El nuevo año llegó con varios pendientes entre las bancas del recinto de la Legislatura de Tucumán. La reforma electoral es uno de los temas centrales que quedó en el tintero en el último período parlamentario. Al bajar las persianas de 2025, se abrió la ventana para que ese debate se concrete en 2026, con argumento de que no habrá elecciones sino hasta 2027. Hay más de 50 propuestas de todo el arco político que aguardan para ser analizadas y dictaminadas en las comisiones correspondientes.

En la lista de pendientes, además, hay otras iniciativas giradas por el Poder Ejecutivo (PE).

Entre ellas, se destacan las propuestas para que Tucumán finalmente tenga una Ley de Acceso a la Información Pública y para que se implemente una Ley de Ética Pública, conocida como “Ficha Limpia”. Ambas llevan la rúbrica del gobernador Osvaldo Jaldo e ingresaron en el ejercicio 2024. Es decir que, a menos que se debatan o se dictaminen, ambas iniciativas podrían perder estado parlamentario y ser archivadas.

Tucumán es una de las cinco provincias -junto con Formosa, La Pampa, La Rioja y San Juan- que no cuentan con una norma de acceso a la información pública.

A nivel nacional rige la Ley Nº 27.275, sancionada en 2016, que tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública.

Dos años de validez

La iniciativa oficial establece que el acceso a la información pública será responsabilidad de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los organismos descentralizados, municipios, comunas rurales, el Tribunal de Cuentas y la Defensoría del Pueblo.

Este proyecto es una muestra de la voluntad política que tenemos para avanzar hacia un gobierno más transparente, más abierto, y más cercano a la gente”, dijo el gobernador Jaldo durante el anuncio del proyecto, a finales de 2024.

En el tercer artículo de la propuesta se precisa que “toda persona, física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a requerir, buscar, difundir, acceder y recibir información pública en forma completa, veraz, adecuada y oportuna. El derecho se ejerce de manera gratuita, sin asesoramiento jurídico, ni patrocinio letrado, ni justificación de causas”.

La iniciativa firmada por Jaldo y refrendada por el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, ingresó a la Legislatura el 15 de noviembre de 2024. Fue girada a la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales que -desde diciembre- preside la peronista Carolina Vargas Aignasse. Por el momento no fue dictaminada ni fue debatida por los legisladores que integran ese grupo de trabajo, según se conoció.

De acuerdo con la Ley 9.918, serán declarados caducos los proyectos que no hayan sido sancionados al finalizar el segundo año parlamentario posterior al de la fecha de su presentación. Se aclara, sin embargo, que de contar con dictamen de comisión, “la caducidad opera al finalizar el segundo año parlamentario posterior al de la fecha de su dictamen”. De esta forma, el texto remitido por la Casa de Gobierno podría pasar al archivo.

Sin “Ficha Limpia”

Una situación similar sucede con “Ficha Limpia”, un texto con el que se busca regular y sancionar conductas indebidas de los funcionarios del Estado, y que rige a nivel nacional desde 1999. Ingresó el 17 de noviembre a la Cámara con las firmas de Jaldo y del ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, y se encuentra -por ahora- sin tratamiento en el comité que hasta diciembre presidía el actual diputado nacional, Javier Noguera.

El proyecto del Poder Ejecutivo establece que  quedarán excluidos quienes tengan una sentencia condenatoria en segunda instancia en delitos graves: contra la administración pública; contra la integridad sexual en casos graves; por narcotráfico y de estupefacientes; trata y explotación de personas; dolosos contra la vida; contra la libertad individual; por criminalidad organizada, lavado y terrorismo; contra el orden constitucional; y por lesa humanidad y genocidio. Incluyen también a los deudores alimentarios.

También en 2025 ingresaron propuestas de los opositores Silvia Elías de Pérez y José Macome en ese sentido, pero con ciertos matices con respecto al remitido desde la Casa de Gobierno.

El legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse, en tanto, presentó un proyecto mucho más riguroso y restrictivo que el de sus pares, y también que el del Poder Ejecutivo. El dirigente peronista busca que se impida que personas condenadas en primera instancia puedan postularse para cargos electivos. Se mencionó que se busca darle un carácter “preventivo”, lo que genera resistencia de algunos sectores.