El MPF logró dos cautelares para que un banco deje de cobrarles a sus clientes, víctimas de estafas - LA GACETA Tucumán

El MPF logró dos cautelares para que un banco deje de cobrarles a sus clientes, víctimas de estafas

En ambos casos se dispuso que durante el plazo de cuatro meses la entidad bancaria suspenda las cuotas del pago de préstamos, que los delincuentes informáticos habrían solicitado en nombre de una mujer y de un hombre.

11 Jun 2021
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FOTO/MPF

En el marco de dos causas de autores desconocidos sobre estafa (artículo 172), el Ministerio Público Fiscal, a través de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, que encabeza Alejandro Noguera, logró suspender los débitos directos y/o retenciones de haberes que el Banco Galicia realizaba a dos víctimas.

“Es una investigación llevada a cabo por la Unidad Especializada bajo la dirección del fiscal Noguera. Solicitamos a los jueces una medida de no innovar, es decir, una cautelar que busca evitar que se sigan produciendo consecuencias desfavorables para las personas cauteladas o amparadas y que durante cuatro meses el banco se abstenga de descontarles dinero de la cuenta sueldo”, detalló el auxiliar de fiscal, Víctor Daniel López Frías, quien destacó la labor de los instructores, Emilia Arias Ferrero y Marcelo Albertinetti.

“Por un lado, con la estafa, buscamos individualizar a la persona que comete este delito. Por otro, tenemos el desnivel que existe entre una entidad financiera con todos sus medios y recursos, comparada con los particulares. Uno de los objetivos del Ministerio Público es nivelar esa diferencia de poderes entre un ciudadano común y el banco”, remarcó.

"Un buen precedente"

"No hay antecedentes en el ámbito penal sobre este tipo de delitos, primero, porque es novedosa la modalidad y, segundo, porque generalmente toda la jurisprudencia que estábamos manejando era civil. Esto sienta un buen precedente para darle una respuesta a la sociedad”, afirmó López Frías.

Las juezas hicieron lugar a lo solicitado por el MPF y dispusieron las medidas de no innovar y, en consecuencia, ordenar a la entidad bancaria que durante el plazo de cuatro meses suspendan los débitos directos y/o retenciones de haberes que se efectúan en concepto de cuota de pago de los préstamos que se habrían solicitado los estafadores de las cuentas de las víctimas, sin perjuicio que puedan reactivarse dichos débitos y/o retenciones de haberes, en caso de que de la investigación surja la procedencia de los mismos (conforme a los arts. 83 inciso 3, 158 y 159 del nuevo código procesal penal).

Cómo fueron las estafas

En el primer caso, llamaron vía WhatsApp a una mujer. Una voz masculina se identificaba como ejecutivo del Procrear. Precisamente, la víctima era beneficiaria de ese plan y tenía otorgado un crédito a su favor. A través de engaños, el delincuente le solicitó que ingrese a su homebanking con la idea de vincular la cuenta del Procrear con su cuenta sueldo. 

La mujer accedió porque le parecía confiable la llamada. Pero cuando intentó ingresar nuevamente a su homebanking se dio con la ingrata sorpresa de que le habían extraído todo el dinero de su cuenta y transferido a otras. Además, consiguieron a su nombre un crédito en el mismo banco. 

La mujer se puso en contacto con la entidad bancaria y realizó el reclamo pertinente, sin embargo, desde octubre del año pasado le descuentan un monto que oscila entre $ 30.000 y $ 40.000 por mes.

En el segundo caso, la víctima fue un hombre. El pasado 6 de abril, intentaba realizar una transferencia en dólares y tuvo problemas parta concretarla, por lo que procedió a contactarse por las redes sociales con el banco. Luego, un sujeto lo llamó por WhatsApp y la víctima accedió a pasarle los datos. Le extrajeron todo el dinero de la cuenta sueldo y lo transfirieron en a terceros. A su vez, obtuvieron un préstamo a nombre de la víctima por $ 350.000.

“Desde el año pasado libramos oficios a los bancos a los fines de solicitar informes sobre los hechos. Enviamos una reiteración de oficio dándoles un plazo de 72 horas y no contestaron. Sin embargo, a las víctimas les siguen cobrando por mes. En uno de estos casos, corresponde a un 75% de su sueldo con el perjuicio que eso le ocasiona a la ciudadana”, comentó el funcionario de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos.

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