Reacciones a la citación judicial a una periodista de LA GACETA

"La Justicia tucumana no se cansa de hacer papelones”.- “El Poder Judicial de Tucumán no se cansa de hacer papelones. La citación a Irene Benito constituye una clara violación de la libertad de Expresión y resulta doblemente grave porque es la Justicia la que debe garantizar este derecho”, dijo el presidente del PRO Tucumán, Ramiro Beti. “Estamos ante una causa armada para incomodar no sólo a una periodista, sino es una señal para amedrentar a cualquier comunicador que se atreva a difundir a la opinión pública cualquier información que tenga que ver con el Poder Judicial”, agregó el vicepresidente del PRO, Mariano Malmierca. “Es llamativo que una fiscal que tendría que haber garantizado que Paola Tacacho siguiera con vida, por ejemplo, ocupe su tiempo en perseguir periodistas lo que pone en tela de juicio su verdadera labor, que es perseguir e investigar delitos. Es una vergüenza por donde se lo mire”, agregó la vicepresidenta segunda del PRO, Carla Porta. “Mientras vemos cómo los delincuentes entran por una puerta y salen por otra, el Poder Judicial se ocupa de perseguir periodistas en vez de lograr que los tucumanos podamos vivir en paz. Está claro el mensaje que sale desde el propio Poder Judicial. Para los delincuentes hay derechos, para los que trabajamos no”, agregó el concejal de Yerba Buena, Álvaro Apud.

“Enérgico repudio a la censura de facto”.- Alejandra Martínez Romero, quien lidera la fracción disidente del gremio judicial local, envió un comunicado en el que expresa, junto a quienes la acompañan, “el enérgico repudio a la censura de facto que pretende instalar el Ministerio Publico Fiscal, cumpliendo órdenes de Edmundo Jiménez. Tal como lo anticipara este sector opositor en reiteradas oportunidades, se utilizan los procesos penales para acallar voces críticas a la anomia y a la corrupción existente en los distintos ámbitos de la administración pública”. Añadió que “párrafo aparte merece el cuestionamiento a la limitación a la libertad de circulación generada por la sobreexposición a la periodista Irene Benito con la finalidad de producir un efecto disciplinador a toda la sociedad”. Dijo que su sector “continuará en su inclaudicable lucha por el irrestricto respeto de los derechos y garantías individuales en un Estado social y democrático”.

“Evidente Limitación a la libertad de expresión”.- La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) expresó su preocupación por la citación judicial de la fiscala Mariana Rivadeneira a la periodista Irene Benito. “La periodista fue indagada por hechos relacionados con su actividad profesional, lo que se trata de una evidente limitación a la libertad de expresión que se encuentra amparada por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de los que Argentina es parte”, dice LED. “El hecho que generó la investigación de la fiscalía es una denuncia de noviembre de 2020 de Alfredo Falú, por un supuesto perjuicio al Colegio de Abogados de Tucumán, por la contratación de la periodista para la realización de un manual de estilo para mejorar la escritura de los abogados, que según el denunciante nunca fue presentado. Ante las pruebas presentadas la causa fue desestimada por “no encuadrar en ninguno de los tipos penales aludidos por el denunciante y que solo se encuentran fundados en consideraciones subjetivas y de índole personal sin tener sustento probatorio”, el 18 de marzo de 2021. Sin embargo, ante una presentación de pruebas de Falú, la fiscala reabrió la causa y citó a Irene Benito a prestar declaración como imputada. “La medida judicial resulta preocupante, ya que se utiliza a la justicia como mecanismo para silenciar información o para evitar que algún hecho de la vida pública o privada de los gobernantes o sus allegados tome relevancia pública”, dice LED. “La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos estipula que ‘Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público’ y que ‘los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad’ y por lo tanto ‘las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como leyes de desacato atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información’. Estas normas, a las que adhiere nuestro país, deben ser tenidas en cuenta en este y en muchos otros casos en los cuales los periodistas son llevados ante la justicia a consecuencia de sus opiniones o de la información que difunden en temas de interés público”. “Volvemos a insistir en la necesidad de que toda la sociedad y en particular los funcionarios públicos comprendan e incorporen la importancia que tiene la labor periodística para el desarrollo de una democracia plena, y en consecuencia la necesidad de que se garantice y promueva su ejercicio sin restricciones. Reiteramos que el funcionamiento de la democracia exige el mayor nivel posible de discusión pública sobre el funcionamiento de la sociedad y del Estado en todos sus aspectos, esto es, sobre los asuntos de interés público y la gestión pública y los asuntos de interés común deben ser objeto de control por la sociedad en su conjunto”. “Desde LED nos solidarizamos con la periodista citada e indagada y continuaremos realizando un monitoreo sobre el tema, manteniendo nuestra convicción en la necesidad de reafirmar el derecho a la libertad de expresión y de prensa en nuestro país”.