Más de 20 años después de que un procedimiento médico inconsulto ejecutado por el Gobierno del ex presidente peruano Alberto Fujimori les negara el derecho a tener más hijos, al menos 8.000 mujeres peruanas -cifra que podría crecer exponencialmente-, esperan que los tribunales del país les brinden Justicia.
“Todavía queremos creer en la Justicia, pero el trabajo es muy lento”, se lamentó la presidenta de la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (AVEF), María Elena Carbajal, quien, como sus compañeras, refleja los estragos de una lucha larga e incomprendida.
“Estas mujeres están cansadas. Son 25 años (de lucha) en los que han sufrido en su salud física y mental, han sido abandonadas por sus parejas, han sido rechazadas por sus comunidades”, comentó María Esther Mogollón, una activista feminista que acompaña la batalla de reivindicación desde el primer momento.
El viernes comenzó una nueva audiencia en el proceso, que ni siquiera ha llegado a la fase de investigación judicial. Las sesiones seguirán mañana y recién cuando terminen se determinará si el caso avanza o si habrá nuevos obstáculos.
Por lo pronto, el juez Rafael Martínez anunció en la sesión de la víspera que el primer potencial acusado, Alberto Fujimori, presidente en el momento de las esterilizaciones, no puede ser procesado pues el caso no figura entre aquellos por los que Chile lo extraditó en 2005.
Según el abogado de las víctimas, Sigfredo Florián, de la ONG Instituto de Defensa Legal, todavía hay muchos temas para aclarar, pero lo importante es que Martínez ya empezó a individualizar responsabilidades. (Télam)
