El Gobierno nacional volvió a condicionar la aplicación del financiamiento universitario aprobado por el Congreso, al reiterar que no se implementará la norma hasta que los legisladores definan cómo se cubrirán los fondos necesarios. Así lo expresaron el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, durante el debate del Presupuesto 2026 en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, presidida por el libertario Alberto Benegas Lynch.

Ambos funcionarios defendieron la gestión educativa del Gobierno y justificaron la decisión de no aplicar la ley de financiamiento universitario, vetada previamente por Javier Milei y luego insistida por la oposición. “No podemos cumplir cosas de imposible cumplimiento”, advirtió Álvarez, quien ironizó sobre los reclamos del Congreso: “Sería divertidísimo. Había un partido de izquierda que decía que todos cobremos dos millones de pesos. Este gobierno tiene un grado de responsabilidad que no tuvieron los anteriores, con la no emisión”.

El funcionario detalló que el presupuesto para 2026 será de $4,8 billones, lo que representa un aumento del 14% respecto al ejecutado este año, y aclaró que el incremento salarial “se financiará con el aumento de la actividad económica”, según publicó La Nación.

Asimismo, Álvarez aseguró que “no se cerró ninguna universidad ni hay éxodo docente”, y que se aprobaron “el 100% de las demandas para completar cargos no docentes”. En esa línea, anticipó una “postura muy fuerte para evitar persecución política en los claustros”: “Sean amigos de la izquierda, del peronismo o del radicalismo, si una autoridad ejerce presión sobre estudiantes, nosotros vamos a resolver el problema”, afirmó.

El subsecretario también explicó que el área trabaja en la reorganización del Sistema de Información Universitaria (SIU) para unificar estadísticas de alumnos y dirigir la asignación presupuestaria hacia “indicadores objetivos verificables”. Además, destacó que “todas las universidades recibieron financiamiento al 100% para las actividades que venían desarrollando y refuerzos especiales para el área de salud”.

Por su parte, Torrendell apuntó contra las gestiones anteriores y cuestionó la falta de eficiencia del Estado: “Mientras se desarrollaba una fuerte retórica del Estado presente, el Estado fue engordado pero vaciado de capacidades profesionales y tomado por grupos corporativos ideológicos que no representan el sentido popular”, afirmó.

En contraposición, definió la política educativa actual como “una visión articulada al servicio de las personas y de la sociedad”. Recordó además declaraciones de Cristina Kirchner en 2012, cuando la entonces presidenta había criticado la carga laboral docente: “Muestra el desconocimiento del trabajo de los docentes. Este gobierno jamás tuvo palabras semejantes; al contrario, articuló políticas de cooperación para que los chicos aprendan”.

Y concluyó con una crítica al kirchnerismo: “El único ajuste de la educación fue el anterior, cuando se colocaban recursos en el presupuesto educativo que no llegaban al sistema ni a los estudiantes”.

Desde la oposición, el diputado Leandro Santoro (Unión por la Patria) cuestionó los argumentos del Gobierno sobre la falta de financiamiento: “Cómo financiaron el gasto de la SIDE, lo hicieron con una resolución. Hace tres años que no hay presupuesto y el jefe de Gabinete se la pasó transfiriendo partidas y reasignando fondos. Es mentira que las universidades están contentas”, replicó.

A su turno, el radical Rodrigo de Loredo (UCR) insistió en avanzar con la ley de esencialidad educativa, impulsada por su bloque junto con Pro y la Coalición Cívica. “Espero que con la nueva conformación legislativa se promueva esa media sanción en el Senado”, expresó.

Y agregó: “En un debate tan desgastante, compartimos muchas de las falencias que se plantearon, pero el problema es cuáles son las líneas de acción para controlar, financiar investigaciones orientadas a los lineamientos estratégicos del país y estimular carreras de ingeniería”.

Con este nuevo capítulo, el financiamiento universitario vuelve a convertirse en un eje central de disputa política y económica entre el oficialismo y la oposición, mientras el Gobierno insiste en que no aplicará la ley sin una fuente de recursos clara y promete avanzar con una gestión “responsable y desideologizada” del sistema educativo nacional.