16 Agosto 2022
MANAGUA, Nicaragua.- La persecución a toda disidencia o intento de crítica al gobierno de Daniel Ortega se ha convertido en algo cotidiano en Nicaragua. El hecho de que la perseguida sea la Iglesia católica, una institución tradicionalmente conservadora en América Latina, habla de la magnitud del hecho.
En los años 70 y 80 los sacerdotes de América Latina se sumaron a movimientos de reforma social y asumieron la defensa de los pobres contra los poderosos. Algunos sacerdotes pagaron con la vida su compromiso con los derechos humanos, como el obispo Óscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980 en El Salvador y canonizado en 2018. Ahora, Nicaragua vuelve a encender el enfrentamiento con regímenes autoritarios.
Durante la crisis política del 2018, cuando se organizaron protestas contra el gobierno de Ortega, en el poder desde 2007, la Iglesia fungió como mediadora entre los manifestantes y las autoridades. Desde entonces, las relaciones se han agrietado.
La denuncia de la detención de un sacerdote, tras oficiar una misa en una parroquia en una comunidad indígena en la zona del Caribe en Nicaragua, suma a la creciente tensión entre los clérigos y el gobierno.
La diócesis de Siuna, donde se ubica la parroquia, informó, el domingo a la noche, de la detención del presbítero Oscar Benavidez y dijo que desconocen las causas de su aprehensión, y que esperan que las autoridades les informen al respecto. Medios locales dijeron que Benavidez fue subido a una camioneta policial. La Policía no responde a pedidos de información sobre la detención del sacerdote, consignaron corresponsales extranjeros y periodistas locales.
Las relaciones entre el gobierno de Ortega y la Iglesia han llegado a su punto más crítico después que las autoridades ordenaran el cierre de emisoras católicas y prohibido procesiones.
El obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, crítico de Ortega, está siendo investigado por el supuesto delito de conspiración y se mantiene desde hace más de dos semanas cercado por la policía, en el Palacio Episcopal de la diócesis, en el norte del país.
El Gobierno insiste en señalar a varios sacerdotes y obispos como conspiradores contra Ortega, y la Iglesia ha pedido justicia para más de 360 personas que murieron durante las protestas, la mayoría opositores a manos de civiles armados leales al mandatario, según organismos de derechos humanos.
El del obispo de Matagalpa, es el caso más visible de una ola de hostigamiento que ya forzó, por ejemplo, la salida del país de Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, en 2019. Báez se encuentra en el Vaticano, bajo la protección del Papa Francisco.
En Nicaragua se especula que también el obispo de Matagalpa podría partir al exilio. De momento, se encuentra retenido junto a cinco sacerdotes y varios laicos en el Palacio Episcopal, sitiado por fuerzas policiales.
La acusación es intentar “organizar grupos violentos, incitándolos a ejecutar actos de odio contra la población, provocando un ambiente de zozobra y desorden, alterando la paz y la armonía en la comunidad con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”, dice el comunicado oficial. El texto indica que los investigados se mantendrán en sus casas, en un virtual arresto domiciliario.
“Estos supuestos delitos son absolutamente inexistentes. La acusación obedece a una estigmatización que sufre la Iglesia desde 2018”, dice, desde Costa Rica, Carlos Guadamuz, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
De acuerdo con el estudio “Nicaragua: ¿una iglesia perseguida? (2018-2022)”, realizado por Martha Patricia Molina Montenegro, en ese período se registraron al menos 190 agresiones contra sacerdotes o templos. “Antes de abril de 2018, los atropellos hacia la Iglesia eran esporádicos. Después de esa fecha, las hostilidades se incrementaron”, indica el documento.
“Este año, se canceló a la organización de las Hermanas de la Caridad (Teresa de Calcuta) y las religiosas fueron expulsadas del territorio nacional, en una actuación arbitraria”, subraya Guadamuz. A su juicio, el régimen busca silenciar la voz crítica de la Iglesia, en una Nicaragua donde se han cerrado cada vez más los espacios de libertad.
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