Hacen falta 30.000 nuevas viviendas para solucionar el déficit habitacional - LA GACETA Tucumán

Hacen falta 30.000 nuevas viviendas para solucionar el déficit habitacional

Los programas actuales del IPV beneficiarían a 3.000 familias, en su mayoría de clase media. Siguen los reproches mutuos entre peronistas y macristas por la obra pública en la gestión nacional anterior.

07 Dic 2020 Por Hernán Miranda
1

NECESIDAD DE VIVIENDAS. Persisten los cruces entre oficialistas y opositores por la obra pública.

Hasta el mes pasado, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación solo había ejecutado el 56% de su presupuesto y colaborado así con apenas el 0,5% del gasto total, según la Oficina Nacional de Presupuesto. Pero aun si no hubiera existido esta subejecución, que ya le costó el cargo a la ex ministra María Eugenia Bielsa, este año el Gobierno nacional no le habría dedicado mucho más del 1 % de sus recursos al déficit habitacional en un país donde más de 3 millones de personas son ocupantes y cerca de la mitad de los hogares no accede a algún servicio público, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.

Mientras tanto, en la provincia hacen falta 30.000 nuevas viviendas para solucionar esta demanda social, según el presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción, Jorge Garber. “El problema principal -advirtió- es que la Argentina no tiene un sistema financiero que permita acceder a créditos hipotecarios. Por eso las personas de clase media terminan en las viviendas sociales, que deberían ser para las que están en situaciones de pobreza e indigencia, y las familias más carenciadas se instalan de manera precaria en terrenos fiscales”.

Los recursos del IPV

La interventora del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Stella Maris Córdoba, admitió que en Tucumán ya existía un déficit habitacional antes de la presidencia de Mauricio Macri, pero denunció que la situación empeoró durante los cuatro años en que el peronismo fue oposición nacional: “si bien es cierto que había un problema acumulativo por el crecimiento demográfico, desde 2015 se agravó muchísimo porque los fondos para vivienda disminuyeron en una enorme proporción. La obra pública pasa por los recursos; si no nos los envían, no podemos aplicarlos a la política de vivienda”.

Sin embargo, José Ascárate, ex subsecretario de Infraestructura del Plan Belgrano y hoy único integrante opositor de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, negó estas acusaciones y aseguró que su gestión destinó $ 400 millones a políticas de hábitat en Tucumán. “Hay viviendas que ya estaban hechas en diciembre de 2019 y que ahora ellos inauguraron como propias y cantando contra nosotros, cuando lo cierto es que solo faltaban los detalles de entrega porque ellos no se ajustaban a condiciones transparentes de adjudicación”, protestó.

De hecho, en octubre LA GACETA publicó imágenes satelitales que prueban parte de estas afirmaciones de Ascárate: el Gobierno de Macri edificó entre 2015 y 2019 las casas que Juan Manzur entregó a principios de ese mes en Lomas de Tafí. En esa inauguración, el gobernador y el intendente Javier Noguera acusaron de inacción al macrismo. Entonces, consultado por este diario, el ex secretario nacional de Vivienda Iván Kerr, que ocupó el puesto entre 2017 y 2019, pasó por alto las declaraciones de Noguera y Manzur (“son chicanas políticas”, desdeñó) y afirmó que Tucumán había recibido el dinero para soluciones habitacionales que le correspondía, si bien sí reconoció la ralentización de las obras por variaciones en los precios de los materiales.

El trabajo del IPV

En todo caso, según Córdoba, en el momento de la asunción de Alberto Fernández la Nación le debía a la Provincia $ 1.000 millones del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi). Desde entonces, el Gobierno nacional saldó $ 200 millones. Con este dinero, más recursos provinciales, hoy están en marcha soluciones habitacionales que, si el IPV finalizara y entregara, beneficiarían a alrededor de 3.000 familias (el 10 % de las necesitadas). “Hay cuatro proyectos, de 100 viviendas cada uno, afrontados solo con dinero de la Provincia, mientras que los demás, como el de 500 viviendas en Las Talitas, se basan en acuerdos firmados con los sucesivos Gobiernos nacionales”, resumió la interventora.

Por su parte, Garber lamentó que en 2020 no haya existido un plan director de vivienda social en el país y le atribuyó esta desatención a la emergencia causada por el coronavirus. “Este año es muy difícil de evaluar porque ha sido muy atípico a causa de la pandemia -consideró-. Nosotros habíamos puesto muchas expectativas en el plan que había trazado el IPV para el inicio de obras y la entrega de viviendas, pero los programas quedaron desfasados por la cuarentena y porque a nivel nacional había un ministerio que no funcionaba. Lo cierto es que recién ahora vamos a comenzar con lo que debería haber empezado en abril y que recién en enero vamos a entregar lo que deberíamos haber otorgado en julio”.

La política nacional

A pesar de estos retrasos, el presidente de la industria de la construcción ya depositó su confianza en el nuevo titular de la cartera nacional de Hábitat, Jorge Ferraresi: “tiene la intención de generar un gran plan de viviendas sociales en las periferias de los centros urbanos, porque el gran problema que tienen las ciudades es que no dan abasto ni en hogares ni en infraestructura. Esa es la política que estamos esperando para que sea el motor de la economía de Tucumán”.

Entretanto, Córdoba explicó con más detalle cuál será el programa de Ferraresi: las ideas básicas son acelerar los procesos y devolverles autonomía a las provincias en el diseño de los planes de vivienda. “El ministro resumió todo en dos conceptos: una política más federal, con mayor respeto a lo que necesita cada provincia, y un trabajo más ágil en los trámites de certificación de las obras, para que avancen a un ritmo más rápido. Ferraresi también ya nos habló de una ley de emergencia habitacional para que haya mayores recursos para vivienda”, anticipó.

Entregas transparentes

El 12 de julio de 2017, el programa “Panorama tucumano”, de LG Play, reveló presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas sociales. Por ese entonces el interventor del IPV era Gustavo Durán, hoy fallecido. La investigación periodística derivó en una causa judicial, la detención de dos ex funcionarios del instituto y, por fin, la asunción de Córdoba en reemplazo de Noemí Ferrioli. Esta última retornó a su antiguo cargo de subinterventora a pesar de haber estado ligada a Durán durante una década.

Consultada acerca de cómo garantiza hoy el IPV la adjudicación regular de las viviendas, la interventora explicó que detrás de la mayoría de los nuevos barrios hay convenios con sindicatos y que cada acuerdo establece las normas de elección de los beneficiarios. “Hacemos todo según la reglamentación -aseveró-. En el caso de que esté implicada una asociación intermedia, ella eleva un listado y nosotros hacemos un sorteo para decidir la adjudicación. Ese sorteo después pasa por un doble control: el primero es provincial y el segundo, nacional. Si en esos controles la persona no tiene objeciones, pasa a ser la adjudicataria. No todos los barrios están bajo exactamente el mismo régimen, pero en todos los casos el sistema es transparente”.

Hipotecas y usurpaciones

En Las Talitas, el IPV está por terminar 140 casas para la Asociación Gremial de Empleados Judiciales. Así, a pesar de que la mayoría de ellos cobra sueldos por encima del promedio, muchos trabajadores del Poder Judicial podrán acceder a viviendas sociales. Al comienzo de este reportaje, Garber alertó sobre lo difícil que les resulta a los ciudadanos de clase media calificar para un crédito hipotecario. También Ascárate llamó la atención sobre este problema: “en cualquier otro país, uno saca un crédito bancario y lo paga en cuotas fijas a 20 años. Pero en la Argentina la volatilidad del sistema monetario hace imposible la planificación de hipotecas. Es lo que pasó con los créditos en UVA (unidades de valor adquisitivo)”. Del otro lado de la puerta cerrada del sistema hipotecario están, como ya transmitió Garber, los indigentes que usurpan terrenos. Córdoba informó que la Provincia busca una solución para el drama de muchas familias y el reclamo de muchos propietarios. “Estamos trabajando para firmar un convenio con el ministro (Gabriel) Katopodis y proveerles infraestructura básica a varios miles de lotes. Será una manera de adelantarnos al problema. Creemos que lo que debemos hacer desde el Estado es invertir en lotes con servicio para al menos darles una reparación transitoria a aquellos que no pueden acceder a una vivienda”, transmitió.

Comentarios