Tras hacerse públicos los planteos que el gobierno de Javier Milei presentó ante la Mesa de Enlace para avanzar con el proceso de “transformación” del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), siete ex ministros y  ex secretarios de Agricultura salieron a cuestionar con dureza la iniciativa. 

Advirtieron que la “reingeniería” que se analiza en el Consejo Directivo del organismo encubre un intento de apropiación de tierras públicas y apunta a convertir al INTA en una consultora privada sostenida con fondos provenientes de impuestos.

Mientras la administración de Javier Milei describe el plan como una “modernización” destinada a mejorar la eficiencia del Estado, los ex funcionarios del área agropecuaria durante los gobierno peronistas sostuvieron que detrás de esa definición se esconde un “negociado inmobiliario”. En un documento crítico, afirmaron que el objetivo real sería obtener autorización para desprenderse de alrededor de 40.000 hectáreas de campos pertenecientes al organismo.

El pronunciamiento lleva las firmas de Felipe Solá, Javier de Urquiza, Carlos Cheppi, Julián Domínguez, Norberto Yauhar, Luis Basterra y Juan José Bahillo, todos ex titulares de la cartera agropecuaria en distintos gobiernos anteriores.

En el texto, remarcaron que no se trata de un proceso de modernización, sino de una operación que avanza vulnerando los mecanismos institucionales que ya habían rechazado iniciativas similares. Señalaron que, tras reveses en el plano legislativo y judicial, la administración libertaria volvió a impulsar la propuesta a través del Consejo Directivo del INTA, con el fin de modificar de manera radical la misión y la visión que el organismo sostiene desde hace casi siete décadas, consignó el diario "La Nación".

Además, cuestionaron que la propuesta busque poner la capacidad de investigación, innovación y transferencia tecnológica del INTA al servicio de sectores que puedan cofinanciar proyectos, utilizando recursos aportados por toda la sociedad para atender intereses privados.

Según advirtieron, las consecuencias de este proceso incluirían una fuerte reducción de personal mediante retiros voluntarios, la pérdida de capital humano formado durante años, el cierre de programas vinculados a economías regionales, agricultura familiar, campesina e indígena, la clausura de estaciones experimentales y la venta de miles de hectáreas donde se desarrollan investigaciones, así como la cancelación de numerosos proyectos científicos en curso.

También alertaron que podrían discontinuarse líneas de trabajo estratégicas para el futuro del país, como las investigaciones vinculadas a la mitigación del cambio climático, la deforestación, el cuidado de los recursos naturales y otras áreas consideradas clave. En ese marco, señalaron que se intenta desvirtuar una institución estratégica en beneficio de intereses particulares.

Finalmente, los ex funcionarios expresaron su expectativa de que los representantes de las entidades rurales y del ámbito académico que integran el Consejo Directivo mantengan su postura, respeten la voluntad expresada en el Congreso y acaten los fallos judiciales. 

“No vamos a quedarnos de brazos cruzados”, afirmaron, y anticiparon que acompañarán a productores, trabajadores y a quienes se movilicen en defensa del INTA.