Pisa se va lacerando al poder que (lo) protegió

El sol de las iniquidades institucionales sale todos los días en “Trucumán”, pero nunca con la potencia calcinadora que irradió en la historia de Juan Francisco Pisa, el juez que coronó una carrera de fallos favorables al poder político y oscuridades con el sobreseimiento del femicida de Paola Tacacho. Esta sucesión de baldones perdió los pies y la cabeza hace meses, y ya resulta inenarrable. Basta con recordar que el 24 de febrero la mayoría de la comisión legislativa de Juicio Político, cuya función es vigilar el desempeño recto de la magistratura, colocó al funcionario por fuera de la Constitución y de la ley al darlo por jubilado con el haber excepcional sobre la base de su palabra y de un decreto del Poder Ejecutivo. Ese acto inédito permaneció en secreto: los denunciantes se enteraron de que Pisa gozaba de un blindaje salvaje cuando venció el plazo de 60 días hábiles para acceder al beneficio previsional y constataron que este seguía siendo juez.

Ante el desajuste, la comisión decidió no reaccionar. Como si el tiempo transcurrido no fuera suficiente, los legisladores aún otorgaron otras dos semanas más al impugnado para que este buscara una alternativa. Y la salida es lo que, dada la magnitud del escándalo y las nuevas disposiciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), debió haber sucedido de entrada: la presentación de una dimisión definitiva e incondicionada. Pero tanto Pisa como las autoridades que debían velar por la legalidad del procedimiento se inclinaron por tirar todo hacia adelante, y transformaron lo que tendría que haber sido un corte rápido y preciso en una agonía interminable, quizá con la convicción de que la indignación que había generado el caso “Tacacho” pronto iba a ingresar en la fase del olvido.

¿Por qué Pisa no dio un paso al costado lo antes posible, como aconsejaba la lógica de sus circunstancias, y como más o menos hicieron en el pasado otros pares objetadísimos, por ejemplo, los ex fiscales Carlos Albaca y Guillermo Herrera? La interposición de una renuncia condicionada al otorgamiento de la jubilación sugiere que, al igual que aquellos, Pisa quiso seguir percibiendo su salario como juez hasta tanto la Anses le liquidara la jubilación, que a esta altura ronda los $ 400.000. A esa intención de dejar una liana recién cuando llegara la otra se suma la sospecha de que en el poder había interesados en aplazar la partida por razones jurisdiccionales.

Nadie sabe a ciencia cierta qué resoluciones tomó el juez todo este tiempo en el que disfrutó de la garantía de que nadie podría expulsarlo y privarlo de una de las jubilaciones más altas del sistema. Para hacer proyecciones sirve recordar lo que fue capaz de hacer cuando estaba sujeto a los controles legislativos. Entre sus hazañas hay un fallo de sobreseimiento favorable al gobernador Juan Manzur que permaneció guardado durante más de dos años. Pisa mantuvo bajo llave ese pronunciamiento, que descarta la denuncia del supuesto enriquecimiento ilícito atinente al período 2003-2009, incluso cuando el ex Gobierno de Mauricio Macri incluyó al asunto en una veeduría que acabó estrellada. Curiosamente, el episodio resurgió en estos días de la mano de la viralización de un chat atribuido a un candidato a juez interino, Gonzalo Ascárate, a quien Manzur escogió para cumplir la misma función en la Justicia penal que Pisa. El pantallazo da a entender que el secretario Ascárate podría haber usado la sentencia que rubricó al lado del juez como prueba de lealtad al poder. El fedatario dijo que se trata de habladurías y de un montaje “falso”. La comisión legislativa de Peticiones y Acuerdos resolverá hoy si habilita la votación del pliego en el recinto. Pero el WhatsApp no esclarecido llevó a algunos a sospechar que aparece otro Pisa cuando aún no se ha marchado el original.

Más conjeturas: los porqués que -tal vez- aún faltan para comprender la jubilación tortuosa del apodado “Oyarbide tucumano” aparecerán cuando él ya no esté. Ahora hay que apagar el incendio que chamusca a los que tendieron una mano al juez y que comprende una dosis de fuego amigo. No sólo porque la Anses dominada por el kirchnerismo no aceleró los trámites, sino porque la semana pasada algunas adherentes locales de ese sector presentaron otro pedido de destitución de Pisa en Juicio Político. Y ahora la comisión tiene que vérselas no sólo con nueve peticiones de reanudación de las actuaciones que había desechado apresuradamente en febrero, como informó el presidente peronista Raúl Ferrazzano, sino también con una nueva impugnación interpuesta por militantes del espacio de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Mientras gestiona el desastre que ocasionó la composición anterior de Juicio Político, Ferrazzano recibe críticas que alcanzan a su jefe político, el vicegobernador Osvaldo Jaldo. La incomodidad se extiende al Poder Ejecutivo, donde el gobernador se encuentra en el brete de tener que aceptar por segunda vez una renuncia a Pisa. Manzur y la ministra Carolina Vargas Aignasse abonaron ya un altísimo costo en febrero, con el agravante de que, después de habilitar la cobertura salarial inherente a la renuncia condicionada, la Corte Suprema resolvió abrir un sumario en el ámbito de Pisa por las malas prácticas detectadas en numerosas causas de violencia a partir del homicidio de Tacacho. Increíblemente, ni el Gobierno ni la Legislatura ni la Corte advirtieron que la renuncia condicionada que ellos aceptaron era inadmisible para la Anses desde el 8 de febrero pasado. Pisa metió toneladas de leños a la percepción de una provincia regida por la impunidad, que comenzó a destacarse por las denuncias de violaciones de derechos humanos recibidas en organismos internacionales como las Naciones Unidas. Un tendal de funcionarios públicos y de instituciones heridos queda como saldo de esta experiencia de blindaje sin precedentes. En un acto final digno de una tragedia de Shakespeare, Pisa se va lacerando al poder que (lo) protegió.