Una empleada del Ministerio Público Fiscal de la provincia fue cesanteada de su cargo a partir del proceso que, según la Resolución Ministerial N° 357/2025, puso fin a una investigación administrativa que expuso un entramado de comunicaciones clandestinas y supuestas amenazas, con la sombra de un legajo penal de alta complejidad como telón de fondo.

Todo comenzó con una denuncia de la fiscal penal Marta Mariana Rivadeneira, de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos. En marzo de 2025, en el marco de la causa “Moreno Walter Federico y otros”, se detectó que Nélida Alejandra Martínez Romero, encargada principal con legajo N° 1957, estaba implicada en las actividades que se investigaban, según el informe oficial. El 25 de marzo, se ordenó la instrucción de un sumario administrativo para deslindar responsabilidades funcionales.

Mensajes con el celular de Morales

La resolución destaca la evidencia informática como la pieza clave del caso. A través de un análisis forense de los teléfonos celulares del imputado, el abogado Miguel Gustavo Morales, se encontraron miles de mensajes de WhatsApp intercambiados con un contacto identificado como “Alejandra Martínez Romero” y también como un tal “Billota Dan”. El número de teléfono vinculado a esta cuenta de WhatsApp coincidió con el de la empleada sumariada.

Entre los mensajes, se transcriben fragmentos reveladores:

- El 29 de diciembre de 2023, Martínez Romero reenvió un mensaje a Morales advirtiéndole: “Me pasaron el dato hoy que quieren meterlo preso… Tiene dos causas más aparte de las que conoce”.

- El 16 de febrero de 2024, en una serie de mensajes, la empleada se refirió a un “genio Maquiavelo” y preguntó: “¿Cómo va el tema de los matones?”. En otra instancia, mencionó a “los salvajes” y a “la banda narco”.

- El 17 de febrero de 2024, la conversación continuó con la coordinación de reuniones y presentaciones en el juzgado “para evitar las elecciones”. En este intercambio, Martínez Romero afirmó: “el trabajo territorial con los matones lo debes coordinar vos”.

Condenaron al abogado Gustavo Morales por instigar sedición y presentar testigos falsos

- Morales, en un audio, se identificó a sí mismo como “el comandante” y le dijo a un contacto, cuya foto de perfil era la misma que la de Martínez, que los demás debían “ejecutar” sus órdenes.

Acusación de amenazas

La empleada, según el sumario, no solo compartió información, sino que también fue acusada de amenazar a otro co-imputado. Ramiro Julián Rigo, quien también era parte de la investigación, declaró en una audiencia que se sintió “amenazado por la señora Alejandra Martínez”. Según su testimonio, Martínez Romero solicitó, a través de una tercera persona, las claves de las cuentas de redes sociales desde donde se habían publicado videos relacionados con la causa. Esta conducta llevó a la jueza Soledad Hernández a ordenar una prohibición de comunicación entre Martínez Romero y Rigo

Martínez Romero presentó su descargo el 21 de mayo de 2025, negando de manera expresa los hechos y alegando una persecución política y gremial. La empleada, que ejercía como secretaria adjunta de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, argumentó que sus acciones se enmarcaban en su actividad sindical y su derecho a la libertad de expresión.

En su defensa, recusó al Ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, y a la fiscal Rivadeneira, planteando que existía una enemistad manifiesta y que el sumario buscaba silenciar sus críticas. Sin embargo, la instrucción sumarial rechazó estos planteos por considerarlos “extemporáneos” e “improcedentes”, al no haber una intervención directa de los recusados en la instrucción del sumario. Además, la empleada alegó la incompetencia del Ministerio Público Fiscal para investigarla, pidiendo que el caso pasara a la Corte Suprema de Justicia, un argumento que también fue desestimado.

El cúmulo de evidencia digital, que incluso fue reconocida por el abogado Morales, condenado a tres años de prisión condicional a principios de julio por haber instigado una sedición policial, en un convenio de procedimiento abreviado, fue fundamental. La resolución del Ministerio Público Fiscal de Tucumán consideró que la conducta de Nélida Alejandra Martínez Romero transgredió los deberes impuestos en la ley N° 5473 (Estatuto del Empleado Público). Por todo ello, se dictaminó su cesantía, cerrando un capítulo que expuso la delgada línea entre la función pública y las acciones personales en el contexto de investigaciones judiciales.

“Intento por callarme”

Tras la sanción, Martínez Romero hizo un descargo en redes sociales bajo el título “No me callarán” y dijo: “El miércoles 30 de julio, el Ministerio Público Fiscal (MPF) me impidió, el ingreso a mi lugar de trabajo. Aclaro que esta no es la primera vez sino el tercer intento por mantenerme fuera de mi lugar de trabajo. De forma abrupta y violenta, se exhibió y posteriormente se viralizó una resolución que me aparta del Poder Judicial”. “Es imprescindible que mis compañeros y la sociedad en su conjunto sepan que fui víctima de un procedimiento arbitrario e ILEGAL. Este acto autoritario no tiene otro objetivo que silenciar a quienes evidencian las irregularidades por parte de quien conduce el MPF, Edmundo Jesús Jiménez, y sus esbirros, delatores, obsecuentes e ignorantes. Este atropello es más que un intento por callarme; es un claro mensaje a todos mis compañeros: si alzan la voz o realizan cualquier actividad contraria a los intereses de la cúpula del MPF, enfrentarán el mismo destino”, agregó. Luego dijo: “La resolución, que no está firme, es totalmente inconstitucional, dictada sin respetar mi derecho de defensa, sin consulta previa y sin darme oportunidad de presentar pruebas. Sus argucias se basan en afirmaciones de terceros de una causa penal en la que no fui parte”. Martínez Romero aseguró que “las pruebas que la fundamentan violaron mis derechos constitucionales más básicos, como el privilegio de abogado-cliente, la privacidad de mi correspondencia y papeles privados. No permitiré que mis derechos sean pisoteados. Si con esto pretendieron callarme, se equivocaron. Seguiré firme en mis convicciones. Levantaré mi voz en cada rincón, denunciando la corrupción, el nepotismo y la precariedad laboral que tanto daño le hacen a quienes integramos el Poder Judicial y se proyecta a la sociedad tucumana, especialmente, a quienes aspiran a la transparencia, honestidad, honradez y sensatez”.