Diciembre fue un mes de movimientos trascendentales en la demanda que promueve el Superior Gobierno de la Provincia contra Hidroeléctrica Tucumán SA (HTSA), la firma que explota la concesión del dique de El Cadillal, para reclamar una suma millonaria generada por las reparaciones efectuadas en los últimos tres años en la presa lateral N° 3.
El proceso se encuentra en etapa probatoria, y las partes elevaron ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1 -con sede en los tribunales porteños y a cargo de Enrique Alonso Reguera- distintos informes, declaraciones testimoniales y otra documentación que servirá para el dictado de la sentencia de fondo en esta causa.
A través de la Fiscalía de Estado, que encabeza Gilda Pedicone, el Poder Ejecutivo (PE) elevó ante el Juzgado una serie de informes donde constan los certificados de pago ejecutados por la Provincia, documentación clave para lograr la restitución de los fondos.
Si bien la última ampliación de la demanda había alcanzado los $11.687 millones, los documentos remitidos desde la Tesorería General de la Provincia dan cuenta de una inversión superior a los $15.300 millones.
La mayor parte del monto corresponde a la UTE Merco Vial SA y Sabavisa SA, adjudicataria de la obra que busca resolver el problema de las filtraciones en ese sector del dique. Según el desagregado, esta firma percibió $14.927 millones en los últimos tres años: $1.147 millones en 2023; $87 millones en 2024; y $13.692 millones en 2025.
A ello se agregan las sumas percibidas por Vardé y Asociados SA, contratado por la Dirección Provincial del Agua (DPA) para la inspección y asesoramiento técnico de los trabajos, y que totalizan otros $391 millones: $21 millones en 2023, $13 millones en 2024 y $356 millones en 2025.
En el planteo inicial, formulado en marzo de 2024, la Provincia había elevado un reclamo por $936 millones, una cifra que fue actualizada con la ampliación de la demanda. En la Casa de Gobierno aclararon sin embargo que el monto definitivo que se pretende recuperar por la vía judicial quedó sujeto a los certificados correspondientes al avance de la obra. Por ello, la prueba producida en esta instancia resulta clave para las expectativas del Estado provincial.
Ahora, según se prevé, tendrán lugar las recíprocas impugnaciones, rechazos y cuestionamientos de cada una de las partes respecto a los elementos aportados.
Una vez cerrada esta etapa, el juez Alonso Reguera quedaría en condiciones de resolver si corresponde hacer lugar o no al pedido de la Provincia para que sea la concesionaria del dique El Cadillal quien se haga cargo de los gastos por esta obra.
Posturas contrarias
Este expediente contiene quizás el reclamo judicial de mayor envergadura económica contra un particular que tramita la Provincia en la actualidad, tanto en tribunales locales como en el ámbito federal.
Desde sus primeras intervenciones en la causa, la empresa Hidroeléctrica Tucumán SA negó que corresponda cubrir los costos de las reparaciones, y cuestionó la necesidad y la urgencia de llevar adelante los trabajos.
Por ello, la firma también sumó pruebas a este proceso. Con la representación de un equipo de abogados encabezado por Fabián Estanislao López Moras, la concesionaria acercó las declaraciones de testigos, entre ellos, ingenieros civiles que brindaron asesoramiento técnico o realizaron trabajos de consultoría independiente sobre el estado de situación de la presa lateral N° 3 del dique El Cadillal.
Uno de los aspectos que se repitió en los cuestionarios de HTSA giró en torno a si podría haber existido negligencia o mantenimiento insuficiente por parte de la concesionaria, pregunta que tuvo respuesta negativa por parte de los especialistas.
La postura de la empresa se contrapone a la expresada por la Provincia en la demanda.
“Esta obra y gasto fue realizado por la Provincia ante el incumplimiento de la parte demanda en la toma de medidas y trabajos necesarios para el mantenimiento y cuidado de la Presa Lateral 3, como así con las tareas de auscultación y medición; y todo el proceso de análisis, diagnóstico del problema y verificación de estado de la represa, no obstante la continuidad de la de la explotación de la misma durante 27 años, desde el año 1996”, argumentó la Fiscalía de Estado en esta causa.
En ese sentido, Marcelo Iván Pautassi, apoderado legal de la Provincia con domicilio en suelo porteño, elevó el 15 de diciembre una serie de objeciones respecto a las declaraciones aportadas por Hidroeléctrica Tucumán SA. “Los testimonios analizados no alcanzan a desvirtuar la responsabilidad de la concesionaria en los hechos investigados, por lo que deben descartarse del acervo probatorio útil”, sostuvo. Y adjuntó un informe elaborado en noviembre de 2024 por el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep), donde esta repartición nacional “presta conformidad a las obras y proyectos a ejecutarse en la presa lateral N°3” del dique de El Cadillal.