Por Álvaro José Aurane
08 Agosto 2021
La interna oficialista mantiene su escalada y ahora se traslada a los Tribunales provinciales. Los legisladores del bloque manzurista Lealtad Justicialista promovieron dos acciones de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativa para revertir sendas disposiciones adoptadas por el jaldismo. Con una presentación buscan que el vicegobernador Osvaldo Jaldo les restituya todos los empleados contratados que les dio de baja en abril. Con la otra, que reincorpore a dos parlamentarios “leales” al gobernador Juan Manzur a la comisión de Juicio Político.
Con la firma de 15
Los legisladores Sergio Mansilla, Gerónimo Vargas Aignasse, Edgar René Ramírez, Julio Silman, Carlos Francisco Gómez, Carlos Assan, Paula Galván, Juan Luis Fernández, Marta Najar, Sandra Mendoza, Leopoldo Rodríguez, Juan Enrique Orellana, Zacarías Khoder, Jorge Leal y Eduardo Bourlé suscribieron la acción de amparo con la que buscan que la Justicia ordene al vicegobernador que vuelva a dar de alta a los colaboradores cuyos contratos fueron dejados sin efecto cuando estos parlamentarios abandoron la bancada Justicialista de Todos y conformaron el bloque Lealtad Peronista.
Hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, interpusieron una medida cautelar para que “se retrotraiga al 1 de abril” la situación de la planta de trabajadores temporarios.
Como se recordará, el quiebre del bloque oficialista se dio el 8 de marzo. Ese día, el jaldismo impuso al entonces legislador Eduardo “Lalo” Cobos como defensor del Pueblo, a pesar de que el manzurismo había solicitado que se reelija en ese cargo a Fernando Juri Debo.
Los manzuristas, en su presentación, reproducen la carta documento que les llegó a los empleados a los que les dieron de baja. El texto indica que, dado el cambio de bancada, “se considera necesario reestructurar la nómina del personal” de los bloques.
“Lo cierto es que pasados casi cinco meses de la constitución del Bloque Lealtad Peronista jamás se llevó a cabo la mentada reestructuración administrativa, lo que motiva en los hechos que como legisladores no contemos con el personal necesario para cumplir con la función republicana y democrática que nos fue encomendada por los tucumanos”, argumentan los parlamentarios.
Agregan que, mediante notas y cartas documentos pidieron durante abril, mayo, junio y julio el restablecimiento de los contratos. Pero que luego de gestiones y de reuniones entre Jaldo y Mansilla (titular de la bancada), “ no se logró ningún tipo de avance”.
Los manzuristas hacen hincapié en que, de acuerdo con el artículo 59 de la Constitución Provincial, “es facultad exclusiva (del vicegobernador) nombrar los empleados” del Poder Legislativo. Por ello, el escrito sostiene que hay “arbitrariedad”, “ilegalidad” y “discriminación” en la decisión de dar de baja a sus colaboradores.
“En este punto entendemos que este acto deliberado del presidente de la Legislatura provincial es un verdadero atentado a la democracia”, dice el escrito. También se afirma que el vicegobernador “ha abusado del ejercicio atribuciones que le son propias para ejercer una presión indebida” contra los que se fueron de la bancada oficialista. Y aseveran que Jaldo, además, “omite los deberes” que le fija el Reglamento Interno de la Legislatura.
Proporcionalidad
La segunda acción de amparo promovida por el bloque manzurista lleva la firma de dos legisladores, Silman y Ramírez, y no apunta al vicegobernador sino a la Legislatura como cuerpo, porque pide que se declare la nulidad de la elección de nuevas autoridades de la comisión de Juicio Político, que se concretó en la sesión del 6 de mayo. Los legisladores manzuristas no entraron al recinto, en repudio a que se había dado de baja a sus contratados, y el jaldismo, con el apoyo de legisladores opositores, reemplazó a Silman y a Ramírez por Raúl Ferrazano y por Tulio Caponio.
El eje del amparo es que la actual composición de la comisión incumple con la “proporcionalidad” que fija el Reglamento Interno.
Silman y Ramírez argumentan que, a partir de la ruptura del bloque Justicialista de Todos, este dejó de ser la bancada mayoritaria. Antes, con 33 miembros, representaba el 67% de la Legislatura. Pero ahora, tras la salida de los manzuristas, quedó con 20 (40,8%); mientras que Lealtad Peronista, con 14 legisladores al 6 de mayo (hoy suma 16, tras la incorporación de Gómez en julio y la de Armando Cortalezzi este mes) representa un 28,6%.
Sin embargo, con el cambio votado hace tres meses, al manzurismo le dejaron dos legisladores (Mansilla y Khoder), o sea, sólo el 16,6%. Mientras, el jaldismo quedó con el 66,7% de la comisión.
Con esa mayoría especial puede correr traslado y promover acusación contra cualquier miembro de la Justicia o contra cualquier ministro del Ejecutivo. Por caso, el lunes se procedió así (aunque con aval opositor) con una veintena de pedidos de destitución contra el ministro de Educación Juan Pablo Lichtmajer.
Hasta que se resuelva la cuestión de fondo, los manzuristas piden que una medida cautelar ordene la restitución provisoria de Silman y de Ramírez.
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