En una sesión que se extendió hasta la madrugada, la Cámara de Diputados de Uruguay dio luz verde a un proyecto de ley que habilita la eutanasia, una medida que, de ser ratificada por el Senado, convertiría al país en el tercero de América Latina en legalizar la muerte asistida, junto con Colombia y Ecuador. La votación en Montevideo finalizó con 64 votos a favor y 29 en contra, superando con holgura el mínimo requerido de 50 de los 99 escaños.

El debate en la cámara baja se prolongó por más de cinco horas y concluyó con la aprobación de un marco normativo que regula y garantiza “el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir, en las circunstancias que ellas determinen”. El texto precisa que el objetivo es ofrecer una muerte “indolora, apacible y respetuosa” a quienes soliciten el procedimiento y cumplan con los requisitos establecidos.

De acuerdo con la propuesta legislativa, podrán acceder a la eutanasia las personas mayores de edad, con plena capacidad psíquica, que enfrenten la etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible o sufran dolores insoportables. El pedido deberá contar con la aprobación de al menos dos profesionales de la salud, y la norma se aplicará exclusivamente a ciudadanos uruguayos o extranjeros con residencia acreditada.

“El debate sobre la muerte asistida no es nuevo, pero esta vez la sociedad y el Parlamento han avanzado en reconocerlo como un derecho”, señaló en la sesión el diputado del Frente Amplio, Luis Enrique Gallo, uno de los principales impulsores del proyecto. “Cada uno tiene el mismo derecho a elegir su muerte que elegir su vida”, agregó.

El debate parlamentario en Uruguay sobre este tema comenzó formalmente en 2019, aunque un intento previo en 2022 fracasó en el Senado. Desde 2013, la legislación uruguaya reconoce el derecho de pacientes terminales a rechazar tratamientos médicos que prolonguen la vida, pero la eutanasia y el suicidio asistido aún figuran como “homicidio piadoso” en el Código Penal.

El proyecto aprobado esta semana es fruto de un trabajo impulsado por el Frente Amplio a comienzos de 2025, que contó con el respaldo de sectores opositores. La Comisión de Salud de Diputados había otorgado su visto bueno en julio, allanando el camino para su votación en el pleno.

Un sondeo de la consultora uruguaya Factum, realizado en 2022, reveló que el 77% de la población se manifestó a favor de legalizar la eutanasia en casos específicos. Este amplio respaldo social, sumado a la correlación favorable de votos en el Parlamento, aumenta las probabilidades de que Uruguay se sume próximamente al reducido grupo de naciones que reconocen el derecho a una muerte asistida.

Para que la norma entre en vigor, deberá obtener la ratificación de los senadores. El oficialismo cuenta con mayoría en la cámara alta y, según legisladores de la bancada, la intención es llevarla a votación antes de fin de año.

En el contexto regional, Colombia dispone de un marco legal consolidado para la eutanasia desde 1997, reforzado por fallos judiciales y protocolos médicos. Ecuador, en tanto, despenalizó la práctica en 2023 por decisión de su Corte Constitucional, aunque todavía no se ha aplicado.

A nivel internacional, países como Bélgica, Países Bajos, España, Canadá y algunas jurisdicciones de Australia y Estados Unidos permiten la eutanasia o el suicidio asistido bajo estrictas condiciones.