El Gobierno de Mendoza presentó en la Legislatura un proyecto de ley para modificar el Código de Contravenciones, con el fin de combatir el acoso escolar (bullying) y responsabilizar directamente a los padres, madres y tutores por las acciones de sus hijos.

La propuesta, impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo (UCR), contempla multas económicas de hasta $2.100.000 y hasta 50 días de trabajo comunitario como penalización para los adultos responsables que no acompañen ni intervengan en la corrección de las conductas violentas de los menores.

La iniciativa se da poco después del grave incidente ocurrido en la escuela Marcelino Blanco, en La Paz, donde una adolescente de 14 años ingresó con un arma de fuego, disparó al aire y se atrincheró durante varias horas. El hecho reavivó el debate sobre los alcances del bullying y la violencia escolar en la provincia.

En ese marco, el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, acompañado por la vicegobernadora Hebe Casado y el titular de la Cámara de Diputados Andrés Lombardi, presentó el proyecto junto con un nuevo Protocolo de Actuación para las instituciones educativas.

“El bullying no es un juego ni una broma pesada. Es violencia que lastima, que deja marcas profundas en nuestros chicos y chicas. Por eso damos este paso: para que la escuela no esté sola en este desafío: necesitamos familias presentes y corresponsables”, subrayó García Zalazar.

Un protocolo integral

El documento actualizado establece un procedimiento detallado para directivos, docentes y equipos técnicos frente a sospechas o denuncias de acoso. Incluye:

- Identificación precoz de los casos y registro de los hechos.

- Comunicación inmediata con las familias involucradas.

- Planes de acción urgentes y seguimiento durante el proceso.

- Cierre formal de cada situación registrada.

- Derivación de los estudiantes implicados a equipos de intervención, organismos de protección de derechos de la infancia o la Justicia, según corresponda.

El abordaje se estructura en tres niveles: la prevención, mediante actividades de sensibilización; la intervención inmediata, con protección rápida a las víctimas; y la posvención, que apunta a trabajar con los agresores desde una perspectiva de reparación y aprendizaje, evitando la estigmatización.

Además, el proyecto prevé la convocatoria obligatoria de los padres y tutores a instancias de mediación y talleres de parentalidad, para reflexionar y desactivar patrones de agresión que puedan derivar en reincidencias.

Antecedentes y fallos judiciales

La preocupación por la violencia escolar en Mendoza no es nueva. Hace apenas semanas, otra estudiante de Guaymallén llevó una réplica de arma a su colegio, causando alarma.

En junio de este año, la Justicia provincial marcó un precedente: la jueza Jorgelina Iérmoli Blanco, del Tribunal de Gestión Judicial Asociada N°2, condenó a la Dirección General de Escuelas (DGE) al pago de una indemnización de $4,5 millones a los padres de una niña de 11 años víctima de bullying en una escuela pública de Godoy Cruz.

El fallo destacó la responsabilidad estatal en la protección frente al acoso escolar y reforzó la obligación de las instituciones educativas de actuar con eficacia para resguardar el interés superior de los menores.

Con esta reforma, el Gobierno provincial busca no solo sancionar, sino también involucrar activamente a las familias en la erradicación del bullying, en un contexto de creciente preocupación social por los episodios de violencia en las escuelas.