La Provincia está a un trámite de recuperar íntegramente los terrenos de la Reserva Natural de La Angostura. Los titulares del llamado Camping Hatem tienen plazo hasta el 9 de enero para devolver al Estado las cuatro hectáreas que estaban ocupando de manera irregular.
Se trata de un caso que deja al descubierto la falta de control de las tierras fiscales durante años en El Mollar y otros centros turísticos de la provincia. Sin que tuviera razón alguna para hacerlo, a través de un decreto, la municipalidad de Tafí del Valle le cedió ese predio a José Hatem a principios de los 80. Según el proyecto, del que no trascendió qué funcionario estampó su firma para autorizarlo, el beneficiado habilitaría un camping para explotarlo durante 40 años.
Según la información a la que tuvo acceso LA GACETA, “la concesión se cumplió el 31 de diciembre de 2020 sin que mediara prórroga expresa ni tácita, a lo que siguió una solicitud de extensión del plazo concesional ante la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos, que fue rechazada el 2 de diciembre de 2024. Cabe destacar que los antiguos explotadores mantuvieron la posesión del predio desde el vencimiento del permiso de explotación hasta la fecha”.
Ante esta situación, la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, ordenó a su equipo de abogados que hicieran un estudio de la situación. Con las evidencias, los profesionales iniciaron una demanda para desalojar a los ocupantes. En medio del proceso, ambas partes firmaron un convenio en el que se establece el próximo 9 de enero como plazo máximo para la devolución de las tierras.
Los tenedores habían intentado que la entrega se realizara después que finalizara la temporada, pero la Provincia rechazó el pedido. Según el acuerdo firmado, el Gobierno se quedará con las tierras y “con todo lo plantado, edificado, cercado y demás adherido al suelo”.
Este es el penúltimo conflicto solucionado por el Estado en su política de recuperación de la Reserva La Angostura. Actualmente está en plena negociación con los ocupantes del llamado Club Náutico. Se trata del primer barrio cerrado de El Mollar que se construyó en un predio que se había cedido a una entidad de pescadores para que realizaran una sede social. Sin embargo, terminaron edificando viviendas.
Actualmente, según confiaron fuentes que siguen de cerca la evolución de este caso, los propietarios de las casas de ese lugar y la Fiscalía de Estado están negociando un plan de regularización dominial. A cambio de no perder sus casas, entregarían un inmueble en la capital a la Provincia, cedería parte del terreno para que los turistas puedan disfrutar del paisaje y del cuidado de la zona.
Historia y ocupaciones
La Reserva se creó a través de una ley sancionada en 1972, pero en 1996, durante la gobernación de Antonio Domingo Bussi se dictó un decreto para proteger unas 1.148 hectáreas. “El objetivo es la preservación del hábitat de aves acuáticas y migratorias, ya que se encuentra en la llamada ruta migratoria andina y constituye el espacio de asentamiento y nidificación de numerosas especies en su trayecto hacia climas más cálidos”, se fundamentó.
En noviembre pasado, en una inspección de rutina, empleados estatales descubrieron que integrantes de la Comunidad Indígena El Mollar habían ocupado terrenos para montar una galería de artesanos. Por ese hallazgo, las autoridades decidieron realizar una inspección mucho más profunda.
El relevamiento fue categórico. Se comprobó que en el espacio protegido había cuatro barrios (“Juana Azurduy”, “El Lago”, “Náutico” y “Loteo Gaucho Castro”), un emprendimiento turístico (“Pesca El Pelao”), la estructura de un boliche ubicado en las orillas del lago, el club de fútbol El Sauce, el “Loteo Monroy”, la sede del Tucumán Yacht Club y una confitería y comercio.
Desidia y escándalos
El llamado “Loteo Monroy” es un claro ejemplo de que durante años hubo desidia estatal para controlar su patrimonio. En los años 80, la Provincia le cedió las tierras al Automóvil Club Argentino para que construyera una hostería y una playa para el expendio de combustible. Después de más de 10 años, la empresa confirmó que no realizaría el proyecto y devolvió las tierras. El acto fue oficializado, pero nunca inscripto en la oficina correspondiente.
Durante más de 20 años, la titularidad de esa tierra quedó en el limbo. La familia Monroy ocupó el predio de más de cinco hectáreas aduciendo que por derechos ancestrales les pertenecía. Luego de haber recibido un informe de los especialistas de las direcciones de Flora y Fauna, Catastro y Recursos Hídricos, la fiscal de Estado Gilda ordenó iniciar los trámites de inscripción del bien a nombre de la Provincia en el Registro Inmobiliario. Una vez completado el trámite, consiguió que la Justicia ordenara el desalojo del lugar, medida que se concretó en agosto pasado.
El ”Loteo Gaucho Castro” desató un escándalo. Decenas de personas adquirieron terrenos en lo que se suponía que era un emprendimiento privado. Pero en realidad, se trataba de tierras fiscales que habían sido usurpadas y luego comercializadas por un grupo de personas entre las que figuraban empleados de la secretaría de Regularización Dominial y de Hábitat. Por este caso, el gobernador Osvaldo Jaldo decidió eliminar esta repartición y suspender en sus funciones al comisionado de El Mollar, Jorge Cruz, por su posible vinculación en el caso.