Encrucijadas

¿Qué se puede hacer cuando los caminos se bifurcan? ¿Cuál es la postura que hay que asumir si la Nación define una política, pero algún gobernador se opone a esa idea y, naturalmente, queda en off side frente a la Casa Rosada? ¿Hay posibilidades de atender a la comunidad de trabajadores esenciales que todo lo han dado durante la pandemia y hoy reclaman un reconocimiento económico, más allá de lo social? ¿Cómo cerrar un año que ha sido deficitario por el arrastre de problemas económicos, sumado a la crisis sanitaria? ¿Cómo explicar la continuidad del distanciamiento social cuando no se predica con el ejemplo? ¿Hay un plan para mitigar los efectos de una caída de salarios en medio de tantos reajustes de precios?

Demasiados interrogantes abiertos en el momento del balance anual de todo gobernante. Juan Manzur tiene sus encrucijadas. Está siendo observado, muy atentamente, desde Buenos Aires sobre un tema espinoso a todas luces a partir de que, hace poco más de dos años, ha promovido que Tucumán sea una provincia provida. En aquel momento, se consideró que era necesario, “como política de Estado, la defensa de la vida desde el momento de la concepción en el vientre materno hasta su muerte natural”. Ayer, en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, el ministro de Salud Pública, Ginés González García, defendió el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo y argumentó que “se trata de justicia social, porque la que puede abortar en un lugar seguro, lo hace, con dolor, pero lo resuelve, mientras que las más débiles no lo resuelven o a veces lo hacen con muerte”. “El Presidente recoge con esto una lucha histórica de miles de mujeres que nos precedieron”, dijo por su parte, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, al referirse a la postura de Alberto Fernández, tanto al inaugurar el período ordinario de sesiones del Congreso, como a las promesas de la campaña electoral que lo convirtieron en jefe de Estado. Manzur choca contra esa realidad. Y le cuesta hablar públicamente sobre el tema. Si lo hace, apelará a las evasivas para no inquietar al poder que le da oxígeno financiero. Manzur mantiene su postura contra el aborto, pero también se encuentra bajo el ojo de la tormenta kirchnerista que le pide una prueba de amor antes de reconstituir la relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Vamos a cumplir con lo que dice la ley”, cuentan que expresó el mandatario provincial, mientras observaba el avance de la iniciativa oficial en el Congreso. Lo que no especifica es cuál ley: si la de 2018, que declaró a Tucumán provida, o si la norma que puede llegar a ser sancionada en el Parlamento, respecto de la IVE.

La segunda cuestión que desvela al gobernador es el de los ingresos. La presión sindical es cada vez mayor. Los gremialistas que supieron acompañar al mandatario en cada acto político hoy están sintiendo, también, el reclamo de las bases. Los trabajadores reclaman una recomposición salarial tomando en cuenta que los precios de los principales productos de la canasta familiar han subido entre un 15% y un 30%. La nafta no se ha quedado estancada en las pizarras; las tarifas de los servicios públicos privatizados se descongelarán a fines de mes, y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) corroboró que, hasta septiembre, los salarios continuaron subiendo por las escaleras, mientras que la inflación lo hace por el ascensor, aún cuando se desaceleró por la pandemia. El índice de salarios, medido por el organismo estadístico, registró un incremento acumulado del 21,5% en los primeros nueve meses de este año, mientras que los precios treparon un 26,9% en el mismo período. En consecuencia, la caída del salario real ha sido del 5,6%. Ese es el argumento para pedir un bono estatal de fin de año o un paliativo no remunerativo. En el Gobierno tucumano contestan que no hay fondos y que llegan con lo justo hasta fines de año, con la ayuda financiera de la Nación. Ni siquiera se prevé, por el momento, una recomposición para el personal esencial, médicos, terapistas, bioquímicos, enfermeras, administrativos, técnicos, personal de mantenimiento y de limpieza que han venido poniéndole el pecho a una pandemia que aún no encuentra salida y en la que, muchos de ellos, se infectaron con el virus de la covid-19. San Juan, por ejemplo, ha otorgado un bono navideño, en dos partes, a los estatales de esa provincia, mientras que se abonará un plus adicional al personal esencial que trabajó en pandemia. Santiago del Estero, en tanto, pagará $ 34.000 mensuales por agente y en dos partes, y, desde febrero, el salario básico en esa provincia subirá un 47%.

En Tucumán, Manzur y sus colaboradores se atajan diciendo que, al menos en dos terceras partes de las jurisdicciones provinciales hay problemas para cancelar las obligaciones salariales y que, con mucho esfuerzo, la provincia viene pagando, en tiempo y en forma, los sueldos a los 110.000 empleados públicos. Los reclamos de las centrales obreras por un bono de fin de año proliferan en la amplia geografía del país. De hecho, al gobernador ya le llegaron varias notas en tal sentido, sin que se haya respondido definitivamente sobre los planteos. En el horizonte financiero tucumano hay otro tema sin resolución y que también puede marcar la agenda del verano: qué hacer con la cláusula gatillo. Las respuestas parecen obvias, pero 2021 está bajo el signo de las elecciones, donde todo se negocia y en el que el gobernante intenta bajar la conflictividad para no perder terreno en el camino hacia las urnas.