Época de cosecha

La presión impositiva da sus frutos y el comportamiento de la recaudación nacional de impuestos es una clara muestra de que se vienen tiempos de buena cosecha fiscal. En abril, las transferencias de fondos coparticipables han mejorado más de un 100% en términos nominales respecto de igual mes del año pasado. La suba real (que surge de descontar de los ingresos el impacto inflacionario del período) ha sido cercana al 37%.

La tranquilidad financiera se percibe en Tucumán. Durante los primeros tres meses del año, la provincia ha sido beneficiada con un desembolso promedio de $ 10.000 millones mensuales y, el mes pasado, esa suma superó los $ 12.000 millones. De esta manera, la gestión del gobernador Juan Manzur no tuvo que salir a pedir prestado dinero federal.

Las compensaciones de viejos acuerdos por el Consenso Fiscal y la mayor carga sobre Ganancias y sobre Bienes Personales favorecieron el horizonte financiero de las provincias, salvo para el caso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un distrito al que la administración del presidente Alberto Fernández le restó fondos por servicios. Córdoba, Santa Fe y San Luis asoman como los distritos más beneficiados en el reparto. Desde fines de 2015, reciben esos fondos coparticipables plenos por haber accionado contra el Estado Nacional, argumentando que la Casa Rosada le giraba menos fondos que lo acordado originalmente. Ese es el beneficio de cierta independencia política y financiera respecto del poder de turno

Mayo y junio suelen ser meses de holgura financiera. Independientemente de los gastos que ocasiona una pandemia como la de la Covid-19, los gobernadores tendrán la posibilidad de administrar más recursos y, por ejemplo, sacarse de la preocupación constante de juntar dinero para pagar los sueldos de los agentes públicos que, en el caso de Tucumán, la planilla salarial bruta (incluyendo aportes) es equivalente a las transferencias de fondos coparticipables.

Pese a las restricciones en la atención al público, a la Dirección General de Rentas no le ha ido tan mal durante el primer trimestre en materia de recaudación de impuestos. El promedio mensual de ingresos ha sido cercano a los $ 4.000 millones con un incremento interanual del 60%. El efecto de los planes de facilidades de pago explica una parte de esta performance recaudatoria. Otra parte importante está dada por el reajuste en las alícuotas de Ingresos Brutos. El sector privado ha pegado el grito en el cielo y las cámaras que representan a los empresarios vienen reclamando que el fisco deje de ahogar a las PyME y a los contribuyentes en general frente a la acumulación de deudas producto de la falta de ventas y de las restricciones para ejercer la actividad en pandemia. “No hay comprensión del mismo Estado que te pide que te cuides”; “Si quieren le entrego las llaves del local y vean lo que se siente intentar mantenerlo a flote con tantas obligaciones que hay que cumplir, mientras la caja está sin dinero”; “¿Cómo es posible que Rentas mande a sus abogados a intimar a los clientes sin siquiera tener en cuenta la realidad?”; “Está claro que aquí sólo se quiere recaudar para financiar la campaña proselitista que se viene”. Estas son una serie de frases que se escuchan en las charlas con los empresarios pequeños, medianos y grandes. Nadie puede escapar a semejante telaraña impositiva. Frente a esa situación, la FET y el Colegio de Graduados en Ciencias Económicos pidieron a las autoridades que analicen el cuadro de situación; contemplen la realidad del sector privado y promuevan medidas que tienen a permitir que los deudores regularicen, con una mayor flexibilidad, las obligaciones tributarias. En el Ministerio de Economía creen que es atendible el planteo, pero señalan que no puede haber quita total de intereses y de multas porque, de otro modo, se trataría lisa y llanamente de una moratoria. En Rentas advierten que sólo se intenta recuperar parte de la incuantificada deuda global que los contribuyentes acumularon a lo largo de los últimos años. Pero la decisión política sigue siendo de la Casa de Gobierno. En la actualidad, cualquier norma que tienda al restablecimiento del viejo Plan de Facilidades de Pagos de Obligaciones impositivas u otros regímenes que prevean otras condiciones requeriría de un proyecto de ley que, necesariamente, debe pasar por la Legislatura. Si las autoridades de turno siguen jugando a las internas, ¿qué posibilidades que una iniciativa de esta naturaleza prospere en el corto plazo? Esa es la pregunta que se hacen empresarios, contadores y contribuyentes en general.

Los impuestos deben volver en obras, dice una máxima de gestión y el eslogan de los políticos. Las tasas deben contribuir a las prestaciones de servicios. Las moratorias causan asimetrías entre el buen contribuyente, que no recibe grandes bonificaciones estatales por su conducta fiscal, y aquellos que suelen aprovechar de los planes de pago para renovar compromisos. Hoy el Estado goza de buena salud financiera, al menos hasta el cierre del primer semestre, según proyectan los funcionarios del Ministerio de Economía. Pero, ¿cuándo será el momento para rediscutir la presión fiscal de tal manera de hacer de Tucumán un lugar con buen clima para las inversiones? Más pronto que tarde, las autoridades tendrán que evaluar este escenario para no seguir padeciendo los vaivenes de un país que vive de crisis en crisis.