“La doble sentenciosa”

El camino del descrédito institucional está plagado de señales contradictorias, y de soluciones a la carta o según la cara del cliente. “Trucumán” se hunde cada vez más en ese caos. Por donde se mire aparecen las inconsistencias y la manipulación de la ley. Ni siquiera se salvó de ello el nuevo Código Procesal Penal presentado por la Corte Suprema y el oficialismo como la solución al cataclismo de la impunidad. Tras casi 50 días de su implementación general, ha vuelto a quedar a la vista que modificar la cultura oscurantista requiere más que legislar. Algunos fiscales ya han dado muestras de que seguirán apegados al secretismo cuando de los poderosos se trate. Daniel Leguizamón, titular de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, es un ejemplo. Este no sólo consideró que el bloqueo de la ciudad por parte de los colectiveros carecía de impacto social, sino que, siguiendo la misma lógica de la privatización del conflicto, impidió el ingreso a la prensa a la conciliación del 15 de octubre. Tácitamente, Leguizamón, que representa a la sociedad en la Justicia, transmitió su desinterés en investigar la comisión de posibles delitos atribuidos a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y al sindicalista César González. Esto sucedió pese a que el artículo 27 excluye en forma expresa a los casos de interés público de las salidas alternativas al juicio oral. Lo opuesto ocurrió el 1 de septiembre cuando, en la primera audiencia de la reforma, el fiscal Carlos Picón no tuvo empacho de dar la máxima publicidad al joven adicto Gastón Roldán atrapado mientras huía con herramientas sustraídas de un campo, quien terminó acordando con la víctima el pago de $5.000 a modo de reparación. González la sacó muchísimo más barata. El secretario general no sólo no dio la cara ante la comunidad a la que UTA había agredido con su protesta, sino que zafó del proceso con un mero pedido de disculpas y el compromiso de “no hacerlo más”.

Pobre “nuevo Código”: duró un segundo la esperanza de que con él acabaría la desigualdad ante la ley penal que implica un sistema que se ceba con los marginales y que blinda a los corruptos. Esta vara con diferentes intensidades para los “chaschás” judiciales tiene su correlato en la salud, la seguridad, la educación y el goce del resto de los derechos humanos. Y en la existencia de un sector inmune a la autoridad de las normas, como apunta el jurista Andrés Rosler. El caso del vocal de la Corte de Tucumán, Daniel Leiva, despliega con lujo de detalles -y en tiempo real- cómo funciona ese mecanismo. A esta altura una abstracción del plástico Joan Miró tiene más sentido que la esquizofrenia de la comisión de Juicio Político de la Legislatura y del oficialismo respecto de la remanida crítica a la “puerta giratoria” de la Justicia, que Leiva estimuló ni bien supo que el juez Enrique Pedicone lo había denunciado por tratar de influir en su fallo respecto del legislador Ricardo Bussi. Los mismos parlamentarios que libraron al vocal de cualquier sospecha de mal desempeño y que se sensibilizaron con las víctimas-denunciantes del “portero” Pedicone a la semana siguiente recordaron que los magistrados no pueden ser perseguidos por sus sentencias al descartar la expulsión de seis jueces acusados de dilatar el juzgamiento y beneficiar con la libertad a uno de los supuestos homicidas de Ana Dominé. Lo más divertido es que, al parecer, los representantes del pueblo están orgullosos de sus incoherencias. Todo sea por “degollar” a Pedicone, el “traidor” que presentó grabaciones que denotan la ausencia de independencia judicial. El mensaje debe ser escrito de la manera más brutal posible para que a ningún otro juez le queden dudas del patíbulo que le aguarda si enfrenta a los que mandan.

Hasta los procederes de los magistrados respecto de los pedidos de apartamiento está teñida por la norma del “hago-lo-que-se-me-canta-que-para-eso-tengo-poder”. Mientras Leiva armó avioncitos con las exhortaciones reiteradas de los abogados para que se retirara del cargo mientras es investigado por la propia institución que conduce, el vocal decano Antonio Estofán hizo constar en una acordada que él no iba a intervenir en las actuaciones que lo cuestionan. Lo más cómico es que Leiva aceptó la excusación de Estofán: “acorde” a esa postura desentendida de las propias impugnaciones, antes había formado la mayoría que ratificó una decisión administrativa contraria a su denunciante Pedicone. Pero como la norma del “hago-lo-que-se-me-canta” es amplia, el miércoles Leiva optó directamente por no firmar la denegación de la licencia extraordinaria que había solicitado Pedicone para evitar que su trabajo quedara contaminado por las tensiones en las que está sumergido y que atañen a los tres poderes del Estado, aunque el gobernador Juan Manzur juegue al quedo mientras el vicegobernador Osvaldo Jaldo pone el cuerpo al desmadre.

Este desplome trágico de institucionalidad en bucle no tiene parangón en el país, según el bonaerense José Luis Lassalle, presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, foro donde por cierto se ventilan los ataques a la república y a la imparcialidad de la Justicia detectados en las provincias y en el nivel federal. Aquí pretenden hacer de cuenta que nada pasara, al decir de Carlos Casal, vicepresidente del Colegio de la capital. El legislador-gremialista bancario Eduardo Bourlé auguró que a la denuncia de Pedicone la tapará el olvido: la parsimonia de quienes han de esclarecerla en el propio sistema judicial corrobora esa hipótesis. Es un tortuguismo que también sufren Leiva y su defensor Esteban Jerez: cuatro jueces se quitaron de taquito la denuncia por supuesta extorsión que aquellos interpusieron contra el candidato a juez y a querellante Carlos Díaz Lannes. Se suponía que estas inhibiciones en cadena ya no podían ocurrir con el nuevo “Código”, pero qué más da. Como dice un príncipe del foro, la realidad “trucumana” siempre termina actualizando la letra de la composición de Alfredo Ábalos: “el derecho ha sido escrito por hombres inteligentes / muy capaces y conscientes de las leyes y respetables / que han perdonado a culpables y condenado a inocentes”. “La doble sentenciosa” se titula esta chacarera que recuerda que “siempre los peces grandes se comen a los más chicos”.