La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó un incremento del 1,9% en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, que comenzará a regir con los haberes de septiembre. La medida se enmarca en la Resolución 297/2025, publicada en el Boletín Oficial, y responde a los últimos datos de inflación difundidos por el INDEC.

El ajuste impactará en jubilados, pensionados, trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo, además de los beneficiarios de las pensiones no contributivas.

Días atrás, el Gobierno ya había confirmado el pago del bono extraordinario de $70.000 para reforzar los ingresos de los adultos mayores con haberes mínimos.

Los montos actualizados

Con la aplicación del aumento, el haber mínimo jubilatorio pasará a $320.277,17. Al sumarle el bono, el ingreso total se elevará a $390.277,17.

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $256.221,74 más el refuerzo, lo que deja un total de $326.221,74.

Pensiones no contributivas (PNC): $224.194,02 que, con el bono, alcanzan los $294.194,02.

En el caso de quienes perciben haberes superiores al mínimo, se estableció un adicional proporcional para garantizar que todos superen ese piso más el refuerzo.

Asignaciones familiares

La resolución también actualiza los valores de las asignaciones familiares. Por ejemplo:

Por hijo: hasta $57.549 en el valor general y hasta $124.092 en algunas zonas diferenciales.

Hijo con discapacidad: desde $83.661 hasta $374.286, según ingresos y zona.

Prenatal: entre $12.112 y $124.092, de acuerdo con el rango.

Matrimonio: $100.441.

Nacimiento: $67.079.

Adopción: $401.075.

Ayuda escolar anual: $42.039 en el valor general, con topes más altos en zonas diferenciales.

El trasfondo político y fiscal

El aumento se da en medio de la discusión por la movilidad previsional. Hace dos semanas, el presidente Javier Milei logró frenar en Diputados, con apoyo de algunos gobernadores, la aprobación de un proyecto de ley que proponía un ajuste mayor del 7,2%. El Gobierno argumentó que esa iniciativa habría tenido un impacto fiscal equivalente a entre 0,22% y 0,42% del PBI, poniendo en riesgo las cuentas públicas.