17 Septiembre 2021
DENUNCIA. A Maduro se le imputan detenciones ilegales y malos tratos REUTERS
CARACAS, Venezuela.- Los jueces y fiscales de Venezuela tuvieron un “papel muy importante” en graves violaciones de derechos humanos contra opositores al régimen de Nicolás Maduro, según un informe de una misión de Naciones Unidas, que describe una “profunda erosión” de la independencia judicial en el país.
El informe fue publicado por una misión independiente de investigación de derechos humanos de la ONU, que en 2020 concluyó que el gobierno de Maduro ha cometido violaciones sistemáticas equivalentes a crímenes de lesa humanidad.
“La misión tiene motivos razonables para creer que los jueces y fiscales han desempeñado a través de sus actos y omisiones un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado contra opositores supuestos o reales”, señala el informe.
Los investigadores agregaron que tienen motivos para creer que los jueces y fiscales no protegen a las personas que se perciben como adversarios del gobierno de Maduro, debido a que emplean detenciones arbitrarias, privan a los detenidos de su derecho a la defensa y utilizan la prisión preventiva como una medida de rutina en lugar de una medida excepcional.
El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, rechazó el informe y dijo que los funcionarios de la misión recibieron cada uno 5 millones de dólares del denominado Grupo de Lima para “ofender” a las autoridades judiciales del país sudamericano.
“Hicieron un panfleto (...), atacando al sistema de justicia venezolano y ofendiendo a jueces y a fiscales que arriesgamos día a día en medio de circunstancias difíciles, de asedio a nuestro país”, señaló Saab en una declaración difundida por el canal estatal de televisión.
El Grupo de Lima, establecido en la capital peruana en 2017 y conformado por unos 10 países de la región, buscó promover una salida pacífica a la crisis. Argentina se retiró esa formación este año.
Los aliados de Maduro han descrito informes anteriores de la misión de investigación como campañas de desprestigio impulsadas por Washington, que mantiene un programa de sanciones destinado a obligar a Maduro a abandonar el poder.
“En medio de la profunda crisis de derechos humanos de Venezuela, la independencia del poder judicial se vio profundamente erosionada, lo cual puso en peligro su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la misión, citada en un comunicado.
La misión fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019 para investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos contra opositores de las cuales se acusa al régimen de Maduro.
La Misión indicó que realizó “177 entrevistas, muchas de ellas con actores del sistema de justicia, así como en una encuesta a ex jueces y juezas, fiscales y abogadas y abogados defensores venezolanos”.
Además, efectuó un análisis de miles de páginas de expedientes judiciales y otros documentos oficiales, y de 183 detenciones de opositoras y opositores reales o percibidos del gobierno entre 2014 y agosto de 2021, y documentó las irregularidades que empañan todas las etapas del proceso penal.
Venezuela, gobernada por Maduro desde 2013, vive una debacle social y económica que, según la última actualización de la ONU, ha forzado en los últimos años la salida del país de 6 millones de personas.
Con la mediación de Noruega, el gobierno de Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por medio centenar de países, iniciaron en agosto un proceso de negociación política en México para sacar a Venezuela de la crisis. (Reuters-Especial)
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