El juez Pérez pretende definir hoy el futuro del San Juan

“Llegado el caso, tendré que resolver sobre lo que hay”, dijo tras la audiencia convocada para que las partes del concurso preventivo evalúen las ofertas por la compra de muebles e inmuebles.

29 Nov 2021 Por Daniel Salvador
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PLENA ACTIVIDAD. Unos 300 empleados y obreros anhelan repetir esta foto en 2022, con nuevo dueño. LA GACETA / FOTO DE ANTONIO FERRONI

El último día de la semana pasada el juez en lo Civil y Comercial de la 8va. Nominación, Pedro Pérez, consideró que la solución del concurso preventivo del Complejo Agroindustrial San Juan SA “es la reapertura de la fuente de trabajo”.

Eso dijo el magistrado después de la audiencia en el juzgado a su cargo, donde reunió a las partes involucradas en el trámite concursal, y a los dos oferentes para la compra, por un lado, y el arriendo, por otra, de la planta fabril y las tierras productivas.

El juez Pérez explicó entonces que al no haber un acuerdo en cuanto a las ofertas por un arriendo o compra, dispuso un tercer cuarto intermedio para hoy a las 13. Su intención, dijo, es que el fin de semana ajusten las ofertas si creen conveniente o se pongan en contacto para adelantar el trámite. “Manejaron distintas posibilidades y seguro seguirán conversando hasta el lunes (por hoy)”, había remarcado el viernes.

Sin embargo, el magistrado dejó entrever que si bien no es fácil llegar a un consenso entre tantas partes involucradas, cada una con sus intereses particulares, está dispuesto a cerrar, aun por partes, el concurso preventivo. Al respecto, dejó en claro que después de hoy no se prolongará más la audiencia. “Llegado el caso, y considerando el tiempo que se dilató este trámite, tendré que resolver sobre lo que hay”, remarcó.

Las ofertas

La primera oferta que se gestionó en el Juzgado fue la de Croanda SA, presidida por el empresario Jorge Rocchia Ferro. Propuso comprar los muebles e inmuebles del “casco ingenio-destilería” por $ 28 millones, sin personal pero dándoles preferencia a ellos para integrar la nueva nómina para que la fábrica pueda producir. Entonces, exigía la prioridad de compra de la caña de los arrendatarios actuales de las tierras productivas de la concursada.

Luego, la firma Complejo Alimenticio San Salvador SA (CASS) presidida por Martín Luque, le propuso a la administradora del cramdown, Consultora del Tucumán SA, el arriendo de todas las tierras productivas por cinco años a un “precio a convenir”. Luego, ante una presentación del sector trabajador, formalizó su oferta ante el juez pero la oferta ya era de compra del “casco ingenio” y las tierras productivas (1.600 hectáreas) por un total de $ 800 millones, pagaderos la mitad de contado al momento de tomar posesión, y el resto fraccionado y a cancelar en un plazo de seis meses. También la propuesta no incluye personal y se expresa casi en los mismos términos que la otra oferente.

Primer escollo

Cabe recordar que para aprobar cualquier oferta, todas las partes del concurso deben dar su consentimiento.

En la primera audiencia se presentó el principal escollo. El presentante de la firma concursada (Grupo Jorge), planteó su negativa a vender las tierras, y dejó a la firma CASS SA sin posibilidades.

Por este motivo, el juez Pérez consideró necesaria una nueva audiencia para que aquella empresa reajuste su oferta, e invitó a la otra sociedad interesada también a ratificar o rectificar su propuesta.

En la segunda audiencia, que fue intensa en cuanto a objeciones y prologada en las distintas negociaciones, no hubo consenso. Por ese motivo, el magistrado dispuso la tercera audiencia.

Al encuentro del viernes pasado, la firma CASS SA llegó con una nueva propuesta: el arriendo del ingenio y de las tierras por cinco años, con la promesa de poner en marcha los trapiches en 2022, y acordó para ello hablar con el Grupo Jorge.

Esa propuesta fue rechazada por el sector de los trabajadores, (Fotia) que exigen la compra, convencidos de que esa es la única solución definitiva.

Por su lado, Croanda SA ratificó la propuesta original de compra por $ 28 millones por el “casco ingenio-destilería”. El Grupo Jorge reclamó una mejora en el monto, pero el Grupo Rocchia Ferro mantuvo la oferta. Luego, para acelerar los tiempos de alistamiento de la planta fabril, pidió que le otorguen la tenencia precaria hasta febrero para cubrir la demora “del acuerdo final de las partes y el papeleo” del trámite judicial.

La firma administradora, Constructora del Tucumán SA, no manifestó su posición sobre las ofertas y lo haría por escrito.

En este escenario, existe una alta probabilidad de que hoy se defina el futuro del ingenio inactivo hace 4 años.

Las distintas posiciones: sólo los trabajadores definieron su apoyo

La única posición definida en el cotejo de ofertas por los bienes del Complejo Agroindustrial San Juan, es la de los representantes de los trabajadores. Pablo Campo, secretario de Fotia, aseguró a LA GACETA que “la mejor propuesta es la de Rocchia Ferro. Lo demostró en la audiencia, al explicar que quiere un beneficio para la gente”. “Si nos tenemos que dar por despedidos -para ingresar a la nueva empresa- no nos importa, queremos volver a trabajar”, agregó. Por su parte, la sindicatura del concurso y la administradora del cramdown (salvataje) no dieron a conocer sus posturas, y la última parte en cuestión, la firma que está en concurso preventivo, mantiene la negociación con las sociedades interesadas para que mejoren sus últimas propuestas. Y por último, faltaría saber cuál será el criterio que aplicará el juez.

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