En un paso para la reorganización del debate judicial en la provincia y el país, quedó formalmente constituida en Tucumán la Red de Jueces, Fiscales y Defensores de la República Argentina. Este nuevo espacio institucional, integrado exclusivamente por magistrados de diversas jurisdicciones, surge, según se informó, con el objetivo de fortalecer el servicio de justicia y promover un ámbito académico y profesional que aborde de manera directa las problemáticas estructurales que atraviesan a quienes ejercen la función jurisdiccional.
La conducción de la entidad quedó ratificada bajo un esquema de triunvirato, diseñado para garantizar la pluralidad y el equilibrio institucional. Las autoridades fundacionales designaron para esta tarea al juez Raúl Robin Márquez, quien ejerce la presidencia, acompañado por la camarista Beatriz Bisdorff y la jueza Valentina Ruiz de los Llanos. Según sus integrantes, la génesis de la Red responde a la necesidad de generar propuestas concretas para modernizar el sistema y lograr un acercamiento real de la Justicia a la sociedad, mediante un lenguaje comprensible y un servicio accesible.
Independencia judicial
Uno de los puntos más destacados de su acta constitutiva es la definición de la independencia judicial no como un privilegio corporativo, sino como un derecho ciudadano. Desde la Red subrayaron que este espacio se diferencia de la actual Asociación de Magistrados de Tucumán, al considerar que los intereses y responsabilidades de jueces, fiscales y defensores oficiales requieren una representación específica. “Bajo esta lógica, la organización no estará integrada por funcionarios administrativos, planteando que las realidades laborales y las demandas de ambos sectores transitan por carriles distintos”, dijeron.
Los cargos vacantes en la Justicia tucumanaHacia adelante, se explicó, el desafío de la Red será consolidar su presencia como un actor relevante en el debate público nacional. Sus impulsores manifestaron que la agenda inmediata incluirá el trabajo sobre condiciones laborales y previsionales adecuadas, además de fijar una postura firme en defensa de la autonomía funcional. Con esta estructura, buscan que la voz de los magistrados tucumanos y del resto del país se traduzca en una representación genuina que garantice un ejercicio digno de la magistratura en el marco del Estado de Derecho.