El juez federal subrogante de Tucumán, Guillermo Díaz Martínez, decidió excusarse de intervenir en la causa por presunto tráfico de influencias en la Cámara Federal de Apelaciones. 

El expediente queda ahora bajo la órbita del juez subrogante de Catamarca, Miguel Ángel Contreras, quien deberá resolver, cuando el fiscal federal Agustín Chit lo requiera, si corresponde o no el procesamiento de los sospechosos. Con este movimiento, el caso entra en una fase decisiva, en momentos en que la Justicia aguarda los resultados de la pericia informática del teléfono de Luis Ontiveros, pieza que podría definir la suerte del expediente.

La causa se abrió el 29 de abril de 2025, cuando el jefe interino de Investigación de ARCA Tucumán, Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, denunció un presunto intento de “venta de fallos” en el tribunal de alzada. Según su relato, Ontiveros -a quien identificó como un hombre con vínculos directos con el camarista Mario Leal- le habría solicitado entre U$S 80.000 y 100.000 para garantizar un voto favorable del magistrado en un expediente donde se investigaba a su hijo por estafa y asociación ilícita. El denunciante afirmó que las reuniones ocurrieron en dos bares de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, donde actuó con “micrófono oculto”, sacó fotos y recopiló chats para acreditar el ofrecimiento.

Desde el inicio, los investigadores apuntaron al entramado personal y laboral que une a Ontiveros con Leal. El propio fiscal Chit, en un dictamen de mayo, señaló que estaba acreditado un “vínculo personal no filial” entre ambos; que Ontiveros utilizaba una “billetera virtual asociada al juez”; y que se movilizaba en una camioneta Fiat Toro, vehículo oficial asignado a Leal. Ese conjunto de indicios explicaría por qué el camarista apareció involucrado de manera indirecta, aunque nunca como imputado formal.

A ello se sumaron otros elementos. La querella, representada por el abogado Juan Andrés Robles, destacó que aunque Ontiveros no trabaja en el Poder Judicial, sí lo hacen su esposa, la relatora Solana Esther Casella, y sus dos hermanos, Mario y Ramón Gustavo, “ambos justamente con el camarista Leal”. Para Robles, esa trama familiar demostraba la posibilidad de “llegada directa al camarista” en caso de que Ontiveros hubiera querido influir en el resultado de alguna causa.

La defensa del sospechoso, a cargo de los abogados Camilo Atim y Miguel Angel Pierri, negó desde el comienzo todas las acusaciones. En sus presentaciones, insistió en que Casella “estuvo en uso de licencia desde el día 30 de enero de 2025 hasta el 2 de junio de 2025”, y que por ello “no podría haber participado en ninguna gestión relacionada a la tramitación del expediente N° 5253/2022”. También cuestionó las pruebas aportadas por el denunciante y afirmó que los audios grabados con micrófono oculto eran “inaudibles”, según un informe pericial de Gendarmería.

La investigación avanzó con medidas de prueba clave. El 4 de junio, a pedido del fiscal, el juez de entonces -José Manuel Díaz Vélez- ordenó el secuestro del celular de Ontiveros. El dispositivo fue finalmente entregado en medio de controversias sobre su autenticidad, ya que inicialmente habría sido aportado un teléfono apagado que pertenecía a uno de sus hermanos. El peritaje se realizó el 20 de agosto mediante el software forense UFED de Cellebrite, pero los resultados del análisis profundo aún no se conocieron,

Ese teléfono podría ser decisivo para revelar si existieron comunicaciones directas entre Ontiveros y el denunciante, o incluso si hubo gestiones relacionadas con el gabinete del camarista Leal. La fiscalía espera que la extracción de datos permita establecer una secuencia cronológica precisa de encuentros, mensajes y movimientos del imputado alrededor de las fechas señaladas por Martínez Salazar.

En paralelo, la causa quedó atravesada por incidentes procesales que retrasaron su avance. Ontiveros promovió una recusación contra el entonces juez Díaz Vélez, alegando un “temor razonable de parcialidad” y argumentando que el magistrado no había respetado el procedimiento del artículo 61 del Código Procesal Penal. La defensa sostuvo que el juez “corrió vista al fiscal y a la querella en un trámite donde la ley no lo contempla” y que “resolvió su propia recusación”, lo que consideraron una afectación al debido proceso. Tanto el fiscal Chit como la querella pidieron el rechazo del planteo y afirmaron que se trataba de “un intento de reiterar por otra vía los mismos planteos ya rechazados”. Luego, Díaz Vélez dejó de ser juez en Tucumán (actualmente se encuentra subrogando en Catamarca) y fue reemplazado por Díaz Martínez, quien ahora se excusó de intervenir en la causa.

En los últimos días, además, se conoció un informe técnico de Gendarmería Nacional, incorporado como prueba, que suma nuevos elementos al análisis de los movimientos de Ontiveros y su entorno. Allí se detalla que, a partir del monitoreo de redes sociales y de líneas telefónicas vinculadas al imputado, se detectaron publicaciones de venta de automóviles realizadas por él, su pareja y sus hermanos. Entre ellas, aparece un Toyota Corolla gris presuntamente ofrecido por Mario Ontiveros, utilizando números telefónicos registrados a nombre del propio Luis Ontiveros, vehículo que podría corresponderse con el dominio AG645EX, aunque la publicación ya no se encuentra disponible.

El mismo documento describe lo ocurrido durante la requisa ordenada para el 3 y 4 de junio de 2025, cuando personal de inteligencia realizó vigilancias en el acceso al barrio privado Alto Verde I, donde reside el sospechoso. Según el informe, se verificó el movimiento de varias unidades utilizadas por la familia: una Toyota Corolla Cross gris (AH031IA), otra Toyota Corolla Cross blanca (AF611UM) -esta última conducida por Ontiveros durante la medida judicial- y una Volkswagen Amarok blanca (AG424SR) manejada por su hermano Ramón Gustavo Ontiveros. Para los investigadores, estos datos refuerzan la hipótesis de que el imputado tenía disponibilidad de múltiples vehículos, algunos de los cuales podrían haber sido utilizados en las maniobras denunciadas.

El incidente por la recusación generó un giro institucional: el juez Díaz Martínez, quien debía resolver la apelación, decidió excusarse, lo que derivó en la remisión del expediente al juez federal subrogante de Catamarca, Miguel Ángel Contreras. Será él quien deberá evaluar los pedidos de la fiscalía, resolver los planteos pendientes y, en una etapa posterior, decidir si corresponde dictar el procesamiento de Ontiveros o de cualquier otro implicado.

Así, la causa entra en una fase crítica. El fiscal Chit aguarda los resultados completos de la pericia del teléfono secuestrado para definir si solicitará o no la indagatoria del principal sospechoso y posteriormente su procesamiento. La querella reclama celeridad y advierte que existen elementos suficientes para avanzar. La defensa, mientras tanto, continúa denunciando irregularidades y asegura que la investigación es parte de un “montaje” destinado a perjudicar la carrera de Casella, quien integra la terna para el Juzgado Federal N.º 1 de Tucumán.

El expediente, que comenzó con una denuncia presentada en un bar y siguió con audios, fotos, teléfonos secuestrados, vehículos monitoreados y planteos cruzados, queda ahora en manos de un juez que llega desde otra jurisdicción y que deberá revisar todo desde cero. Su decisión marcará si este caso -uno de los más sensibles que haya enfrentado la Justicia Federal tucumana en los últimos años- avanza hacia un procesamiento. En esa tensión se define, por estas horas, el futuro judicial de Ontiveros, de su entorno y del propio funcionamiento institucional de la Cámara Federal de Apelaciones.