Por Álvaro José Aurane
24 Junio 2021
INDIGNADO. “Es una aberración”, afirmó Bussi.
El Poder Judicial provincial tendrá que resolver la causa por presunto atentado a la salud pública contra el legislador Ricardo Bussi. La Cámara Federal de Tucumán resolvió ayer que la Justicia Federal es incompetente para entender ese expediente. Y mandó actuaciones al fuero local.
La causa llegó al fuero federal porque el fiscal provincial Carlos Picón remitió la denuncia que había sido presentada por el abogado Emilio Mrad. En ella se plantea que Bussi acudió a una sesión de la Legislatura el 17 de marzo de 2020 pese a presentar síntomas compatibles con Covid-19. El letrado sostiene que Bussi conocía de esta situación, pero que decidió acudir igualmente al recinto, tras sus vacaciones en Brasil.
El 24 de marzo ingresó una segunda denuncia contra el líder de Fuerza Republicana, interpuesta por el ex legislador radical Fernando Valdez.
A Bussi, consecuentemente, le imputaron la presunta comisión de conductas previstas por los artículos 202 y 205 del Código Penal, vinculadas con delitos de propagación de enfermedades peligrosas, y con la violación de las medidas adoptadas para conjurar la propagación de una epidemia.
Durante el proceso, la defensa de Bussi planteó que él no había contraído coronavirus. Y, contra el resultado “positivo” arrojado por el instituto Malbrán, de Buenos Aires, donde la provincia remitía a comienzos del año pasado las pruebas para determinar contagios, el parlamentario opositor presentó dos estudios de laboratorios privados tucumanos que daban cuenta que ni él ni su entorno familiar habían contraído Covid-19.
El 30 de diciembre, el juez federal Fernando Luis Poviña dictó el sobreseimiento del legislador republicano. Ese fallo fue apelado por el fiscal federal Carlos Camuña, quien objetó que Bussi ni siquiera fuera convocado a indagatoria.
Por estas razones, el caso llegó a la Cámara Federal, que determinó que la “materia” de la causa no es competencia de la Justicia Federal. El tribunal sostiene que si bien las restricciones por la pandemia fueron dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, los artículos 121 y 126 de la Constitución Nacional fijan que “las provincias conservan el poder de policía en materia de salubridad”. El pronunciamiento cita jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación al respecto.
“Esta es una medida política, porque en términos jurídicos es una aberración. Esto obedece a lo que el vocal de la Corte provincial Daniel Leiva le pedía al juez Enrique Pedicone: mantener ‘picando bajito’ las causas que me inventan. No me van a doblegar”, aseveró Bussi a LA GACETA.
“Esto es un fallo direccionado para satisfacer los intereses políticos del ‘soberano’”, cuestionó, con ironía, el abogado defensor Juan Colombres Garmendia. Hay jurisprudencia reciente referida a que este caso es de materia federal. Bussi fue correctamente absuelto, pero ahora, sin revocar el fallo de Poviña, giran la causa a la Justicia provincial porque la intención es mandarlo al cadalso”, cuestionó. Y recordó que de la sesión del 17 de marzo de 2020 participó el legislador José María Canelada, quien sí contrajo la enfermedad y había estado de vacaciones en Europa. “Pero es a Bussi a quien persiguen con una causa de origen rastrero, en una Justicia Federal politizada”, concluyó.
La noticia en tres claves
La Justicia provincial envió en 2020 a la Justicia Federal la denuncia contra Bussi por haber participado de una sesión en la Legislatura pese a, supuestamente, tener síntomas compatibles con Covid.
Bussi sostuvo que nunca contrajo la enfermedad y presentó análisis de laboratorios tucumanos que lo avalaban. El 30 de diciembre, el juez federal Poviña sobreseyó al legislador de FR.
El fiscal Camuña apeló el fallo. El caso llegó a la Cámara Federal. Ese tribunal resolvió que la Justicia Federal no es competente para entender en la causa. Y remite la causa a la Justicia provincial.
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