El teléfono celular del sospechoso de haber pretendido usar influencias ante un miembro de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán es clave en la investigación. A partir de lo que se descubra en las pericias la Justicia Federal -principalmente, el fiscal Agustín Chit- podrá avanzar y pedir que se le tome declaración indagatoria como imputado o, como sostiene la defensa, determinar si se trata de una causa armada.

Hasta aquí, se secuestró el aparato y se accedió a la memoria para poder extraer los mensajes. Pero estos aún no fueron analizados: los investigadores deben detallar qué se buscará específicamente para no vulnerar los derechos del sospechoso. Para ello, la fiscalía y la querella determinarán el uso de palabras clave (“dinero”, “sentencia”, “Catamarca”, como ejemplo) y luego el juez federal José Manuel Díaz Vélez determinará el alcance de la búsqueda. Además se deben resolver planteos que realizó la defensa del sospechoso, como nulidades e incluso la recusación del juez.

Todo esto luego de que José Alberto Martínez Salazar Pérez, jefe interino de la División Investigación de ARCA, representado por el abogado Juan Andrés Robles, presentó una denuncia en la cual detalló que, en una reunión celebrada en 2023, el abogado Luis Ontiveros -identificado por el denunciante como sobrino del camarista federal Mario Leal- le ofreció asegurarse un “fallo favorable” a cambio de U$S 100.000, apelando a sus supuestos vínculos en el entorno judicial. Según la denuncia, esa conversación se produjo luego de que Martínez Salazar Pérez consultó sobre el avance de una causa que involucraba a su hijo relacionada con una presunta estafa piramidal en Catamarca. Ontiveros habría detallado que ese arreglo era posible porque su pareja -la relatora de Leal y aspirante a jueza federal, Solana Esther Casella- “tenía el tema para resolver”, a la vez que ofrecía esa vía para revertir un incidente de prisión preventiva.

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Ayer, Casella rechazó las imputaciones: “Mi persona no se encuentra siendo objeto de ninguna investigación en la Justicia Federal. En la causa no existe ni una sola prueba que pueda sugerir una vinculación de mi persona con la comisión de algún delito. El único que menciona mi nombre en la investigación es el denunciante Martínez Salazar Pérez, que dice que el señor Ontiveros ofreció influencias a través de mi persona, pero no acompaña una sola prueba”, aseguró.

Una camioneta

La causa adquirió fuerza cuando el fiscal Chit verificó que Ontiveros llegó a uno de los encuentros en una Fiat Toro asignada a la Corte Suprema de la Nación y usada por la vocalía de Leal. Además, se constató un nexo no filial con el camarista, el uso de una billetera virtual vinculada a él, y conexiones académicas entre Ontiveros, Casella y Leal, que coinciden en la cátedra de Derecho Privado I de la UNT.

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Ontiveros y su defensa -Camilo Atim y Facundo Macarón- rechazaron la acusación. Alegaron que se trata de un “montaje” con intenciones mediáticas y de desprestigio, y negaron el pedido de dinero y la intermediación de Casella, quien -sostienen- estuvo de licencia por maternidad durante el trámite. Apuntaron que la sentencia en cuestión fue resuelta por unanimidad de cinco vocales, lo que haría inviable cualquier gestión parcial. “El denunciante afirma que acompaña un audio como supuesta prueba de la comisión del delito por parte de mi pareja, pero el informe de Gendarmería dice que el audio es ‘inaudible’ y que en lo poco que se logra escuchar, no se (oye) en ninguna parte a mi pareja solicitar dinero a cambio de una sentencia. Esto demuestra que se trata de una causa armada contra mi pareja para manchar nuestro buen nombre y honorabilidad”, dijo Casella.

Aunque aún no hay una acusación formal contra Leal, la sola mención de su nombre dentro del sumario encendió alertas en el Consejo de la Magistratura y en la propia comunidad judicial.