Un bono para comprar paz social

Los fondos estaban. Sólo había que esperar el momento oportuno para tomar la decisión. Tucumán no podía quedar al margen del “Plan Platita”. Para Osvaldo Jaldo el pago de un bono excepcional a los 110.000 empleados públicos era una de las primeras medidas de su gestión al frente del Poder Ejecutivo. El vicegobernador que reemplaza en el cargo el licenciado gobernador Juan Manzur debía ganar tiempo, calmar las aguas políticas y llevar tranquilidad a una dirigencia sindical que todavía no termina de acomodarse al nuevo esquema de poder. Jaldo compró tiempo, paz social. Su administración ha decidido darles a los estatales $ 40.000 en tres cuotas a partir de los primeros días de noviembre. Recibir $ 15.000 extraordinarios es como abonar la mitad de un carrito del supermercado con los artículos de mayor consumo en una familia tipo.

Al sentarse con los gremios, el Gobierno había planteado que una suma extraordinaria era la salida más corta que el Estado podía ofrecerles a sus trabajadores para intentar mitigar los efectos de una inflación que no se detiene. Por el contrario, se acelera en la medida que la Casa Rosada necesita más dinero para gastar y evitar un debilitamiento mayor en las urnas si no logra el objetivo electoral de sostener el nivel de bancas que pondrá en juego el domingo 14 de noviembre. Los dólares no aparecen y, así, el Banco Central apela a la emisión para cubrir las necesidades de financiamiento del Estado, mientras destina las pocas reservas internacionales que le quedan para evitar que se dispare el tipo de cambio. No hay un programa antiinflacionario; tampoco acciones que vislumbren una salida paulatina de la Argentina a los escenarios de cepos cambiarios. Sólo se imprimen billetes para salir del paso. Poco se sabe cuáles han sido los verdaderos resultados de la misión encarada en los Estados Unidos por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y por el jefe de Gabinete, el tucumano Juan Manzur. Por las dudas, desde la Cámara de Diputados, su titular Sergio Massa promueve un consenso multisectoral poselectoral, una idea que, al menos públicamente, no es acompañada por la Casa Rosada, menos por la oposición. Los dirigentes enfrentados con el tándem Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner desconfían de cualquier convocatoria en ese sentido. Razones les sobran. En momentos de concordia, el oficialismo gobernante no ha tomado la iniciativa para escuchar a la oposición y buscar la salida a una Argentina que no sale de las crisis. Si en las buenas no estuvieron, no hay que imaginarse cuál será el criterio para los momentos malos.

Los gobernadores de las provincias se mantienen el margen. Como sucedió muchas veces antes, esperarán que los nubarrones se disipen, defendiendo solo sus quintas. No más allá. Algunos se quemaron con leche y no quieren volver a hacerlo. La lealtad es una virtud escasa en estos tiempos de peronismo dividido. Este concepto se explica con los tres actos para conmemorar una fecha cara a los sentimientos justicialistas. No fueron capaces de unificarse ni siquiera para respetar el orden político que los ampara.

El santiagueño Gerardo Zamora y el formoseño Gildo Insfrán dieron un paso para congraciarse con sus empleados. El primero sorprendió con un bono de $ 90.000 a los estatales; el segundo, con un incremento salarial que este año llegará al 52%. ¿Por qué Tucumán no siguió esos lineamientos? La respuesta está en la dimensión del gasto por efecto de la cantidad de empleados públicos que tiene cada distrito. Tucumán cuenta con una dotación de unos 110.000 agentes, el doble que Santiago del Estero y casi tres veces más que el caso formoseño. Del presupuesto provincial, el 63% de los recursos se destinan al gasto en Personal. Aún más, por la excepcionalidad de los primeros aumentos salariales y del incremento de la recaudación y de la coparticipación, días después de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el Ejecutivo amplió el presupuesto en $ 18.000 millones. Y tal vez ese no sea el único incremento.

¿De dónde surgió el dinero para pagar el bono a los estatales? Aquella excepcionalidad en los ingresos ha servido para que Tucumán (como varias otras provincias) tuviera un superávit fiscal que, hasta agosto pasado (último dato oficial disponible), fuera cercano a los $ 10.000 millones. Desde ese punto de vista, puede decirse que la cuestión salarial no será un inconveniente para lo que resta del año. La administración debe esperar que la recaudación siga en los mismos porcentajes de aumento que se han registrado a lo largo de los últimos meses y así, hasta el medio aguinaldo estará cubierto.

Para el año que viene se proyecta un Presupuesto casi equilibrado. Según las proyecciones oficiales, el cálculo de gastos totales rozará los $ 350.000 millones con un superávit mínimo, de $ 800.000. De allí la importancia asignada por Jaldo al cierre de un bono sin reapertura de paritarias al menos hasta febrero. El “Plan Platita” ayudará a pasar el verano que, seguramente, será caliente también para la economía argentina. Un clásico en este país.