13 Julio 2021
MAURICIO MACRI. Ex presidente de la Nación y líder de Juntos por el Cambio. Foto de Facebook
El juez en lo penal económico Javier López Biscayart quedó a cargo de la investigación por la denuncia que radicó el Gobierno de Alberto Fernández contra el ex presidente Mauricio Macri y sus funcionarios por el delito de contrabando agravado en el envío de material bélico a Bolivia en noviembre de 2019. El sorteo decidió que el caso recayera en manos de López Biscayart con la intervención de Claudio Navas Rial.
López Biscayart es el juez que impulsó la primera investigación que salpicó a un gobierno kirchnerista. Siendo juez penal tributario, procesó a un grupo de ex directivos de Skanska, el primer escándalo de corrupción que tuvo la administración K. Además, el magistrado es uno de los aspirantes a integrar a la Cámara Federal.
Ayer, el Gobierno nacional denunció a Macri y a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, entre otros, por el envío de “material bélico” a Bolivia, el 12 de noviembre de 2019, con el presunto fin de colaborar en la represión tras la salida del poder de Evo Morales. La denuncia, por contrabando agravado y otros delitos, fue presentada por la ministra de Seguridad Sabina Frederic, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y el ministro de Justicia, Martín Soria.
Además de Macri y Patricia Bullrich están acusados Oscar Aguad (ex ministro de Defensa), Jorge Faurie (ex ministro de Relaciones Exteriores y Culto), Normando Álvarez García (ex embajador argentino en Bolivia), Jorge Dávila (ex director general de Aduanas), Eugenio Cozzi (ex director ejecutivo de la ANMaC), Gerardo José Otero, (ex director nacional de la Gendarmería Nacional Argentina), Rubén Carlos Yavorski (ex comandante mayor director de Logística de la Gendarmería Nacional Argentina) y Carlos Miguel Recalde (ex director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería Nacional Argentina).
“La gravedad institucional del hecho se consolida al advertir que el material enviado tuvo como destino final a las fuerzas armadas que días antes habían derrocado el gobierno constitucional del entonces presidente Evo Morales, y que días después del envío cometerían múltiples violaciones a los Derechos Humanos, entre ellas, las recordadas “masacres” (según las calificó la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de Sacaba y Senkata”, dice la presentación judicial.
El Gobierno hizo una investigación administrativa en los últimos tres días y confirmó el envío del material “y su posterior desvío hacia las fuerzas armadas bolivianas”. “Escapa a cualquier lógica creer que un grupo de 10 agentes del Grupo Especial ‘Alacrán’ de la Gendarmería Nacional, podría utilizar 70.000 cartuchos Anti tumultos y la cantidad de granadas que fueron trasladas a Bolivia”, dice la denuncia penal entre sus conclusiones.
El sábado, el Ministerio de Seguridad dio a conocer ese informe preliminar en el que se hablaba de datos “llamativos”, “inconsistencias” y “diferencias sugestivas” entre el armamento declarado ante las autoridades bolivianas y las cantidades de municiones registradas. “Se muestran diferencias sugestivas en lo que refiere al armamento declarado ante las autoridades bolivianas (granadas no informadas) y las cantidades de municiones registradas (1.350 municiones anti-tumultos registradas por la policía boliviana y más de 70.000 utilizadas por la Agrupación ALACRAN de la GNA)”, señaló ese informe.
La denuncia penal ahora le apunta a Macri como máximo responsable del supuesto contrabando.
“Queda entonces claro que Mauricio Macri brindó apoyo público y político a la dictadura de Áñez, lo cual, sumada a su función y a las características de los hechos denunciados, excluyen la posibilidad de que los mismos se hayan desarrollado sin su intervención”, dice la presentación.
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