13 Marzo 2023
Hasta el 12 del corriente mes de marzo de 2023, los “opositores” de “Desunidos por los cargos” siguen divididos por ambiciones personales, evidenciando que no son confiables para lograr un triunfo electoral que termine con los oficialismos de turno. En los procesos electorales, el PJ y sus aliados corren con “ventajas institucionales” elaboradas en la reforma constitucional local de 2006. Ningún partido político “opositor” cuestionó judicialmente esa inconstitucional reforma. La convalidaron con su silencio y con hechos concretos. Es más, hubo convencionales constituyentes del oficialismo que plasmaron esa vergonzosa reforma, y que hoy son destacados “opositores”. Aceptaron el llamado “acople” promoviendo alianzas copleras de escasa o ninguna significación electoral. Por el contrario, el oficialismo concertó, en los procesos electorales posteriores a la reforma constitucional del 2006, innumerables acoples con centenares de nuevos partidos políticos surgidos a la sombra protectora de la reforma del 2006. Fue un escándalo la cantidad de partidos reconocidos por la Junta Electoral. Tenían, en muchos casos, la misma dirección, el mismo apoderado y la misma plataforma política. Hubo casos en que algunos de estos nuevos partidos se ofrecían en “alquiler”. En la elección de 2007, hubo en la Legislatura un 40% de legisladores electos acoplados con el oficialismo, que cumplieron con su rol en forma disciplinada en un único bloque legislativo. En la Legislatura los legisladores “opositores” fueron cómplices de los vicegobernadores del oficialismo. Aceptaron, en silencio, que el vicegobernador de turno les fije el monto de sus dietas, incumpliendo el fallo de la Corte Suprema de Justicia local, que fulminó por inconstitucional la norma de la reforma del 2006 que habilitaba esa facultad en cabeza del “compañero de fórmula” del Gobernador. Es muy grave esta potestad del vicegobernador, violando groseramente el principio de división de poderes. Esta Legislatura, así concebida y reglamentada, no puede cumplir con su rol básico, que es el de controlar el desempeño del Gobernador, al que puede destituir por medio del juicio político. Los legisladores “opositores” aceptaron, en silencio, no controlar al gobernador de turno en el manejo y aplicación de cuantiosos fondos públicos como exige la Constitución en su art.67, inc. 3º. Esta rendición de cuentas, no debatidas por el pleno de la Legislatura por decisión del vicegobernador, única oportunidad constitucional en que los “opositores· pueden ejercer ese elemental control, quedan aprobadas en forma tácita por el transcurso de dos años de sesiones ordinarias en que no se la trató. Así lo establece un inconstitucional artículo de la Ley de Administración Financiera. Los legisladores “opositores” convalidaron, en silencio, el artículo del Reglamento de la Legislatura, que otorga al vicegobernador la facultad de decidir qué proyectos de ley serán debatidos en el pleno de la Legislatura. Fue el Vicegobernador de turno, el que impidió que se debatiera en sesión plenaria, proyectos de ley de acceso a la información pública presentados por legisladores “opositores”, quienes guardaron silencio ante este atropello institucional contra las minorías legislativas. Los legisladores “opositores”, al igual que los oficialistas, se niegan a difundir la nómica de sus asesores designados por los vicegobernadores. Con estos legisladores “opositores” no hay ninguna posibilidad de cambio en nuestra castigada provincia.
Luis Iriarte
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