se apliquen sanciones civiles y que la jueza adopte una presunción de "inferencia adversa", lo que implicaría asumir que la evidencia no presentada o retenida sería desfavorable para la posición argentina, dando por válido el argumento del "alter ego".

En caso de que el país insista en que no puede acceder a estas comunicaciones, los demandantes pidieron la convocatoria a una audiencia con testigos en vivo en Nueva York, exigiendo que la Argentina cubra los honorarios y costos legales de dicha instancia.

La respuesta del Gobierno de Milei

Desde la Procuración del Tesoro de la Nación rechazaron tajantemente la presentación, calificándola como el intento más reciente de Burford Capital de hostigar a la República mediante solicitudes intrusivas y desproporcionadas.

La defensa argentina aseguró que el país ha cumplido plena y ampliamente con el proceso, entregando más de 113.000 páginas de documentos y facilitando el testimonio de diversos funcionarios.

El conflicto se dirimirá en las próximas semanas. Según el cronograma judicial, la defensa argentina presentará su respuesta oficial el 19 de febrero, mientras que los demandantes tendrán su contrarréplica el 5 de marzo.

Finalmente, las audiencias clave donde la jueza Preska definirá si hace lugar a las sanciones están previstas para el 23 y 24 de marzo. Si el fallo resulta adverso, podría tener consecuencias financieras inmediatas y complicar aún más las relaciones comerciales externas del país.