Muebles de oficina de primera línea, salones de reuniones bien iluminados, boxes con recepcionistas atentas y una promesa reiterada de libertad financiera. Así comenzaba el recorrido de muchos salteños que, sin saberlo, estaban ingresando al corazón de una maquinaria delictiva perfectamente aceitada: Generación Zoe, una organización piramidal que disfrazó de coaching y liderazgo una estafa de más de $776 millones.
El Tribunal de Juicio de Salta reveló recientemente los fundamentos de la sentencia que condenó a Leonardo Cositorto y a sus socios locales. El documento, de más de 500 páginas, detalla cómo funcionaba el esquema, qué rol cumplía cada uno de los implicados y por qué la Justicia los encontró culpables de asociación ilícita y estafa reiterada. Esta es la historia de cómo un sueño de abundancia se transformó en una pesadilla para más de un centenar de víctimas.
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En la superficie, Generación Zoe era una firma de crecimiento personal que ofrecía educación financiera, cursos de coaching y hasta su propia criptomoneda: Zoe Cash. En la práctica, era un esquema Ponzi puro: no había generación real de ingresos, sino una dinámica de pagos con dinero aportado por nuevos inversores. A los interesados se les prometía una rentabilidad mensual de entre 7,5% y 10% en dólares, e incluso hasta 120% anual si confiaban su dinero a "bots financieros", supuestamente diseñados para operar en índices sintéticos.
La fachada se completaba con la mención de negocios fantasma: Zoe Burger, Zoe Construcciones, minas de oro en Jujuy, taxis aéreos y hasta vínculos con figuras públicas como Claudio Caniggia y Caruso Lombardi. Todo, según la sentencia, era parte de una estrategia de seducción basada en la apariencia de solvencia. Pero el dinero no volvía.
Oficinas, plataformas y promesas sin respaldo
La organización montó tres oficinas físicas en Salta, cada una más imponente que la anterior. En la última, ubicada en Pellegrini 782, se atendía a los inversores con un profesionalismo calculado. Se firmaban contratos, se entregaban recibos —en su mayoría informales y sin validez fiscal— y se prometían plazos de retiro del capital que oscilaban entre uno y tres años.
A la par, los damnificados accedían a una plataforma virtual donde podían visualizar sus supuestas ganancias, aunque luego no podían retirarlas. La Comisión Nacional de Valores (CNV) confirmó que ni Zoe Cash ni su sucesora, SUNRISE COACH, estaban autorizadas como productos de inversión. Era todo parte de una ilusión.
“Ni una manta me dieron”: el encendido alegato final de Cositorto antes de la sentencia en SaltaCositorto, el mentor de una estructura con roles definidos
Leonardo Cositorto fue identificado como el jefe, mentor y organizador del esquema. Su figura era omnipresente: desde los contratos hasta los videos de WhatsApp donde promovía la filosofía Zoe. La Justicia probó que impartía instrucciones directas, incluso en la etapa final, cuando ordenó cerrar las oficinas salteñas y cambiar el nombre de la plataforma a SUNRISE.
Pero no actuaba solo. Su hombre de confianza en Salta era Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, quien dirigía la sucursal local, recibía dinero en efectivo, firmaba recibos y respondía directamente a Cositorto. Según el fallo, su rol fue clave para consolidar la estafa a nivel provincial.
Jorge Federico Vilardel, hermano de Ricardo, colaboraba en la atención al público, gestionaba pagos y participaba en conferencias. Aunque se presentó como un empleado sin decisión, la prueba mostró su involucramiento desde el inicio.
Ana Lucía de los Ángeles Vilardel, también hermana, era la encargada de explicar la mecánica de inversión, entregar datos de ingreso a las plataformas y extender recibos. En su celular, se encontró un mensaje clave: "A mí me chupa un huevo la gente", evidencia del desprecio hacia las víctimas.
Por último, Vilma Griselda Albornoz, esposa de Ricardo, actuaba como promotora del sistema: organizaba reuniones, manejaba grupos de WhatsApp y también recibía dinero. Aunque su defensa la mostró como una simple ama de casa, el tribunal determinó que formó parte del andamiaje fraudulento.
El colapso y la huida
El 21 de febrero de 2022 se emitió una orden de captura contra Cositorto. Dos meses después fue detenido en República Dominicana. En ese lapso, los socios en Salta cerraron oficinas, clausuraron cuentas bancarias y dejaron de atender a los inversores. Para entonces, el daño ya estaba hecho.
Las víctimas eran personas comunes: trabajadores, amas de casa, jubilados, pequeños empresarios. Muchos vendieron autos, hipotecaron bienes o solicitaron préstamos bancarios para acceder a las promesas de Zoe. El testimonio de una madre que necesitaba operar a su hijo con discapacidad fue uno de los más conmovedores. Otro, el de una mujer que buscaba pagar el tratamiento de su nieto autista.
Las condenas
Tras probarse la participación activa y el conocimiento del carácter fraudulento del esquema por parte de cada imputado, el Tribunal impuso las siguientes penas:
Leonardo Nelson Cositorto: 11 años de prisión efectiva por ser jefe de una asociación ilícita y por estafa bajo modalidad de delito continuado, en concurso real.
Ricardo Gabriel Isaac Vilardel: 7 años de prisión efectiva. Fue quien operó el sistema en Salta con autonomía.
Jorge Federico Vilardel: 4 años de prisión efectiva por su rol activo en la atención a víctimas y la administración del dinero.
Ana Lucía de los Ángeles Vilardel: Condenada a prisión, pero con ejecución condicional. Se ordenó su inmediata libertad.
Vilma Griselda Albornoz: También condenada con ejecución condicional y liberada inmediatamente.