Con un protocolo estricto, la Iglesia tucumana intenta prevenir y castigar los abusos sexuales

El Arzobispado de Tucumán recibió a monseñor Carlos Sánchez, hace ya casi cuatro años, con un caso de delitos sexuales que involucraba a un sacerdote, según recuerdan quienes lo acompañaron en ese momento. De aquel primer baño de realidad surgió una política de intolerancia a los abusos luego refrendada por la carta apostólica de 2019 que el papa Francisco tituló “Ustedes son la luz del mundo”. Esta posición está plasmada en un protocolo de actuación de cumplimiento obligatorio para los adultos implicados en actividades y organismos de la Arquidiócesis que, si bien rige desde el año pasado, como consecuencia de la pandemia comenzó a ser difundido y explicado durante los últimos meses. Se trata de un instrumento estricto y, a la vez, muy disruptivo porque intenta evitar y dilucidar con rapidez y responsabilidad los crímenes que tanto afectaron el prestigio de la Iglesia. Entre otras prohibiciones, el reglamento veda el ingreso de menores a los dormitorios de los religiosos, y las confesiones en lugares apartados o cerrados.

La postura de la cúpula eclesiástica local respecto de los abusos podría resumirse en cuatro líneas de acción: 1) la denuncia inmediata de los hechos en la Justicia penal; 2) la implementación del protocolo (el título completo es “Protocolo de actuación para personas responsables de menores”); 3) la capacitación y reflexión de los integrantes de los distintos órganos que forman la Iglesia, y 4) el monitoreo específico de la conducta de los religiosos. En los últimos dos puntos interviene la Comisión Interdiocesana para la Protección de Menores y Adultos Vulnerables que crearon Sánchez y el obispo fallecido de Concepción, Melitón Chávez, a mediados de 2020. En la composición original de este equipo participan la psicóloga María Inés Hernández; los abogados Juan Andrés Robles y Ana Sofía Romero; la monja Cristina Alderetes y el sacerdote Gerardo Diéguez.

Aunque el comité está empezando a intensificar las formaciones y aún no inició actuaciones concretas respecto de ningún religioso, dos de sus integrantes consultados para este informe, Hernández y Robles, coinciden en que ya es positivo enfrentar un tema considerado tabú, y haber abierto canales de comunicación de casos con énfasis en la protección de niños, adolescentes y jóvenes. “Tenemos la instrucción de denunciar de modo urgente en la Justicia y de colaborar con la investigación”, dice Robles, quien agrega que recientemente el Arzobispado incluso intentó constituirse en querellante en un proceso penal contra un catequista de una capilla de esta ciudad -en la Justicia les dijeron que no eran parte en el conflicto-. “Estamos tratando de cambiar la historia de silencio, complicidad, encubrimiento y naturalización”, resume Hernández.

El reto es inmenso por la cantidad y diversidad de organizaciones que confluyen en la Iglesia, y por lo que implica para las víctimas enfrentar a la estructura de la comunidad a la que pertenecen. La hipótesis de pedofilia en particular resulta muy conmocionante, como lo demuestra el caso reciente registrado en el Colegio Tulio García Fernández que administran los salesianos. “Hay muchas aclaraciones para hacer. En un curso preguntaron qué pasaba con los docentes que se ponían de novios con alumnos de 15 o 16 años. ¡Eso es un abuso!”, relata Hernández. Robles aporta que los delitos en cuestión se cometen en el plano de la confianza que genera la espiritualidad y que eso forma parte de su complejidad específica. La psicóloga agrega: “surgen manipulaciones para nada inocentes, y un aprovechamiento del peso simbólico adicional que tienen el clero y la jerarquía religiosa”.

Prestar atención

El protocolo de 13 páginas está escrito con un estilo directo y fácil de entender. Contiene una introducción breve; definiciones; normas de prevención; la descripción de las conductas sancionables, y el procedimiento previsto ante el caso de abuso y maltrato. Según comentaron Robles y Hernández, en la redacción de este procedimiento incidieron las conversaciones que el arzobispo Sánchez y el vicario general José Abuín mantuvieron con la fiscala especializada en delitos contra la integridad sexual, María del Carmen Reuter.

Como se dijo, la regulación está en vigor en parroquias, asociaciones de fieles e instituciones educativas situadas en el ámbito de la Arquidiócesis de Tucumán, que deben ajustarse a ella de manera obligatoria. Sánchez especificó que, antes de asumir una tarea pastoral, laboral o voluntaria con chicos menores de 18 años, tanto los clérigos como los laicos tendrán que comprometerse a cumplir el protocolo mediante la suscripción de una constancia que quedará archivada en la institución correspondiente.

El instrumento reconoce como principio primordial de la tarea pastoral de la Iglesia el derecho de los padres a educar y formar a sus hijos: en consecuencia, establece que las actividades con los chicos deben ser consentidas de manera explícita por quienes ejercen la responsabilidad parental. A partir de allí comienza la enumeración de reglas prácticas, entre ellas: 1) que los niños, adolescentes y jóvenes deben ser retirados por sus progenitores, y que, en caso de duda, hay que tratar de ubicar a aquellos o comunicar la situación a los superiores; 2) que es necesario prestar atención a los cambios de conducta susceptibles de revelar abusos e informarlos a las autoridades; 3) que los adultos deben tratar de evitar el contacto con los chicos mediante las redes sociales y las vías digitales, y 4) que los adultos no deben ocuparse de las tareas de higiene personal de los chicos si estos pueden hacerlas por sí mismos y que, en caso de imposibilidad, debe haber una autorización previa de parte de los responsables parentales.

El protocolo prohíbe compartir baños y vestuarios entre niños y adultos, y establece la pauta de que a los retiros, convivencias y campamentos deben ir como mínimo dos adultos. También veda al personal la conversación sobre sexo con los chicos más allá de las clases y encuentros catequísticos o pastorales, y la posibilidad de encontrarse a solas fuera de las instituciones. El instrumento invita a evitar la entrega de regalos como dinero, y otros objetos de valor para los niños, adolescentes y jóvenes. Además, estatuye la prohibición de “hablar con los menores de manera abusiva, degradante o que se pueda entender como cruel, intimidante, procaz o vergonzante. Todos deben abstenerse de usar un lenguaje y un humor inadecuados. En cualquier caso se debe evitar el uso de la fuerza física o verbal para dirigir o corregir las conductas de los menores”. El deber de cuidado y de prudencia aumenta en el supuesto de niños con necesidades especiales.

El protocolo prescribe que quienes hayan sido beneficiados por el instituto de la suspensión del juicio a prueba (“probation”) no pueden ser designados como personal responsable, y aconseja la práctica de psicodiagnósticos a los integrantes de los equipos. Asimismo pauta la capacitación periódica de laicos, consagrados, directivos, empleados y voluntarios para aumentar la conciencia acerca de la gravedad de las conductas abusivas, y adquirir las herramientas más idóneas para detectarlas y, en la medida de lo posible, prevenirlas.

“Es particularmente importante que los menores vulnerables sean escuchados con atención, y que el educador sepa que aquellos pueden tener dificultades para expresar sus preocupaciones o vivencias. No se debe subvalorar la importancia de las cosas que dicen, hacen, escriben o dibujan. El menor expresa sus vulneraciones no sólo por la palabra”, advierte el protocolo.

Puertas transparentes

El instrumento obliga a reportar por escrito a la autoridad pertinente en cada organismo cualquier clase de sospecha, sin importar a quienes implique. Y precisa los comportamientos pasibles de generar apercibimientos, suspensiones y expulsiones: 1) la práctica del “grooming”, o el intercambio virtual de naturaleza sexual con los niños, adolescentes y jóvenes; 2) asumir una conducta verbal, física o psicológica que pueda interpretarse como acoso o “bullying”; 3) la ingesta de alcohol y de drogas sin prescripción médica en presencia de los chicos; 4) el involucramiento en contactos físicos inadecuados con los menores; 5) el fotografiar los cuerpos de los chicos de un modo que pueda interpretarse como violatorio de su intimidad; 6) la utilización de material sexualmente explícito o pornográfico aunque sea con fines “presuntamente pedagógicos”; 7) el diálogo con los chicos sobre las actividades sexuales adultas; 8) el desvestirse delante de los niños, adolescentes y jóvenes, o compartir el vestuario con ellos, y 9) el dormir en las mismas camas, bolsas de dormir o carpas pequeñas con menores: en ningún caso un adulto puede dormir en la misma habitación con ellos.

Al detallar el procedimiento de reporte y de registro de hechos a los fines de su denuncia, el instrumento garantiza la seriedad, la reserva, la no revictimización y la actuación sin dilación. “Hacer silencio implica graves consecuencias jurídicas”, subraya el protocolo contra los abusos sexuales del Arzobispado de Tucumán.

El fragmento dirigido a sacerdotes y consagrados convoca a estos a dejar de lado cualquier clase de accionar que produzca sospechas. Con esos objetivos, estatuye que el sacramento de la confesión sea público, es decir, que confesor y confesante estén a la vista de terceros con el debido resguardo de la confidencialidad: “los recintos o habitaciones destinados a confesiones o charlas deben tener puertas transparentes o ventanas abiertas. De lo contrario, se recomienda realizar la actividad pastoral en lugares abiertos”.

El protocolo hace hincapié en que los niños, jóvenes y adolescentes no deben ingresar a las habitaciones privadas de las residencias de los consagrados. Y añade que los sacerdotes o consagrados de otras jurisdicciones que pretendan hacer campamentos, misiones, convivencias o retiros en la Arquidiócesis de Tucumán deberán disponer de un certificado expedido por una autoridad competente que indique que no se encuentran implicados en procesos penales de índole sexual.

¿Qué hacer si se es víctima de un religioso?

Las denuncias de presuntos abusos contra sacerdotes, monjes, diáconos, laicos consagrados, seminaristas y catequistas pueden ser informadas a la Comisión Interdiocesana para la Protección de Menores y Adultos Vulnerables. Este comité tiene la función de acompañar y asesorar a las víctimas tanto en el proceso penal como canónico. Contactos: Juan Andrés Robles ([email protected]) y María Inés Hernández ([email protected]). Los supuestos delitos endilgados a adultos no religiosos de entidades católicas (por ejemplo, parroquias, colegios confesionales, etcétera) deben ser denunciados por las respectivas autoridades directamente al Poder Judicial, según el protocolo vigente, o bien mediante la intervención del servicio jurídico del Arzobispado.