Por Federico Türpe
22 Mayo 2021
El Derecho no es una ciencia exacta, por ello se estudia en facultades humanistas, no en academias técnicas ni científicas.
Las leyes no son objetivas, sino que están sujetas a interpretaciones, que como toda interpretación siempre será relativa.
Hasta las más simples, como la prohibición que rige sobre los conductores y peatones de cruzar una calle cuando el semáforo está en rojo. En apariencia es una ley clara: si está encendida la luz roja no se puede pasar, simple.
Sin embargo, ¿si se pone en rojo cuando voy en mitad de la calzada?; o si cambia de color cuando ya estoy sobre la senda peatonal ¿debo frenar y cometer otra infracción (la de detenerse sobre la senda peatonal)?; o si estoy transitando una emergencia, como llevar a un enfermo grave o a una mujer a punto de parir, ¿qué debemos hacer?
Hay ciudades donde ante una emergencia está permitido cruzar en rojo, pero hay otras en que no. Lo mismo para vehículos oficiales, patrulleros o ambulancias. ¿Cómo saber?
¿Y si freno de golpe y me chocan de atrás y provoco un accidente, quizás con víctimas mortales?
Y estamos citando el ejemplo de una de las normas más simples y básicas que nos rigen.
Imaginemos el libre albedrío que se genera frente a leyes más complejas, polémicas, plagadas de excepciones o que no cuentan con demasiada jurisprudencia de dónde aferrarse.
A esto se debe que los mejores abogados suelen ser además los mejores sofistas, en tanto entendemos como sofistas a “los mejores charlatanes”, ya que es una palabra con una etimología amplia, variada y enrevesada, con diferentes significados.
Pero tomamos la más popular de las acepciones de sofismo, que refiere a la capacidad de relativizar y poner en tela de juicio hasta a la verdad más incuestionable, lo mismo que a una teoría, a una idea e incluso a una ley.
Esto no es una opinión, es un hecho. A los juicios los ganan quienes cuentan con los mejores abogados, no quienes tienen razón. A veces puede coincidir que alguien tenga un abogado experto y además le asista la razón, pero no necesariamente ocurre siempre así.
Otra prueba es que las cárceles están repletas de pobres que no pueden costearse una buena defensa. Además de que hay más pobres que ricos, obviamente, y más en países como Argentina.
También podemos probar esto que enunciamos escuchando un debate legislativo, cuando se trata un proyecto de ley. Veremos cuán relativa es una ley y cuán sujeta a miles de interpretaciones está.
Luego de aprobada, su aplicación recaerá sobre la enorme subjetividad de un juez o de un tribunal, con las consecuentes disidencias o coincidencias de las partes (defensa, fiscalía, querella, etcétera).
“Ley pareja no es dura”, formula uno de los refranes más erróneos que existen, partiendo de la base de que ninguna ley es pareja.
Toda norma está atravesada por infinitos tironeos. Además de la riqueza de los disputantes, como ya dijimos, intervienen también el poder público de las partes, los intereses en juego, las consecuencias del fallo o la afectación que una sentencia pueda producir sobre otras leyes, quizás de instancias superiores, como una Constitución nacional, por ejemplo.
Lo público es privado
Entendido esto, resulta sencillo comprender el dictamen de la ministra pública fiscal subrogante, Estela Velia Giffoniello (reemplazante de Edmundo Jiménez, quien está con licencia desde hace más de un año), respecto del amparo que presentó el constitucionalista y ex convencional constituyente de la Nación, Luis Iriarte, para que la Legislatura provincial haga pública la nómina completa de los empleados permanentes y temporarios de cada bloque legislativo y parlamentario, cualquiera sea su denominación (empleados o asesores).
Giffoniello argumentó que la información que solicitaba Iriarte se trataba de “datos sensibles” (“Revés para el pedido de difundir la lista de empleados legislativos”, por Irene Benito, LA GACETA, 20/05/2021).
“El acceso a la información pública está consagrado de manera directa e indirecta como un derecho humano en numerosas convenciones. Es evidente su trascendencia, pero no se trata de un derecho absoluto, sino que su ejercicio puede ser legítimamente restringido pues todos los derechos se deben ejercer según las leyes que reglamenten su ejercicio”, opinó la fiscala.
Luego aclaró, como se consigna en esa misma nota, que como Tucumán carece de una norma local que regule este derecho, había que aplicar “analógicamente” el artículo 8 de la Ley Nacional 27.275, que veda la liberación de la información cuando esta contenga datos personales.
Es similar al argumento que había esgrimido el fiscal de Estado, Federico Nazur.
Es decir, los tres poderes provinciales (Judicial, Legislativo y Ejecutivo) actuaron sincronizados y en sintonía para seguir manteniendo en secreto el oneroso gasto público legislativo, base de la caja electoral que financia a las PyMEs de la política, que son los acoples.
El dictamen de Giffoniello inhabilitaría incluso a la propia Justicia de conocer si la Legislatura está incurriendo, por ejemplo, en el delito de incompatibilidad en la función pública.
Al no poder saber quiénes son sus empleados, tampoco puede saberse si ocupan otros cargos en el Estado, algo que es bastante probable, aunque ahora será improbable.
Resulta curioso que una empresa privada tenga fiscalizada de punta a punta su nómina de empleados (Anses, AFIP, etcétera), su planilla salarial, sus aportes sociales, entre mucha otra información “sensible” de sus ingresos y egresos, mientras que el sector público, que administra dinero de los contribuyentes, puede mantener sus asientos contables en secreto.
Aquella noche…
El viernes 30 de septiembre de 2016 hubo cena, baile y humor en el patio trasero de la Casa Histórica. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) realizaba su 54 asamblea anual ordinaria y había elegido a Tucumán como sede, en el marco del Bicentenario de la Independencia.
Luego de bailar “Oh Carol”, exultante con Neil Sedaka, el gobernador Juan Manzur, que hacía tiempo había enterrado para siempre al kirchnerismo y a su líder, Cristina Fernández, dirigió un discurso ante las máximas autoridades periodísticas argentinas.
Manzur dijo que el Bicentenario inauguraba una nueva etapa en la vida democrática de la República y de la Provincia y que se iniciaba un ciclo de diálogo y tolerancia.
Con voz enfática y firme, esforzado por sonar convincente, hizo esa noche dos promesas trascendentales. Una fue que iniciaría cuanto antes una reforma política y electoral, para que no se repitieran nunca más los escándalos de las elecciones de 2015. La otra consistió en que enviaría de inmediato a la Legislatura un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública. Lo aplaudieron de pie.
Una Ley de Acceso a la Información Pública representaba el fin de la discrecionalidad política en el Estado. El fin de las valijas repletas de dinero en la Legislatura. Del nepotismo alevoso -con nombramientos obscenos de familiares, amantes y amigos-. De las leyes y los decretos traficados por debajo de la mesa. De las licitaciones y contrataciones truchas. De los nombramientos de jueces y fiscales amigos (o socios). De los presupuestos insondables. Y de los gastos injustificados y secretos.
El primer encomendado para cumplir con esta patriada fue el legislador Guillermo Gassenbauer, hijo de Jorge Gassenbauer, ex ministro de Seguridad y mano derecha e izquierda de José Alperovich. Eran otros tiempos.
El proyecto que elaboró Gassenbauer era casi una copia de la ley que rige en el Estado nacional, la cual permitió destapar muchas irregularidades.
Implicaba la creación de una agencia, con autonomía administrativa y presupuestaria, que nucleara y distribuyera toda la información pública estatal.
A Manzur le pareció demasiado oneroso este proyecto -al menos ese fue el pretexto en ese momento- y ordenó hacer otro que no implicara contratar más gente ni gastar tanto dinero.
La tarea recayó sobre el entonces secretario general de la Gobernación, Pablo Yedlin, ya que además esta oficina no sería autónoma, sino que dependería presupuestariamente de esa Secretaría, que a su vez está subordinada directa y solamente a la Gobernación.
“No hicimos el mejor proyecto, hicimos el posible”, explicó uno de los especialistas que trabajó en el texto. Contó que la tarea que les ordenó Yedlin fue que la ley fuera “aprobable” y que para eso debía implicar el menor gasto posible.
“Toda persona humana o jurídica tiene derecho de acceso a la información pública que comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia de los sujetos obligados por la presente ley, con las únicas limitaciones y excepciones que establece esta norma”, reza el artículo 2° del proyecto.
En el artículo 4° se aclara: “Se entiende por información pública a todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato, que los sujetos obligados en la presente ley obtengan, transformen, controlen o custodien, o cuya producción haya sido financiada total o parcialmente por el erario público, o que sirva de base para una decisión de naturaleza administrativa, independientemente de su forma, soporte, origen, fecha de creación o carácter oficial”.
Y en el artículo 9° se describe quiénes son los sujetos que serán alcanzados por la ley y allí se mencionan a los tres poderes del Estado, incluido el Ministerio Público Fiscal, al Tribunal de Cuentas, al Consejo de la Magistratura, a la Defensoría del Pueblo, y las empresas y sociedades del Estado, sociedades de economía mixta o aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.
La ley también abarca a los concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos o a quienes se les haya concedido el uso o explotación de bienes del dominio público; contratistas, prestadores y prestatarios bajo cualquier otra forma o modalidad contractual; personas humanas o jurídicas a las que la Provincia les haya otorgado fondos públicos o hayan recibido un subsidio o aporte proveniente del Estado de manera directa o indirecta; a los fideicomisos que se constituyeren con recursos o bienes del Estado; y finalmente a las entidades con las que el Estado celebre convenios de cooperación técnica o financiera.
Un final conocido
Cuentan que cuando el borrador de Yedlin llegó a la Legislatura, lo último que un testigo escuchó fue: “¿Ustedes están locos? ¿Quieren que vayamos todos presos?”.
Pasaron casi cinco años de esa noche primaveral de entendimiento entre Manzur y los medios argentinos y ambos proyectos, el de acceso a la información y el de la reforma electoral hoy engrosan la larga lista manzurista de promesas incumplidas.
Y así llegaron las elecciones de 2019, sin transparencia y con el mismo sistema electoral de 2015. Y así serán las de este año y las próximas...
Dicen que el proyecto de Ley de Información Pública y Transparencia, así se llama, se enmohece en un cajón con llave de la presidencia de la Legislatura, mientras continúan los nombramientos ocultos en los tres poderes.
Es como argumentó la ministra pública fiscal subrogante, es por el bien de todos los tucumanos, porque “son datos sensibles”.
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