Las polémicas se suman en la localidad de Las Cejas, donde un grupo de ex empleados de la comuna rural denunciaron a la comisionada Cristina Contreras por supuestamente haberles retenido las tarjetas de débito, además de parte de sus haberes. Mientras la delegada desmintió las acusaciones y vinculó las versiones a sus rivales políticos, en la oposición hubo nuevas críticas por el caso de Las Cejas.
Por lo pronto, la administración comunal afronta distintos expedientes ante el Tribunal de Cuentas por la falta de rendiciones de cuentas de períodos anteriores. En ese sentido, Hugo Alfredo Lazarte, anterior comisionado comunal y esposo de Contreras, fue declarado en rebeldía por el Tribunal de Cuentas a través del acuerdo N° 3.525, firmado el pasado miércoles por Miguel Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales). La disposición, que también alcanza al ex secretario habilitado Hugo Zelaya, fue dictada en el marco de un juicio de cuentas tramitado por el organismo de control debido a la falta de regularización de comprobantes de observación correspondientes al tercer bimestre de 2021.
Según el artículo 183 de la Ley de Administración Financiera, la rebeldía será declarada de oficio por el TC cuando el responsable, debidamente citado, no comparece a estar a juicio o no designa domicilio en el radio de San Miguel de Tucumán. Con esto, se evita la suspensión de estos procesos y, “respecto del responsable ausente, se prosigue en rebeldía”, señala la normativa. Lazarte también había sido declarado en rebeldía a través del acuerdo 3.064, del 4 de agosto, por falta de regularización de comprobantes de observación del último bimestre de 2021, por unos $ 3,8 millones.
En tanto, el diputado nacional Roberto Sánchez cargó contra la Casa de Gobierno por la situación de Las Cejas. “Lo que está sucediendo en Las Cejas no es un caso aislado. Es la radiografía más cruda de una forma de ejercer el poder que se mantiene desde hace décadas en Tucumán y de la que Osvaldo Jaldo es responsable. Lo denunciamos siempre y ahora no es la excepción. La que debe actuar y con celeridad es la Justicia”, afirmó el dirigente de la UCR. Y dijo que las denuncias de los vecinos “son gravísimas”. “En muchas comunas rurales hay organizaciones políticas y familiares que están enquistadas en el poder, y que usan fondos públicos para beneficio propio. No gestionan para la gente, sino para sus propios intereses”, dijo.