La caída de la avioneta en Rosario de la Frontera desató un debate al quedar al descubierto la fragilidad del control aéreo en el territorio nacional, especialmente en el NOA y en el NEA. Lo primero que se debe tener en cuenta es que esta es una tarea que debe ser desarrollada por la Nación, ya que las provincias no tienen jurisdicción para hacerlo. Sí pueden brindar asistencia logística (ceder terrenos y brindar seguridad al sistema) y recursos humanos (designar empleados capacitados). Por esa razón, si se confirma el proyecto, Tucumán será la primera provincia en invertir en controlar los cielos si es que se concreta la iniciativa anunciada por el gobernador Osvaldo Jaldo.

Los expedientes judiciales dan cuenta que los vuelos narcos parten desde Bolivia con hasta 500 kilos de cocaína o marihuana. Según las teorías de los investigadores, la droga es transportada hasta el sur de Salta, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos. Algunas naves aterrizan en el lugar o directamente las arrojan en pleno vuelo, técnica conocida como bombardeo.

Santiago del Estero también aparece ahora en el centro de la escena. En una columna publicada días atrás por el diario “Clarín”, el periodista Miguel Wiñaszki citó a Douglas Farah, un experto en el crimen organizado de Latinoamérica. El especialista señaló que la vecina provincia "es un nudo logístico de distribución de droga hacia el Pacífico y hacia el Atlántico". En el informe, también se consignó: “centenares de pistas clandestinas e innumerables avionetas trafican cocaína aprovechando desiertos y ojos deliberadamente cerrados”.

Polémica

El gobernador salteño Gustavo Sáez pidió públicamente que volviera a entrar en vigencia la Ley de Derribo, norma que autorizaba a neutralizar los vuelos narcos, norma que había sido sancionada durante la gestión de Mauricio Macri y derogada en la presidencia de Alberto Fernández.

Néstor Roncaglia, ex jefe de la Policía Federal especialista en materia de narcotráfico y actual ministro de Seguridad de Entre Ríos, también se unió en ese reclamo. “Nos llenan de cocaína y violan nuestra soberanía”, aseguró el funcionario de una de las provincias en las que más casos de vuelos narcos se registraron en 2025.

Rafael Vehils Ruiz, fiscal federal de Tucumán, en una conferencia de prensa puso paños fríos a la discusión. “Antes de hablar de derribo de avionetas narcos, se debe perfeccionar los sistemas para controlarlos”, señaló. Públicamente le pidió a Jaldo que se uniera a todos los gobernadores para hacer un planteo a la Nación. “También es importante la adquisición de escáneres para que sean instalados en la ruta”, apuntó.

Un proyecto

El legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse, acompañado por sus pares Maia Martínez y Carlos Najar, presentó un proyecto en el Comité de Seguridad para que se sancione la ley sobre la Cooperación Aeroespacial, Radarización e Interdicción Aero-Terrestre para la Prevención y Represión de Delitos Transnacionales.

Los autores ponderaron los resultados del Operativo Lapacho, pero entendieron que no es suficiente. “La eficacia de ese sistema depende de la radarización integral del espacio aéreo nacional, proceso que aún no se ha completado en Tucumán, donde persisten zonas de sombra radar que dificultan la detección temprana del Tránsito Aéreo Irregular (TAI)”, sostuvieron.

“La experiencia de este operativo también revela la limitación estructural de carecer de un control aéreo coordinado con la Nación. La detección de aeronaves irregulares que ingresan o sobrevuelan Tucumán requiere de la instalación de radares primarios y secundarios, conectados al Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (Sinvica), y de la plena operatividad de las Reglas de Protección Aeroespacial (RPA), cuya aplicación depende del Estado Nacional”, sostuvieron.

El proyecto contempla

1- La adhesión de Tucumán a las RPA y al Sinvica con lo que se reafirmará el compromiso con la defensa y la seguridad del espacio aéreo.

2- Solicitar formalmente a la Nación a radarizar el espacio aéreo tucumano con tecnología primaria y secundaria de cobertura permanente.

3- Crear un Régimen Provincial de Cooperación Aeroespacial e Interdicción Aero-Terrestre, con facultades de investigar, prevenir y reprimir los delitos asociados al TAI.

4- Institucionalizar el Centro Provincial de Fusión Aero-Terrestre (CeFAT), que llevará el registro sistemático de todos los TAI detectados sobre la jurisdicción tucumana.

5- Garantizar la continuidad presupuestaria del Operativo Lapacho, complementada con la coordinación aérea que esta ley habilita.